Documentos - Jurisprudencia


TSJ avala decisión del diputado Diosdado Cabello de despojar a María Corina Machado de su investidura parlamentaria
La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia Nº 207 del 31 de marzo de 2014, se pronunció, en ponencia conjunta, sobre la pérdida de la investidura de la diputada María Corina Machado a raíz de un recurso de protección de intereses colectivos ejercido contra el diputado Diosdado Cabello ante lo que consideraron los demandantes una vía de hecho al despojar el diputado de la investidura parlamentaría a la diputada Machado. En tal sentido, la Sala interpretó el sentido y alcance del Artículo 191 de la Constitución que fue utilizado por el diputado Diosdado Cabello como argumento para destituir a la diputada. El tribunal argumentó que "la aplicación de la consecuencia jurídica prevista en el referido artículo 191, opera de pleno derecho, ante la aceptación de una representación alterna de un país, indistintamente a su tiempo de duración, ante un órgano internacional por parte de la ciudadana María Corina Machado, quien estaba desempeñando su cargo de diputada a la Asamblea Nacional, lo cual constituye una actividad incompatible durante la vigencia de su función legislativa en el período para el cual fue electa, pues esa función diplomática no solo va en desmedro de la función legislativa para la cual fue previamente electo o electa, sino en franca contradicción con los deberes como venezolana, artículo 130 constitucional, y como Diputada a la Asamblea Nacional, artículo 201 eiusdem". Asimismo, indicó que "las incompatibilidades para los diputados y diputadas de la Asamblea Nacional, tienen como finalidad evitar actuaciones contrarias a la ética y a los principios de soberanía, independencia, autodeterminación, responsabilidad social, paz internacional, justicia, entre otros, por ser éstos, base fundamental del Estado venezolano". A continuación se adjunta el texto de la Sentencia.

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Negada apelación solicitada por abogados de Leopoldo López
La Sala Tres de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de Caracas en sentencia del 27 de marzo de 2014, declaró sin lugar un recurso de apelación interpuesto por la defensa de Leopoldo López contra la decisión dictada por el Tribunal 16 en funciones de Control de Caracas. La Sala 3 de la Corte de Apelación, mantuvo los delitos de incendio intencional, instigación pública, daños y asociación para delinquir que se le imputaron a López. Asimismo, mantuvo como sitio de reclusión el Centro Nacional de Procesados Militares (Cenapromil) de Ramo Verde. A continuación se adjunta una nota de prensa con información relevante sobre el tema.

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Detenido y cesa de sus funciones el Alcalde Daniel Ceballos
La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en ponencia conjunta del 25 de marzo de 2014, declaró el desacato al mandamiento del amparo constitucional cautelar dictado mediante la sentencia N° 135 del 12 de marzo en el que, a criterio de la Sala, incurrieron los alcaldes Gerardo Blyde y David Smolansky, criterio que con efectos extensivos se aplicó al alcalde del municipio San Cristóbal del estado Táchira Daniel Ceballos de acuerdo a la Sentencia Nº 137 del 17 de marzo de 2014. En ese sentido, la Sala decidió sancionar al alcalde con "12 meses de prisión, más las accesorias de Ley, por el referido desacato, de conformidad con lo establecido en el artículo 31 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales". Asimismo, y de acuerdo a la Sala "cesa en el ejercicio del cargo de alcalde del municipio San Cristóbal del estado Táchira". La sentencia no fue publicada por el Tribunal Supremo de Justicia. A continuación se adjunta una nota de prensa con información relevante sobre el tema.

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Convocan a audiencia al Alcalde de San Cristobal Daniel Ceballos
La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia N° 150 del 20 de marzo de 2014, acordó convocar al alcalde del municipio San Cristóbal del estado Táchira, Daniel Ceballos, a una audiencia para que exponga los argumentos en su defensa ante el presunto incumplimiento de lo dispuesto en la sentencia N° 135 del 12 de marzo, cuyos efectos se extienden al Alcalde Ceballos de acuerdo a la sentencia Nº 137 del 17 de marzo, en la que se ordenó a los alcaldes Blyde y Smolansky evitar el cierre de vías y violencia. La sentencia N° 135 ordena, entre otras cosas, "que dentro del marco jurídico que lo rige, y en el ámbito territorial que abarca el municipio en el cual ejerce sus competencias se realicen todas las acciones y utilicen los recursos materiales y humanos necesarios, en el marco de la Constitución y la Ley, a fin de evitar que se coloquen obstáculos en la vía pública que impidan, perjudiquen o alteren el libre tránsito de las personas y vehículos". A continuación se adjunta el texto de la sentencia.

Texto de la Sentencia
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Detenido y cesa en sus funciones el Alcalde Vicencio Scarano
La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en ponencia conjunta del 19 de marzo de 2014, declaró el desacato al mandamiento del amparo cautelar dictado mediante la sentencia N° 136 del 12 de marzo en el que, de acuerdo a la Sala, incurrieron los ciudadanos Vicencio Scarano Spisso y Salvatore Lucchese Scaletta. En tal sentido, la Sala sancionó "a los referidos ciudadanos a cumplir diez meses y quince días de prisión, más las accesorias de Ley (...) además, Vicencio Scarano Spisso cesa en el ejercicio de sus funciones en el cargo de alcalde del municipio San Diego del estado Carabobo". El ahora ex Alcalde y el director de la Policía Municipal quedaron a la orden del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) "hasta tanto un juez de primera instancia en funciones de ejecución determine el sitio definitivo de reclusión". La sentencia no fue publicada por el Tribunal Supremo de Justicia. A continuación se adjunta una nota de prensa con información relevante sobre el tema.

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TSJ convoca a audiencia oral a Alcalde Vicencio Scarano y ordena a otros alcaldes evitar el cierre de vías y violencia
La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencias N° 137 y 138 del 17 de marzo de 2014, acordó convocar al alcalde del Municipio San Diego del estado Carabobo, Vicencio Scarano Spisso y a Salvatore Lucchese Scaletta, director general de la Policía del mismo municipio, a una audiencia pública para que "expliquen el presunto incumplimiento de la decisión N° 136 del 12 de marzo del presente año, mediante la cual se les ordena que dentro del marco jurídico que lo rige, y en el ámbito territorial que abarca el municipio en el cual ejerce sus competencias realicen todas las acciones y utilicen los recursos materiales y humanos necesarios, en el marco de la Constitución y la Ley, a fin de evitar que se coloquen obstáculos en la vía pública que impidan, perjudiquen o alteren el libre tránsito de las personas y vehículos". Asimismo, indicó la Sala que, por vía de extensión, se decide aplicar la misma medida de los Alcaldes Gerardo Blyde y David Smolansky a los Alcaldes Ramón Muchacho, del municipio Chacao, Eveling Trejo de Rosales del municipio Maracaibo, Daniel Ceballos del municipio San Cristóbal y a Gustavo Marcano del municipio Diego Bautista Urbaneja del estado Anzoátegui. El tribunal agregó que "los alcaldes a quienes se sancionan son de los municipios donde presuntamente se han cometido mayor número de hechos delictivos como homicidios, destrucción de organismos públicos y privados, destrucción del ambiente, incendio de vehículos y cierre de vías, desde que se iniciaron las manifestaciones violentas en el país". A continuación se adjunta el texto de las Sentencias.

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Ordenan al Alcalde Vicencio Scarano evitar el cierre de vías y violencia
La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia N° 136 del 12 de marzo de 2014, admitió una demanda de protección de intereses colectivos contra el alcalde del municipio San Diego del estado Carabobo, Vicencio Scarano Spisso y el director general de la Policía Municipal de esa jurisdicción, Salvatore Lucchese Scaletta. Los accionantes alegaron que los demandados "han omitido desplegar las acciones para prevenir desordenes públicos en ese Municipio, lo que ha generado que personas violentas cierren vías, con lo cual se vulneran sus derechos, entre ellos, a transitar libremente, a la vida, a gozar de seguridad alimentaria y contar con un adecuado abastecimiento de productos". En tal sentido, la Sala ordenó "realizar las acciones y utilizar los recursos materiales y humanos necesarios, en el marco de la Constitución y la Ley, para evitar que se coloquen obstáculos en la vía pública que impidan, perjudiquen o alteren el libre tránsito de las personas y vehículos en el municipio". Asimismo, ordenó que "se proceda a la inmediata remoción de tales obstáculos y se mantengan las rutas y zonas adyacentes a éstas libres de basura, residuos y escombros, así como de cualquier otro elemento que pueda ser utilizado para obstaculizar la vialidad urbana y, en fin, se evite la obstrucción de las vías públicas de ese municipio". La sentencia subrayó que el Alcalde "cumpla con su deber de ordenación del tránsito de vehículos y personas a fin de garantizar un adecuado y seguro desplazamiento por las vías públicas de su municipio y que vele por la protección del ambiente y el saneamiento ambiental, aseo urbano y domiciliario". A continuación se adjunta el texto de la sentencia.

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Ordenan a los alcaldes de Baruta y El Hatillo evitar la colocación de obstáculos en la vía pública
La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia N° 135 del 12 de marzo de 2014, admitió una demanda de protección de derechos colectivos cuya pretensión fue impedir que grupos de personas tranquen calles con barricadas vulnerando derechos como el tránsito, al trabajo, a la educación, a la salud, a la familia y a la seguridad personal, contra los los alcaldes de los municipios Baruta y El Hatillo, Gerardo Blyde y David Smolansky. A raíz de dicha demanda la Sala acordó un amparo cautelar con el cual "se ordena a ambos alcaldes que dentro de los municipios en los cuales ejercen sus competencias, realicen las acciones y utilicen los recursos materiales y humanos necesarios, a fin de evitar que se coloquen obstáculos en la vía pública que impidan el libre tránsito de las personas y vehículos". Asimismo, indica la sentencia que "se proceda a la inmediata remoción de tales obstáculos y se mantengan las vías y zonas adyacentes a éstas libres de residuos y escombros y de cualquier otro elemento que pueda ser utilizado para obstaculizar la vialidad urbana". La Sala, además, ordenó a los alcaldes "que grupos de personas tranquen calles con barricadas, lo cual según alegó el abogado, vulnera derechos como el tránsito, al trabajo, a la educación, a la salud, a la familia y a la seguridad personal". A continuación se adjunta el texto de la Sentencia.

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Inadmisible una acción de amparo interpuesta por Henri Falcón contra dos diputados a la AN
La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia N° 79 del 25 de febrero de 2014, declaró inadmisible una acción de amparo interpuesta por el gobernador del estado Lara, Henri Falcón, contra los diputados a la Asamblea Nacional Erick Mago y Pedro Carreño que buscaba impedir que se discutiera y aprobara un informe final ante la comisión permanente de contraloría de la Asamblea Nacional a raíz de que se declarará la responsabilidad política del gobernador por presuntas irregularidades en la ejecución presupuestaria del proyecto de recuperación de las instalaciones de la antigua sede de Niños Cantores TV. En tal sentido, la Sala indicó que "el artículo 6, cardinal 3, de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales establece que no se admitirá la acción de amparo cuando la violación del derecho o la garantía constitucionales constituya una evidente situación irreparable" ya que, a criterio de de la Sala, la Asamblea Nacional había declarado la responsabilidad política del Alcalde y por ende no había nada que subsanar. A continuación se adjunta el texto de la Sentencia.

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Sin lugar apelación interpuesta por el comiso de 600 sacos de azúcar a Molipasa
La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia N° 201 del 13 de febrero de 2014, declaró sin lugar un recurso de apelación interpuesto por Moliendas Papelón S.A. (Molipasa), contra una decisión dictada por la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo en la que declaró improcedente una medida cautelar innominada interpuesta por la empresa contra la Providencia N° 103 dictada por el extinto Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis), en la que decretó medida de comiso sobre 600 sacos de azúcar para uso industrial de 50 Kg. cada uno. Alegó Molipasa "que de no acordarse la medida cautelar, se le causaría un grave perjuicio económico, ya que el Indepabis podrá seguir imponiendo medidas de comiso en su perjuicio sobre cargamentos de azúcar, porque en el caso de resultar anulada la providencia impugnada cuando se decida el fondo del caso, no podrían ser restituidos porque dicho instituto, luego de dictadas las medidas de comiso, ordena poner la mercancía a disposición del público para su venta". En tal sentido, la Sala indicó que "no se evidencia vulneración alguna de norma constitucional, porque la medida de la cual fue impuesta la parte apelante no tiene carácter confiscatorio, pues por tratarse de un bien de primera necesidad, el Indepabis dispuso de la mercancía objeto del comiso en beneficio de la población, de conformidad con la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios". A continuación se adjunta el texto de la Sentencia.

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