Documentos - Jurisprudencia


Sala Constitucional declaró inadmisible una acción de amparo contra el Cenapromil de Ramo Verde y la Ministra de la Defensa
La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia Nº 1323 del 15 de octubre de 2014, declaró inadmisible una acción de amparo interpuesta contra el Centro Nacional de Procesados Militares (Cenapromil) de Ramo Verde y la Ministra del Poder Popular para la Defensa por presuntamente impedirles a los accionantes la entrada al recinto penitenciario de Ramo Verde con el fin visitar a los privados de libertad: Leopoldo López, Daniel Ceballos y Enzo Scarano. La Sala, por su parte, indicó que los accionantes "no acompañaron prueba alguna indispensable que le permita a la Sala del Alto Juzgado verificar preliminarmente la existencia de la presunta lesión causada por la denunciada prohibición de entrar al Cenapromil (...) o al menos comprobar que fueron al referido centro de reclusión, solicitaron visitar a los referidos ciudadanos y obtuvieron una respuesta negativa al respecto". En ese sentido, la Sala concluyó que "la omisión de acompañar al escrito de petición de la acción de amparo los medios probatorios o, al menos, los documentos de los cuales pueda extraerse algún indicio que permita al TSJ verificar la existencia de la presunta lesión denunciada, se subsume en el supuesto previsto en el cardinal 2 del artículo 133 de la referida normal legal, razón por la que se declaró inadmisible el recurso judicial interpuesto". A continuación se adjunta el texto de la Sentencia.

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Sala Constitucional ordena al alcalde Carlos Ocariz recolectar la basura de forma regular y periódica
La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia Nº 1322 del 14 de octubre de 2014, ordenó, a raíz de la admisión de una demanda por protección de intereses colectivos, al alcalde Carlos Ocariz "realizar todas las acciones y utilizar todos los recursos materiales y humanos necesarios, en el marco de la Ley, para recolectar inmediatamente, sin dilaciones y de forma regular y periódica, la basura y los desechos existentes y que se generaren en las distintas parroquias que comprenden el municipio Sucre". Los demandantes alegaron que el alcalde "ha incumplido sus deberes municipales relativos al derecho de la ciudadanía a disfrutar de un medio ambiente sano, consagrado en el artículo 127 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, entre otras garantías fundamentales". La Sala, por su parte, precisó en su decisión que la medida "debe aplicarse especialmente en las cercanías de las instituciones educativas, centros de salud, zonas residenciales y comerciales, así como en las principales vías públicas", así como, "ejercer todo el control sanitario que le es inherente a su cargo público, incluido el de garantizar que las aguas servidas contaminadas con los desechos no recolectados en ese ámbito geográfico no afecten las cuencas hidrográficas, para evitar la afectación de los derechos que sustentan la demanda". Por último, la Sala subraya que la decisión debe ser " acatada y ejecutada inmediata e incondicionalmente" debiendo el alcalde " informar sobre su cumplimiento en el lapso perentorio de veinte (20) días desde que conste en autos la notificación del fallo, pues de lo contrario incurriría en las responsabilidades previstas en el ordenamiento jurídico". A continuación se adjunta el texto de la Sentencia.

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TSJ declara sin lugar un recurso contra el Decreto Presidencial que ordenó la adquisición forzosa de los bienes de Industrias Venoco
La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia Nº 1269 del 18 de septiembre de 2014, declaró sin lugar un recurso ejercido contra el Decreto Presidencial N° 7.712 del 10 de octubre de 2010 que ordenó la adquisición forzosa de los bienes de Industrias Venoco o "de cualesquiera otras empresas o personas relacionadas, y que sean necesarios para la ejecución de la obra Soberanía en la Elaboración y Suministro de Bases Lubricantes, Lubricantes Terminados, Aceites Dieléctricos, Grasas y Liga para Frenos". En tal sentido, la Sala subrayó "la firmeza del acto presidencial impugnado, y reconoció que la estatal petrolera puede tomar posesión de los bienes objeto de adquisición forzosa, de acuerdo a lo previsto en el Art. 6 de la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios". Asimismo, indicó que "el acto jurídico objetado no vulneró la Constitución ni el resto del orden jurídico, pues no hubo invasión de las competencias de la Asamblea Nacional, y la causa expropiandi fue ampliamente justificada en la importancia que tienen los bienes objeto de adquisición para transporte público, para funcionamiento del sector industrial y para la población en general". A continuación se adjunta el texto de la Sentencia.

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Sala Constitucional ratifica la constitucionalidad de la Ley Orgánica de Precios Justos
La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia Nº 1158 del 18 de agosto de 2014, inidico que la Ley Orgánica de Precios Justos "responde al desarrollo legal del Estado Social y demás valores, principios, garantías y normas en general que propugna la Constitución" rachazando, así, una acción interpuesta contra las actuaciones del Ministerio del Poder Popular para el Comercio y la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Económicos en el marco de la mecionada Ley. En adición a lo anterior, la Sala precisó que la Ley de Precios Justos “detenta el desarrollo armónico, justo, equitativo, productivo y soberano de la economía” para lograr “la armonización de los derechos económicos contemplados en los artículos 112 y 117” de la Carta Magna, en salvaguarda del acceso de las personas a los bienes y servicios en condiciones justas, para la satisfacción de las necesidades”; encontrándose en ese instrumento legal “la aplicación de los correctivos necesarios, a través de los distintos sistemas de control, supervisión y fiscalización allí establecidos, así como por el régimen sancionatorio". Asimismo, puntualizó que el ámbito y finalidad a la que atiende el contenido de la mencionada Ley “se encuentra en consonancia y materializa el desarrollo del Plan de la Patria, que plantea como línea de dirección del Estado “desarrollar un sistema de fijación de precios justos (…) combatiendo las prácticas de ataque a la moneda, acaparamiento, especulación, usura y otros falsos mecanismo de fijación de precios, mediante el fortalecimiento de las leyes e instituciones”. A continuación se adjunta el texto de la ley.

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Improcedente acción interpuesta por sociedad de comercio suspendida del Registro Nacional de Contrataciones
La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia Nº 1229 del 13 de agosto de 2014, declaró improcedente una solicitud de suspensión de efectos interpuesta por Inversiones El Timón, C.A. contra una Providencia Administrativa del Servicio Nacional de Contrataciones que suspendió a la accionante por un período de tres años del Registro Nacional de Contratistas. La Sala indicó que "en el presente caso previamente la Administración había acordado la rescisión del contrato N° CJ-OPPPE-098/11 que tenía por objeto la “Continuación de Construcción de Edificación Multifamiliar de Sesenta y Dos (62) Viviendas”, porque la contratista incumplió los lapsos contractuales para la ejecución de la obra". Agrega la Sala que "lo que se persigue con la referida medida de suspensión es resguardar la eficacia y probidad de las empresas contratistas; por ello, la Administración en ejecución de sus atribuciones debía proceder a suspender a Inversiones El Timón, C.A., atendiendo al interés general que involucra la materia de los contratos administrativos". Por último concluye la Sala indicando que "aun en el supuesto de que dicha sociedad mercantil no pueda realizar más contrataciones con el sector público de la República Bolivariana de Venezuela, ello no representa un impedimento para que pueda ejercer su actividad económica en otros sectores, fuera o dentro del país". A continuación se adjunta el texto de la Sentencia.

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Inadmisible recurso de abstención interpuesto contra ex Ministra de Salud
La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia Nº 1177 del 6 de agosto de 2014, declaró inadmisible un recurso de abstención interpuesto por las asociaciones civiles Espacio Público, Acción Solidaria, Transparencia Venezuela y el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) contra Eugenia Sader, ex Ministra del Poder Popular para la Salud. La Sala indicó que "lo reclamado por los solicitantes son respuestas a preguntas efectuadas a la ex Ministra el 22 de octubre de 2012, reiteradas en diciembre de ese mismo año y en febrero de 2013, referidas a que informe sobre las medidas aplicadas o por aplicar, sobre la planificación, almacenamiento, control, supervisión y distribución de los medicamentos a ser adquiridos por el Estado". Los accionantes argumentaron que la información solicitada a la ex Ministra "fue requerida para incorporarla en sus respectivos informes anuales, difundirla a través de sus páginas web y para hacerle un seguimiento al impacto que tenga la implementación de las recomendaciones en la mejora de los procesos de compra, almacenamiento y distribución de medicinas por parte de la cartera de salud". en tal sentido, la Sala indicó que "solicitudes como la presente, donde se pretende recabar información sobre la actividad que ejecuta o va a ejecutar el Estado para el logro de uno de sus fines, en este caso, la obtención de medicinas en pro de garantizar la salud de la población, atenta contra la eficacia y eficiencia que debe imperar en el ejercicio de la Administración Pública, y del Poder Público en general". Agrega la Sala que "si bien toda persona tiene derecho a dirigir peticiones a los organismos públicos y a recibir respuesta de estas, no obstante el ejercicio de ese derecho no puede ser abusivo, de tal manera que entorpezca el normal funcionamiento de la actividad administrativa la cual, en atención a ese tipo de solicitudes genéricas, tendría que dedicar tiempo y recurso humano a los fines de dar explicación acerca de la amplia gama de actividades que debe realizar en beneficio del colectivo, situación que obstaculizaría y recargaría además innecesariamente el sistema de administración de justicia ante los planteamientos de esas abstenciones". A continuación se adjunta el texto de la Sentencia.

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TSJ declaró improcedente acción de inconstitucionalidad por omisión legislativa de la Asamblea Nacional
La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia Nº 988 del 1 de agosto de 2014, declaró improcedente, in limine litis, una acción de inconstitucionalidad por omisión legislativa de la Asamblea Nacional. El demandante argumentó la acción en el " pretendido desarrollo incompleto de formas más concretas y efectivas que garanticen la aplicación del principio de representación proporcional previsto en los artículos 63 y 186 de la Carta Magna, relacionado con las elecciones correspondientes a los cargos de elección popular para integrar los cuerpos deliberantes nacionales, estadales y municipales, sin restringirlo o disminuirlo solo al caso del voto lista". Por su parte la Sala señaló que "no se aprecia una violación constitucional por omisión total o parcial, tal como se alegó, por parte de la Asamblea Nacional, ni se verifica una mora por parte de ese cuerpo legislativo, porque no está establecida en disposición alguna, que se ordene desarrollar o crear una Ley distinta a la Ley Orgánica de Procesos Electorales, que de forma específica amplíe otros mecanismos electorales distintos a los ya establecidos". Asimismo, agregó la Sala que "ha legislado de manera suficiente para implementar los mecanismos necesarios para garantizar la aplicación del principio de representación proporcional en virtud de lo previsto en los artículos 63 y 186 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en relación a las elecciones correspondientes a los cargos de elección popular para integrar los cuerpos deliberantes nacionales, estadales y municipales, por lo que se considera que no existe en el presente caso la alegada omisión legislativa". A continuación se adjunta el texto de la Sentencia.

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Pérdida del interés procesal en un recurso de nulidad interpuesto contra Ley de la Actividad Aseguradora
La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia Nº 943 del 29 de julio de 2014, declaró la pérdida del interés procesal, y, por consiguiente, el abandono del trámite, en una acción de nulidad interpuesta contra la Ley de la Actividad Aseguradora, específicamente, el contenido de la Disposición Transitoria Octava. La Sala indicó que "desde la presentación del escrito mediante el cual se planteó la acción de nulidad por inconstitucionalidad, el 31 de mayo de 2012, hasta la presente fecha, los solicitantes no demostraron su interés procesal para que se decida la presente causa, toda vez que en ningún momento realizaron actuación alguna". Finalmente, concluyó la Sala que "al constatarse la falta de interés, la extinción de la acción judicial se puede declarar de oficio, ya que dejan de existir los méritos que justifican la operatividad del órgano jurisdiccional para atender y solucionar aquello que le ha sido requerido, tal como ocurrió en el presente caso". A continuación se adjunta el texto de la Sentencia.

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Sala Constitucional admitió un amparo y condenó la ilegitima detención en el caso de Hugo Carvajal
La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia Nº 937 del 25 de julio de 2014, admitió una solicitud de amparo interpuesta por el hijo de Hugo Carvajal y "condenó del modo más enérgico la restricción de la libertad de la cual ha sido víctima el funcionario del servicio exterior de más alto rango que cumple funciones en Aruba, ciudadano Hugo Carvajal, ya que la agresión a la que está siendo sometido el funcionario consular de la República Bolivariana de Venezuela, supone una afrenta al propio orden institucional patrio, por lo que el Estado está en la obligación de ejercer sus competencias para la justa reivindicación de su soberanía, ya que están vinculados elementos en materia de seguridad y defensa nacional". Argumentó la Sala que "dicha detención se produjo en la persona de un funcionario consular venezolano activo, no solo con posterioridad a su designación, sino incluso estando el Gobierno de Aruba en conocimiento de que el Cónsul General, jefe titular de la misión, Hugo Armando Carvajal Barrios, inició sus funciones consulares en fecha 07 de febrero de 2014, en virtud de la notificación que le efectuó el 10 de febrero de 2014, el Consulado General de Venezuela en Aruba al departamento de relaciones exteriores de Aruba. De allí que su privación de libertad se produjo estando en dicha condición, la cual está plenamente vigente y determina los privilegios e inmunidades previstas en la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares y en las demás fuentes del derecho internacional público". De lo anterior, la Sala "en razón de la referida violación del Derecho Internacional Público, el Poder Judicial venezolano declaró procedente la solicitud de amparo interpuesto por el hijo del alto funcionario público, y respaldó al Ejecutivo Nacional, en la continuación de las acciones tendentes a exigir a las autoridades de Aruba que procedan a la inmediata observancia y aplicación de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, y demás Tratados e Instrumentos Internacionales aplicables al servicio exterior". A continuación se adjunta el texto de la Sentencia.

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TSJ declaró inadmisible por falta de legitimidad un recurso de apelación interpuesto por Raúl Emilio Baduel
La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia Nº 934 del 25 de julio de 2014, declaró inadmisible un recurso de apelación ejercido por quienes presuntamente tenían la representación judicial de Raúl Emilio Baduel Cafarelli y Alexander Tirado Lara, contra una sentencia dictada el 4 de abril de 2014 por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Aragua, la cual quedo definitivamente firme. La Corte de Apelaciones declaro "inadmisible, por falta de legitimidad, la acción de amparo interpuesta por los presuntos representantes de los mencionados ciudadanos, por la supuesta violación de derechos por parte del Juzgado Primero de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, al ordenar el traslado de ambos al Centro Penitenciario de Centroccidente, mejor conocido como Uribana". Agrega la sentencia que "que Leonardo Luces Rodríguez y Pastora Mendoza Ramones, manifestaron actuar en representación de Raúl Emilio Baduel y Alexander Tirado, sin embargo del contenido de las actuaciones del caso no se evidenció que se encuentre acreditada tal cualidad, toda vez que no consta la consignación de acta de designación y juramentación o del poder que acredite tal condición, por lo cual se declaró inadmisible la apelación". En ese sentido la Sala Constitucional indicó que "la legitimación activa en materia de amparo constitucional, corresponde a quien se afirme agraviado en sus derechos constitucionales y, en el presente caso, se aprecia que los supuestos representantes no presentaron acta de juramentación, mandato o poder, ni ningún otro medio en el cual conste la representación que pretenden asumir". Agregó la Sala que " la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en su artículo 133, numeral 3, establece que se declarará la inadmisibilidad de la demanda: "3. Cuando sea manifiesta la falta de legitimidad o representación que se atribuya el o la demandante, o de quien actúe en su nombre respectivamente". A continuación se adjunta el texto de la Sentencia.

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