Documentos - Jurisprudencia


Sala Constitucional admitió un amparo y condenó la ilegitima detención en el caso de Hugo Carvajal
La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia Nº 937 del 25 de julio de 2014, admitió una solicitud de amparo interpuesta por el hijo de Hugo Carvajal y "condenó del modo más enérgico la restricción de la libertad de la cual ha sido víctima el funcionario del servicio exterior de más alto rango que cumple funciones en Aruba, ciudadano Hugo Carvajal, ya que la agresión a la que está siendo sometido el funcionario consular de la República Bolivariana de Venezuela, supone una afrenta al propio orden institucional patrio, por lo que el Estado está en la obligación de ejercer sus competencias para la justa reivindicación de su soberanía, ya que están vinculados elementos en materia de seguridad y defensa nacional". Argumentó la Sala que "dicha detención se produjo en la persona de un funcionario consular venezolano activo, no solo con posterioridad a su designación, sino incluso estando el Gobierno de Aruba en conocimiento de que el Cónsul General, jefe titular de la misión, Hugo Armando Carvajal Barrios, inició sus funciones consulares en fecha 07 de febrero de 2014, en virtud de la notificación que le efectuó el 10 de febrero de 2014, el Consulado General de Venezuela en Aruba al departamento de relaciones exteriores de Aruba. De allí que su privación de libertad se produjo estando en dicha condición, la cual está plenamente vigente y determina los privilegios e inmunidades previstas en la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares y en las demás fuentes del derecho internacional público". De lo anterior, la Sala "en razón de la referida violación del Derecho Internacional Público, el Poder Judicial venezolano declaró procedente la solicitud de amparo interpuesto por el hijo del alto funcionario público, y respaldó al Ejecutivo Nacional, en la continuación de las acciones tendentes a exigir a las autoridades de Aruba que procedan a la inmediata observancia y aplicación de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, y demás Tratados e Instrumentos Internacionales aplicables al servicio exterior". A continuación se adjunta el texto de la Sentencia.

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Sala Constitucional declara inadmisible una demanda interpuesta contra el Presidente de la República y miembros de la extinta Cadivi
La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia Nº 860 del 17 de julio de 2014, declaró inadmisible una demanda "por protección de intereses difusos y colectivos interpuesta por los ciudadanos José Simón Calzadilla Peraza, José Antonio España y José Ángel Guerra, contra los miembros de la extinta Comisión de Administración de Divisas (Cadivi), el Ministro del Poder Popular para las Finanzas y el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela". Los demandantes alegaron que "ven desmejorada su calidad de vida, por la sobrefacturación que existe en las importaciones realizadas por un número importante de empresas que recibieron divisas de Cadivi, razón por la que solicitaron a la Sala del Alto Juzgado que ordenara la publicación de la lista de empresas a las cuales les fueron aprobadas divisas en el año 2013". En tal sentido la Sala indicó que "el artículo 150, cardinal 2 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, establece que se declarará la inadmisión de la demanda: "2. Cuando sea manifiesta la falta de legitimidad o representación que se atribuya el o la demandante o de quien actúe en su nombre, respectivamente (…)" En tal sentido, y sobre la base de criterios jurisprudenciales, la Sala "concluyó que los ciudadanos José Calzadilla Peraza, José España y José Guerra, carecen de legitimidad para interponer la presente demanda por intereses difusos, por lo que se declaró inadmisible". A continuación se adjunta el texto de la Sentencia.

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Sala Constitucional negó una medida cautelar de suspensión de la Ordenanza de Presupuesto Anual del municipio Guásimos del estado Táchira
La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia Nº 821 del 16 de julio de 2014, negó "una medida cautelar solicitada por el apoderado judicial de la alcaldía del municipio Guásimos del estado Táchira, contra la Ordenanza de Presupuesto Anual de Ingresos y Gastos Públicos Municipales, para el periodo Fiscal comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre del año 2014, del referido municipio". Al respecto señala la Sala que "mediante la medida cautelar solicitada se pretendía que se acordara la suspensión de los efectos de la mencionada Ordenanza, además, que se ordene la reconducción del presupuesto del ejercicio anterior para el municipio Guásimos, hasta tanto se dicte la sentencia definitiva en el presente caso". Indica la sentencia que "os argumentos expuestos por la parte solicitante no son suficientes para lograr la convicción respecto a la procedencia de la medida cautelar solicitada, y por tanto fue negada". Con relación al recurso de nulidad la Sala argumentó que "la acción judicial no incurre en las causales de inadmisibilidad establecidas en el artículo 133 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, lo admitió, y en base a lo establecido en el artículo 135 y siguientes de la misma Ley, se ordenó notificar al apoderado judicial de la alcaldía del municipio Guásimos". A continuación se adjunta el texto de la Sntencia.

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TSJ declara la perdida de interés procesal de una demanda interpuesta por Rocio San Miguel contra la Asamblea Nacional
La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia Nº 818 del 16 de julio de 2014, declaró "la pérdida del interés procesal y, en consecuencia, terminado el procedimiento, en la demanda de inconstitucionalidad por omisión legislativa contra la Asamblea Nacional, interpuesta por la presidenta de la Asociación Civil "Control Ciudadano", Rocío San Miguel, en la cual denunció que el parlamento venezolano no ha dictado la Ley Orgánica de Fronteras". Argumentó la Sala que "esde el 27 de junio de 2013, fecha en que fue interpuesta la presente acción judicial, no se ha realizado ninguna actuación procesal tendente a dar continuidad a la tramitación del presente juicio. Como el único acto de impulso procesal efectuado por la ciudadana Rocío San Miguel fue la interposición de la demanda, conforme a la jurisprudencia se evidencia que no demostró que existe interés en que se produzca decisión sobre lo solicitado, interés que debió mantenerse a lo largo del proceso que inició, porque constituye un requisito del derecho de acción, y su ausencia acarrea el decaimiento de la misma". A continuación se adjunta el texto de la Sentencia.

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Juzgado de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital conocerá de un recurso interpuesto por exfuncionario del CICPC
La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia Nº 1087 del 10 de julio de 2014, declaró que "corresponde al Juzgado Superior Séptimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital la competencia para conocer y decidir un recurso interpuesto por la representación judicial de Rogel Federico Colina Colina contra la decisión dictada el año 2012 por el Consejo Disciplinario del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) que destituyó al mencionado ciudadano del cargo de Detective II adscrito a la Dirección de Investigaciones de Campo del referido cuerpo policial". La decisión responde a un conflicto negativo de competencia que se planteo en el presente caso. El Juzgado Superior Séptimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital se declaró incompetente para conocer del caso y declinó su conocimiento en las Cortes de lo Contencioso Administrativo. En tal sentido la Sala indicó que "desde la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, la competencia para conocer de las causas interpuestas por los funcionarios públicos -incluidos los pertenecientes a los órganos de seguridad del Estado- se determina por la materia". Agrega la sentencia que "Agrega la sentencia que en aplicación de los principios constitucionales relativos al juez natural y a la tutela judicial efectiva, previstos en los artículos 26 y 49, numeral 4 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el conocimiento de tales causas corresponde a los Juzgados Superiores Estadales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa". A continuación se adjunta el texto de la Sentencia.

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Improcedente una solicitud de suspensión de decreto que crea la Misión José Gregorio Hernández y el Despacho de Viceministro para la Suprema Felicidad Social del Pueblo
La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia Nº 1060 del 10 de julio de 2014, declaró improcedente una medida cautelar de suspensión de efectos solicitada por el Observatorio Venezolano de la Discapacidad en un recurso de nulidad contra los decretos presidenciales 498 y 506 que crean la Fundación Misión José Gregorio Hernández y el Despacho del Viceministro para la Suprema Felicidad Social del Pueblo. La Sala indicó que el accionante "en su escrito no cumplió con lo requerido para otorgar la medida solicitada, porque nada alegó ni probó en el expediente en relación con los daños irreparables que eventualmente se le causarían de no acordarse la medida cautelar de suspensión de efectos de los actos administrativos impugnados". Asimismo, subrayo el criterio de la Sala que señala que " la amenaza de daño irreparable que se alegue, debe estar sustentada en un hecho cierto y comprobable que deje en el ánimo del sentenciador la certeza de que, de no suspenderse los efectos del acto, se le estaría ocasionando al interesado un daño irreparable o de difícil reparación por la definitiva". A continuación se adjunta el texto de la Sentencia.

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Sala Constitucional anuló la parte final del artículo 228 del Código Civil
La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia Nº 806 del 8 de julio de 2014, anuló la parte final del artículo 228 del Código Civil por considerar que contraria el artículo 56 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. La norma establecía que "las acciones de inquisición de la paternidad y la maternidad son imprescriptibles frente al padre y a la madre, pero la acción contra los herederos del padre o de la madre, no podrá intentarse sino dentro de los cinco (5) años siguientes a su muerte”. Con presente sentencia la norma sólo establece que: "las acciones de inquisición de la paternidad y la maternidad son imprescriptibles frente al padre, a la madre y a los herederos de éstos”. La Sala argumentó que "el contenido de la parte final del artículo 228 del Código Civil, presentaba una contradicción porque en la primera parte del artículo se consagra el principio de imprescriptibilidad de la acción de inquisición de la paternidad y la maternidad, cuando ésta es ejercida contra el pretendido padre o madre vivos, pero a su vez, en la parte final del mismo, somete la acción a un lapso de caducidad para el caso de interponerla contra los herederos cuando los padres estén fallecidos". Agrega la sentencia que "a limitación temporal para el caso de la acción por inquisición de la paternidad y de la maternidad que señalaba la parte final del artículo 228 es contraria a lo establecido en el artículo 56 de la Carta Magna, que contempla el derecho de toda persona a un nombre propio, al apellido del padre y de la madre, a conocer la identidad de los mismos y el deber del Estado de garantizar el derecho de investigar la maternidad y la paternidad". A continuación se adjunta el texto de la Sentencia.

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Sala Constitucional declara inadmisible una acción interpuesta por grupo de diputados de la Asamblea Nacional
La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia Nº 786 del 4 de julio de 2014, declaró inadmisible un recurso de controversia constitucional entre órganos del Poder Público el cual, de acuerdo a los accionantes, surgió como consecuencia de la Sentencia N° 276 dictada el 24 de abril de 2014 por la Sala Constitucional. El recurso fue interpuesto por los diputados a la Asamblea Nacional Iván Stalin Gonzales, José Manuel Gonzales Tovar, Biagio Pilieri, Ángel Medina, Enrique Márquez, Leomagno Flores, Luis Barragán y Carlos Ramos. Sobre la interposición del recurso la Sala argumentó que "quienes están legitimados para interponer ese tipo de solicitudes, según lo establece la jurisprudencia en la materia, son los titulares de los órganos constitucionales en pugna y –por supuesto– a quienes ejerzan su representación". En tal sentido, la Sala indicó que "de conformidad con el artículo 27, cardinal 1, del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, una de las atribuciones del Presidente o Presidenta de la Asamblea Nacional es la de ejercer la representación de la Asamblea Nacional, por lo que se concluye que quien tiene la legitimidad para interponer una solicitud ante la Sala Constitucional en nombre del Parlamento es su Presidente o Presidenta". La decisión del 24 de abril. a la cual se referían los accionantes, declaró "resuelta la interpretación del artículo 68 de la Carta Magna y de los artículos 41, 43, 44, 46 y 50 de la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 6.013 Extraordinario del 23 de diciembre de 2010. En dicho fallo se pronunció sobre el derecho a la manifestación y el rol de las policías municipales en el control del orden público". A continuación se adjunta el texto de la Sentencia.

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Sala Político Administrativa declara firme una multa contra Multinacional de Seguros
La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia Nº 1022 del 2 de julio de 2014, declaró sin lugar un recurso de nulidad interpuesto por Multinacional de Seguros, C.A., contra una resolución dictada en el año 2010 por el entonces Ministro del Poder Popular de Planificación y Finanzas que declaró sin lugar el recurso jerárquico ejercido contra una providencia administrativa de la Superintendencia de Seguros que le impuso a la mencionada compañía una sanción de multa por Bs. 28.274,00. Con la declaratoria de la Sala queda firme la multa impuesta por la Superintendencia. La multa tuvo lugar a raíz de una denuncia "hecha por una ciudadana ante la entonces Superintendencia de Seguros, al señalar que solicitó una carta aval para una intervención quirúrgica a la que debía someterse, pero le fue negada bajo el fundamento que la póliza tenía una exclusión por artrosis del hombro, lesiones recidivantes del manguito rotador". La Superintendencia sancionó a la compañía de seguros por " incurrir en el ilícito administrativo de elusión, contemplado en el artículo 175 de la entonces vigente Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros". Por su parte la Sala indicó que "Multinacional de Seguros a lo largo del procedimiento administrativo pretendió evadir su obligación, al argumentar que la denunciante debió tramitar su solicitud contra reembolso". Agrega el tribunal que "a aseguradora al no enviarle comunicación alguna a la beneficiaria de la póliza que le indicara de manera expresa los trámites que debía realizar o los motivos que originaron la negativa de emitir la carta aval y al no constar en el expediente algún documento destinado a poner en conocimiento de la denunciante, sobre los motivos que hacían improcedente la emisión de la carta aval, incurrió en el señalado ilícito administrativo". A continuación se adjunta el texto de la Sentencia.

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Sala Plena desestimó una denuncia contra el ministro Rafael Ramírez
La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia Nº 39 del 26 de junio de 2014, desestimó una denuncia presentada por el ciudadano Juan de Dios de La Corte de Cecchi contra el ministro del Poder Popular de Petróleo y Minería y Presidente de Petróleos de Venezuela Rafael Ramírez. EL tribunal desestimó la denuncia en consonancia al criterio que la Sala expuso en la sentencia donde se declaró con lugar "la solicitud planteada por la Fiscal General de la República, Luis Ortega Díaz, de desestimar la denuncia planteada, por cuanto los hechos denunciados no revisten carácter penal". El demandante indicó que "denunció ante la Fiscal Séptima del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, extensión Cabimas, al ministro Ramírez y al interventor de la empresa Construcciones Electro Industriales, DEKO, C.A., Ing. Alfredo González, por la presunta apropiación indebida, secuestro y abuso de poder sobre bienes de su propiedad". En tal sentido, la Sala indicó que "lo denunciado constituye un hecho cuya imprecisión no logra adecuación en uno de los tipos penales previstos en nuestro ordenamiento jurídico, que presuma la perpetración de un hecho punible que acarree acción penal, pues carece de toda narración circunstanciada del hecho, lo cual constituye un requisito de la denuncia" y agregó que "el denunciante se limitó a señalar la supuesta apropiación indebida, secuestro y abuso de poder, en forma imprecisa o vaga, sin relatar con claridad los hechos en los cuales participó el denunciado, cuándo, cómo y dónde ocurrieron los acontecimientos que permita proseguir una investigación penal". A continuación se adjunta el texto de la Sentencia.

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