«Me preocupa que la situación de los derechos humanos en Venezuela se haya deteriorado». Con estas palabras Volker Türk, alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos inició su última actualización oral sobre la situación del país en esta materia.
El informe, publicado a finales de junio y presentado al Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el 27 del pasado mes, abarca el período del 1 de mayo de 2024 al 30 de abril de 2025. En él no solo se denuncia la persistencia de prácticas como las detenciones arbitrarias, tortura y retardo procesal, sino que también se alerta sobre retrocesos en algunas áreas en las que, en los últimos tiempos, se habían producido pequeños avances, así como un agravamiento en problemas que ya venían registrándose.
Para Türk, las regresiones ocurridas en el último año fueron, entre otras, la entrega de la gestión de la cárcel de El Rodeo I (Miranda) a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DCGIM) y los reportes de que tanto este organismo como el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) vuelven a tener presos en sus calabozos.
Esto expuso el jurista austríaco:
«El traspaso de la gestión de los centros de detención a los servicios de inteligencia civiles y militares refleja un retroceso en la aplicación de la recomendación previa del ACNUDH de transferir a todas las personas detenidas en instalaciones de los servicios de inteligencia a centros bajo autoridad civil».
En 2021, Nicolás Maduro dictó un decreto mediante el cual otorgó al Sebin y a la DGCIM un plazo de 30 días para que transfirieran la custodia de todas las personas detenidas bajo su autoridad al Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario (MPPSP). Este plazo fue prorrogado varias veces durante ese año.
Aunque fue noticia en varios medios de comunicación durante 2021 que los calabozos policiales de esos órganos estaban siendo vaciados y los internos, sobre todo presos políticos, eran trasladados a cárceles a cargo del MPPSP, no hubo información oficial sobre que esta tarea hubiera concluido.
Así, la noticia de que las sedes del DGCIM y del Sebin en Boleíta y El Helicoide, respectivamente, vuelven a tener presos no debería sorprender, pues ambos cuerpos de inteligencia jugaron un rol protagónico en la ola de represión lanzada antes y después de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, según lo denunciado por otros organismos de la ONU como la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos para Venezuela.
Cada vez más tiempo
Volker Türk no solo constató que en los últimos 12 meses se han producido retrocesos, sino que también algunas violaciones a los derechos humanos se han agravado. Entre ellas destacó las llamadas desapariciones forzadas exprés, que están dejando de serlo, porque su período de duración tiende a extenderse.
«El ACNUDH documentó 84 casos de desapariciones forzadas (62 hombres, 15 mujeres y siete adolescentes) por periodos que van de uno a 159 días», se lee en el reporte.
Como si lo anterior no fuera suficiente, en su discurso Türk reveló al Consejo que «unas 28 personas que fueron sometidas a desaparición forzada tras las elecciones presidenciales, su paradero sigue siendo desconocido».
Entre aquellos cuyo paradero todavía se desconoce de manera oficial, así como no se sabe qué se les imputa y cómo se encuentran, figuran 12 ciudadanos extranjeros, a quienes las autoridades venezolanas les han negado el derecho a la asistencia consular, como informó el alto comisionado.
Türk, en su reporte, también dejó constancia de la ineficacia del instrumento legal destinado a impedir este tipo de hechos: el habeas corpus.
«Los tribunales rechazaron sistemáticamente la admisión de acciones de habeas corpus presentadas por familiares y representantes legales de detenidos y desaparecidos, sin ofrecer fundamentación», denunció, respaldando así las denuncias de la Misión.
Desde Acceso a la Justicia también se ha mostrado cómo este recurso se ha transformado prácticamente en una herramienta inoperante en su informe Tutela judicial efectiva e independencia judicial del Tribunal Supremo de Justicia en procedimientos de habeas corpus.
De mal en peor
El alto comisionado informó de denuncias de malos tratos y de tortura a personas detenidas. Así, reveló que contabilizó en el último año 32 casos y destacó que entre las víctimas figuraron «cuatro mujeres, una de las cuales estaba embarazada, 15 adolescentes (una niña) y tres personas con discapacidad».
También reportó que ya no solo se aplican malos tratos físicos, sino que se recurre a mecanismos más sutiles; entre ellos destacó el «régimen de incomunicación», que se aplica como represalia a quienes denuncian las condiciones de detención.
«Las autoridades del centro de detención Rodeo I prohibieron las visitas familiares y la comunicación a algunas personas detenidas, durante un periodo de 12 semanas, tras su participación en una huelga de hambre que tuvo lugar el 12 de diciembre de 2024. Según se informa, en el centro de detención Fuerte Guaicaipuro, estado Miranda, cinco personas detenidas fueron sometidas a malos tratos físicos y a detención en régimen de incomunicación durante varias semanas tras su traslado desde el centro de detención Yare 3 en enero de 2025, después de que denunciaran sus condiciones».
Al hablar sobre los casos de ejecuciones extrajudiciales cometidas en el marco de operaciones de seguridad ciudadana, Türk aseguró que continúan registrándose, pero en esta ocasión no ofreció cifras, pues, según indica en su informe, «El clima general de temor entre la población (que) ha llevado a que no se denuncien todas las violaciones de derechos humanos vinculadas a estos operativos».
En el informe se encuentra un ejemplo que ilustra el miedo de los venezolanos. Relató Türk:
«Una fiscal, que había presentado su candidatura para el cargo de Fiscal General (en el proceso celebrado a finales del año pasado), se enfrentó a un procedimiento disciplinario, que resultó en su destitución por motivos que incluían su participación en el proceso de nominación».
Por último, denunció que procesos relacionados con muertes ocurridas en la represión a las protestas de 2014, 2017 y 2019 siguen sin avanzar. Precisamente este es el período que abarcan las investigaciones que lleva adelante la Fiscalía de la CPI.
Y a ti venezolano, ¿cómo te afecta?
El recién publicado informe del alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, rinde cuentas del gran retroceso del Estado de derecho y el deterioro del sistema de justicia que ha habido entre el 1 de mayo de 2024 y el pasado 30 de abril, incluso frente a algunos avances, aunque sea a nivel normativo, que se habían verificado en 2021.
La falta de independencia judicial, el uso político de los tribunales y la criminalización de voces disidentes generan un clima de inseguridad jurídica y vulnerabilidad frente a abusos de poder. Cuando no hay garantías de debido proceso ni instituciones que velen por los derechos fundamentales, se limita el acceso a la justicia y se compromete la protección de las libertades individuales.
Este contexto afecta especialmente a quienes buscan ejercer sus derechos, acceder a la justicia o participar activamente en la vida pública, y agrava la desconfianza ciudadana en las instituciones, además, evita que cualquier ciudadano se permita criticar o ser una voz disidente del poder político.
