II. Golpe a la rebelión popular y al derecho a la resistencia

Desde abril de 2017 con las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) (155 y 156), que desconocían de manera más tajante (antes hubo 52 con el mismo propósito) a la Asamblea Nacional (AN) por suplirla totalmente en sus funciones, empezaron a producirse importantes manifestaciones ciudadanas bajo el manto del artículo 350 de la Constitución. La oposición política concentrada en el Parlamento también desconoció al Gobierno e invocó el derecho a la rebelión y a la resistencia.

Las protestas tuvieron un gran apoyo internacional, sobre todo a través del Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA) Luis Almagro, quien ya se había pronunciado sobre la ausencia del Estado de Derecho en Venezuela, el irrespeto a los derechos humanos y el camino del gobierno hacia una dictadura. Así mismo, el entonces Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidos (ONU) Zeid Raad al Hussein fijó posición en 2016 sobre la crisis humanitaria del país.

La rebelión popular con manifestaciones masivas, que es como Provea llamó a este fenómeno de alzamiento organizado, duró 4 meses (abril a julio) y hubo más de 100 muertos como consecuencia directa de la represión gubernamental. En esos meses, la crisis del país aumentó, porque el Gobierno no rectificó su política económica, sino que la profundizó y así, la desnutrición, la mortalidad infantil, la pobreza y las enfermedades se incrementaron. La cifra de presos políticos también creció.

En los meses de intensas protestas, el derecho al debido proceso desapareció y se volvieron hechos comunes la detención arbitraria, la desaparición forzada y la tortura en prisión, así como el uso de la justicia militar para los civiles. El Gobierno continuó usando sus grupos armados de civiles en contra de los ciudadanos (“colectivos”) y persistieron los ataques de militares a residencias privadas o a manifestantes y a sus familias, al igual que durante las movilizaciones de 2014.

Asimismo se incrementó la persecución política con juicios, entre otros, a los alcaldes de oposición. También la Contraloría General inhabilitó a dirigentes de oposición para impedirles su participación en procesos electorales.

Finalmente, para aplacar al país, desde el Poder Ejecutivo se decidió dar inicio a un proceso constituyente con el objetivo supuesto de hacer una nueva Constitución, pero en realidad la finalidad fue la de crear un súper poder por encima de todos los existentes o “constituidos”, y controlar así de manera más efectiva a la sociedad. De modo que la persecución política de los alcaldes de oposición y finalmente, la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente tuvieron como fruto la extinción de la protesta.

Aunque distintas ONG como Provea sostienen que fracasó la rebelión popular, las manifestaciones visibilizaron aún más la naturaleza del régimen y las condiciones del país, y mostraron que los venezolanos en su inmensa mayoría no están de acuerdo con el Gobierno, así como lo represivo y violento que es el régimen. De hecho, el Alto Comisionado de la ONU publicó un informe titulado: “Violaciones y abusos de los derechos humanos en el contexto de las protestas en la República Bolivariana de Venezuela del 1 de abril al 31 de julio de 2017”.

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