III. Golpe a partidos políticos

Una vez que el chavismo se dio cuenta  a partir de los comicios parlamentarios de 2015, en los que la oposición ganó la mayoría de escaños (112 vs. 55), que podía iniciar una debacle electoral -que incluso podía llevarlo a perder la Presidencia de la República- comenzó a emplear estrategias, la gran mayoría ilícitas, para permanecer en el poder.

Una de sus varias maniobras fue la eliminación de la oposición política en un inicio, a través del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Consejo Nacional Electoral (CNE), y luego de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), lo que llevó a que de 67 toldas existentes para diciembre de 2015, quedaran solamente 17 (12 progobierno y 5 del antichavismo) para el año 2018.

La “purga” comenzó con una sentencia, la número 1, de la Sala Constitucional (SC) del TSJ, del 5 de enero de 2016, en la que se estableció que los partidos políticos que hubieran obtenido menos del 1% de los votos en las elecciones parlamentarias de 2015 en menos de doce entidades federales, debían renovar la nómina de sus inscritos. Esto, porque las organizaciones con fines partidistas renunciaron al uso de sus tarjetas propias para adoptar la de la Mesa Democrática de la Unidad (MUD), alianza que resultó exitosa para la oposición en contra de los adversarios del denominado Gran Polo Patriótico, la coalición del partido de gobierno.

Quedaron excluidos de este proceso de renovación cinco partidos, entre los cuales se encontraba la MUD, el mayor partido de oposición; y del lado del gobierno, también el más importante, el PSUV.

El fallo del alto tribunal dio lugar además a que el CNE dictara las “Normas para la Renovación de Nóminas de Inscritos de las Organizaciones con Fines Políticos Nacionales” (publicadas en Gaceta Electoral n.° 801 del 4 de marzo de 2016), que fueron aplicadas a los partidos con miras a la participación en cualquier elección a partir de ese momento.

Posteriormente se produjo una  sentencia discriminatoria (n.° 223), también de la SC, del 28 de abril de 2017, que flexibilizó dicho proceso de renovación, pero sobre todo para las toldas oficialistas: Acción Revolucionaria Organizada (Tupamaro) y Partido Comunista Venezolano (PCV), así como para un pequeño partido opositor: Nueva Visión Para Mi País (Nuvipa). A todos los demás partidos, prácticamente en su gran mayoría opositores, les tocó sortear una seguidilla de obstáculos traducidos en pocos días (sólo 2) para recoger las firmas, pocos puntos habilitados por el Poder Electoral y la imposición de captahuellas bajo el pretexto de impedir la doble militancia, lo cual, valga acotar, no está prohibido por la ley ni la Constitución en Venezuela.

La consecuencia: sólo 14 partidos fueron renovados, sumados a los 8 declarados válidos sin tener que someterse al proceso de renovación, entre ellos la MUD.

La fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente (ANC) también colaboró con la “limpieza política” a favor del poder en Miraflores. El 27 de diciembre de 2017 emitió un decreto que ordenó una nueva validación de las organizaciones, en represalia contra las que no participaron en la contienda de las municipales del 10 de diciembre. Así, tras otro proceso de validación injusto e ilegal, fueron eliminados los partidos de oposición: Primero Justicia, Voluntad Popular y Puente.  El primero porque no recogió las firmas en el tiempo estipulado y luego de forma sorprendente no se le permitió revisar esa decisión, y los segundos porque no aceptaron participar en el proceso por considerarlo una “farsa”.

A esto se añade que a comienzos de 2018 (25 de enero) una insólita sentencia interpretativa de la SC (la número 53), eliminó de la carrera electoral a la tarjeta de la MUD. “Se hace (la exclusión) en razón de que su conformación obedece a la agrupación de diversas organizaciones políticas ya renovadas y otras pendientes de renovación, y dicho carácter de agrupación contraría abiertamente la prohibición de la doble militancia”, se lee en el fallo.

El resultado fue favorable para el Gobierno, pues entre el TSJ y el CNE le despejaron el camino a Nicolás Maduro para las presidenciales, que debían celebrarse a final de 2018, pero que fueron anticipadas de manera ilegal al 20 de mayo, eliminándole la competencia de peso de los principales partidos políticos de oposición del país. Esto resultó ser una fórmula perfecta para acabar con la oposición, si se toman en cuenta también las inhabilitaciones políticas impuestas por la Contraloría General a figuras como Henrique Capriles o con las persecuciones del Poder Judicial a los alcaldes de oposición y diputados de la AN.

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