El TSJ inició 2022 sin dar muestras de dejar atrás su falta de independencia del Gobierno

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INDEPENDENCIA JUDICIAL

«Haz lo que digo, pero no lo que hago». En el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) siguen al pie de la letra esta expresión popular, pues mientras por un lado asegura ser un poder autónomo e independiente del Estado, por el otro mantiene prácticas y hace gestos que refuerzan la visión, ya no solo dentro del país sino también en el exterior, de que está sometido a los designios del Gobierno.

Así quedó patente en el acto de apertura de las actividades judiciales 2022, celebrado el pasado 27 de enero, en el cual el presidente del máximo juzgado, magistrado Maikel Moreno, y la oradora de orden, magistrada Marjorie Calderón, no tuvieron problemas en ofrecer declaraciones de marcado tinte político.

Moreno describió con las siguientes palabras lo que debía ser el informe de gestión del TSJ correspondiente al año 2021:

«La esencia de toda revolución radica en su capacidad para producir los cambios que nuestra sociedad reclama sustentados en los principios esenciales que configuran el Estado. La revolución bolivariana ha asumido el desafío de avanzar garantizando la permanencia del Estado y la anhelada estabilidad y suprema felicidad social».

Pese a asegurar que «los jueces solo subordinan su actuación a la Constitución y las leyes y a los altos intereses de nuestra nación», el también presidente de la Sala de Casación Penal repitió el guion gubernamental con relación a que los graves problemas económicos que atraviesa Venezuela son culpa de las sanciones que Estados Unidos y la Unión Europea (UE) han impuesto a algunas personalidades e instituciones públicas.

«En estos tiempos (…) estamos resistiendo una agresión desproporcionada por países que se hacen llamar potencias, solo por el hecho de no doblegarnos a sus intereses y por pensar distinto a favor de la humanidad, imponiéndonos un bloqueo económico sin precedentes para beneficiar a un sector minoritario».

No obstante, ya desde 2016, es decir un año antes de que Washington y Bruselas impusieran el grueso de las medidas contra individualidades y algunas instituciones, el entonces secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki Moon, había calificado la situación de Venezuela como «una crisis humanitaria».

A las palabras de Moreno siguieron las de Calderón, quien en su discurso «Los derechos humanos en el Estado democrático y social de derecho y de justicia», se refirió en tres ocasiones a «nuestro comandante eterno Hugo Chávez». En la última oportunidad incluso llegó a decir que él «siempre estará presente» en cualquier éxito que consiga el Estado venezolano.

Poniéndole tarea

Como si los discursos de los magistrados no bastaran para reafirmar la alineación de la justicia con el Gobierno, la intervención de Nicolás Maduro en el acto lo hizo. El jefe del Gobierno le pidió al Poder Judicial procesar al diputado opositor Juan Guaidó, a quien en su momento por lo menos cincuenta países reconocieron como presidente interino de Venezuela.

Al respecto dijo Maduro:

«Fracasaron al intentar imponerle a Venezuela un presidente que nadie había elegido. Creyeron que el poder de la Casa Blanca en Washington y de la casa de Nariño en Bogotá iba a dominar la mente de los venezolanos y le iba a imponer un Gobierno colonial. ¡Fracasaron!».

Luego, agregó lo siguiente:

«Solo quedarían pendiente los daños y perjuicios hechos a la República en estos años pidiendo sanciones, bloqueo e intervención militar contra el país. Solo faltaría resarcir con una justicia implacable los daños que se le hicieron al pueblo con las sanciones, el bloqueo y los llamados de invasión. Tarea pendiente que llenará de felicidad al país».

En el pasado este tipo de declaraciones han venido seguidas de actuaciones fiscales, judiciales y policiales contra el señalado.

Sin rectificación

Además de copiar el discurso gubernamental, alabar a Maduro, o a Chávez y recibir instrucciones de otro poder público, el máximo juzgado dejó en claro que el año pasado no hizo lo más mínimo por atacar uno de los principales causantes de su falta de independencia: la provisionalidad de los jueces.

«La Comisión Judicial del TSJ, acordó la designación de 434 jueces provisorios, 11 temporales y 405 suplentes en las distintas materias, así como 43 inspectores de tribunales. Asimismo, fueron destituidos 244 jueces a nivel nacional», reveló Moreno, quien minutos después declaró:

«Un Poder Judicial independiente desempeña un papel fundamental en el cumplimiento y eficacia de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico, protegiendo las libertades ciudadanas y asegurando la vigencia de nuestro sistema normativo. Recordemos que, aunque los derechos fundamentales son evidentes no se ejecutan por sí solos, ya que requieren de una estructura judicial que permita concretar su efectividad y para ello está concebido el Poder Judicial».

Desde finales de 2003 el máximo juzgado no celebra concursos de oposición para adjudicar los cargos de los jueces, tal y como manda el artículo 255 constitucional. El organismo ha aprovechado para realizar designaciones a dedo de carácter provisional, las cuales puede dejar sin efecto en cualquier momento y sin derecho a la defensa. Una situación que hace que los designados sean susceptibles de presiones a cambio de mantener sus puestos.

«La escogencia de jueces por mecanismos que no sigan criterios objetivos implica un riesgo para la independencia judicial, pues dichos nombramientos pueden realizarse según conveniencia política», alertó en 2012 la entonces relatora de Naciones Unidas para la Independencia de los Jueces, Fiscales y Abogados, la brasileña Gabriela Knaul.

Pese a que el Poder Judicial se encuentra sometido a una «revolución judicial», Moreno no informó si la misma incluirá combatir la provisionalidad y si se retomarán los concursos de oposición.

La falta de la independencia volvió a salir a relucir en el III Examen Periódico Universal de Derechos Humanos al que se sometió el país el pasado 25 de enero. Una veintena de países expresó su preocupación por la sumisión de la justicia a los designios del Gobierno.

Moreno también informó que en 2021 los tribunales tomaron un total de 249.374 decisiones y llevaron a cabo 120.579 audiencias, unos datos que son 23,43% superiores a los del año anterior. Asimismo, reportó que el TSJ dictó 2.785 decisiones 129,22% en comparación con el periodo anterior. No obstante, no detalló cuántas de estas decisiones son efectivamente sentencias definitivas.

Y a ti venezolano, ¿cómo te afecta?

Un Poder Judicial independiente es fundamental para una democracia consolidada y sana, pues este es el encargado de resolver las disputas y controversias entre los otros poderes públicos y además es el responsable de velar por los derechos de los ciudadanos y de repararlos en caso de que sean víctimas de algún abuso por parte de quien detenta el poder.

Como lo viene denunciando Acceso a la Justicia desde hace años, gran parte de la responsabilidad de la crisis humanitaria que afronta el país y de la consolidación del actual Estado de hecho es responsabilidad de la justicia, la cual ha renunciado a su tarea de ejercer sus funciones constitucionales.

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