En entrevista dada el 27 de julio a la emisora SuperStereo 98.1 FM, del estado Nueva Esparta, Laura Louza, abogada constitucionalista y directora de la ONG Acceso a la Justicia, analizó diversos temas del acontecer político actual, como la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), un posible conflicto armado y la persecución a la disidencia, la imposibilidad de actuar por parte del Ministerio Público (MP) y la política de impunidad, entre otros.
Explicó la ilegalidad y carácter fraudulento de la ANC y planteó la posibilidad de suspender la ANC —lo cual no ocurrió— a fin de evitar un conflicto armado. “No estamos en un estado de derecho, es un estado de fuerza”, dijo.
Louza alertó sobre el peligro de una guerra civil que no sería tal, pues para que la haya debe haber dos grupos armados. “Aquí sólo hay un grupo. El que tiene las armas es el que manda”.
Se instauraría además un plan de persecución para imponer un orden socialista, estimulado por las numerosas tergiversaciones del Tribunal Supremo de Justicia ante las manifestaciones de la ciudadanía presionando a los alcaldes.
En cuanto al Ministerio Público (MP), la abogada destacó que este es irrespetado por la actitud del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y, de paso, se encuentra atado de manos debido a la querella del Defensor del Pueblo contra la Fiscal General.
Acerca de la política de impunidad, el Gobierno la estimula a través del TSJ, según Louza, pues, por ejemplo, no pueden ser investigados el ex ministro de Energía y Petróleo, Rafael Ramírez, la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) o el caso de la contratista de obras de infraestructura, Odebrecht.
La abogada recalcó que el pueblo tiene derecho a mantenerse en las calles y recomendó a los actores políticos buscar el apoyo de las instituciones internacionales.
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