Actualmente, una gran cantidad de magistrados del TSJ son seleccionados más por su lealtad política con el gobierno que por sus méritos y honores obtenidos durante el ejercicio de su carrera como abogados. Ello genera una inestabilidad en la administración de justicia que compromete la imparcialidad en las decisiones que toma este tribunal cada día. Esto fue afirmado por Laura Louza, Directora de Acceso a la Justicia, en una entrevista del 4 de abril a las 2 pm con Alvaro Pérez Kattar en la emisora Circuito Éxitos 99.7 FM.
Explica Laura Louza que para ser magistrado en Venezuela, se debe cumplir con una serie de requisitos contenidos en el artículo 263 de nuestra Constitución y en el artículo 27 de la LOTSJ. Requisitos que, por ejemplo, están orientados a ser un ciudadano de reconocida honorabilidad, un jurista que haya ejercido su carrera por más de 15 años, tener una especialización en algún área del Derecho, entre otros.
Observa la entrevistada, como algunos de los magistrados que fueron electos en el 2015 por la antigua Asamblea Nacional de mayoría oficialista, no cumplen con algunos de estos requisitos mínimos.
Magistrados como Calixto Ortega, Luis Damiani y Lourdes Suárez no han ejercido la abogacía por 15 años y no cuentan con una especialización en el área del Derecho; por otro lado, los magistrados Juan José Mendoza y Carmen Zuleta tienen un procedimiento en su contra, lo cual cuestiona su honorabilidad como ciudadanos.
Es por ello, que un magistrado que no cumple con los requisitos que establece nuestra Constitución, así como tampoco con la LOTSJ, destaca Laura Louza, es un magistrado inconstitucional que debe ser removido inmediatamente por la Asamblea Nacional como son los magistrados llamados exprés.
Para finalizar resalta Louza que en el 2016 de una muestra de 65 sentencias del TSJ que seleccionó la ONG por su carácter noticioso, ese máximo tribunal se tardó en promedio 21 días para decidir sobre un caso que tuviese alguna consecuencia favorable para el gobierno o que fuese introducido por un simpatizante o adepto al gobierno, y siempre dando una respuesta afirmativa. De lo contrario, casos que iban en contra del gobierno se tardaban en promedio 1171 días y tenían como resultado, una respuesta negativa.
Para finalizar en Acceso a la Justicia queremos destacar que tener un Tribunal Supremo de Justicia que sea dirigido por magistrados que no son aptos para el cargo, compromete nuestro derecho constitucional de acceder a la justicia, ya que en ese caso el Estado no nos puede garantizar que ésta sea imparcial, transparente e independiente lo cual viola, los principios fundamentales de todo Estado de Derecho.
