Alí Daniels: Ante la falta de legalidad el Gobierno recurre a cualquier recurso para mantenerse en el poder
El miércoles 22 de marzo, Acceso a la Justicia tuvo la oportunidad de mostrar en la Comisión de Derechos Interamericanos (CIDH) los resultados de los estudios profundos sobre la eficiencia y efectividad del Poder Judicial, en los que entre otros hallazgos logró precisar cómo éste poder público pone en segundo plano las necesidades de los venezolanos para beneficiar intereses políticos.
«Lo más destacado es ver cómo el Poder Judicial se ha convertido en el valedor del Ejecutivo y en un verdugo de la Constitución», expuso Alí Daniels, representante de Acceso a la Justicia, en una entrevista a Carla Angola el mismo miércoles.
Explicó que mientras la explosividad social se encuentra en las nubes, el Poder Judicial complace al Ejecutivo y no se preocupa de los problemas del país. «Por ejemplo el Ministerio Público ha triplicado el número de imputaciones, pero tenemos los mismos jueces que hace 10 años», manifestó.
Daniels agregó que las violaciones al debido proceso y de derechos humanos que comete el Poder Judicial también se han acrecentado. En este sentido mencionó las presiones que reciben los jueces en casos de presos políticos y puntualizó el caso de la jueza Karla Moreno que se negó a dar un veredicto fuera de la Constitución y renunció (por la presión del Sebin) en plena presentación de tres jóvenes detenidos por grabar una marcha.
«Esto se ha visto en otros casos. Evidencia un cambio de actuar del Gobierno, porque entonces hay más casos en la justicia militar. Es decir, se ve que ante la falta de argumentos, se está yendo ante la justicia militar. Por ejemplo el caso del diputado Gilber Caro, que ni si quiera ha sido presentado. En dos años 40 personas han pasado por ahí».
Ante la pregunta de la periodista de qué significan estos cambios el abogado respondió que «ante la falta de legitimidad, se recurre a cualquier elemento para mantenerse en el poder».
El representante de Acceso a la Justicia rechazó las declaraciones de William Castillo, presidente de Conatel, quien aseguró que las redes sociales deberían ser controladas por el Estado.
«El argumento de proteger a los niños es el que justificó la Ley Resorte, la cual censuró a los medios. Hoy en día no se publica la información, los medios están censurados y recurren a la autocensura para evitar ser sancionados. Ahora hay que recurrir a las redes sociales porque es un sitio donde uno se entera de lo que está pasando, dónde hay una protesta».
Daniels calificó al Gobierno venezolano como una autocracia formalista, «porque trata de darle un barniz de legalidad con decisiones del TSJ, dando a entender que se está cumpliendo una legalidad que no existe».
