Lo que el poder político en Venezuela no ha podido con los votos lo ha hecho por otras vías. Parte del camino a la dictadura ha sido el golpe de Estado propinado desde el Ejecutivo a través del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) contra cinco alcaldías de oposición y que se tradujo en sentencias de prisión (15 meses), destitución, orden de captura, inhabilitación y alerta roja internacional (caso de los que no están en el país) contra Gustavo Marcano (alcalde de Lechería, estado Anzoátegui), Alfredo Ramos (Barquisimeto, estado Lara), Carlos García (Libertador, estado Mérida), Ramón Muchacho (Chacao) y David Smolansky (El Hatillo).
En su momento, Acceso a la Justicia denunció que en cada causa (entre julio y agosto de 2017) hubo violaciones a derechos y principios fundamentales, pero lo más escandaloso fue que en una misma audiencia se les imputó y se les condenó sin derecho a la defensa (juicio sumario e inaudita parte). Hubo además violaciones del derecho al juez natural, pues los alcaldes fueron juzgados por la Sala Constitucional del TSJ y no por un juez penal, quien tenía la competencia exclusiva en este ámbito. También infringió el principio de separación de poderes, porque el máximo tribunal abrió un procedimiento de desacato de oficio contra los burgomaestres, lo cual es competencia de la Fiscalía; así como el principio de libertad personal, ya que intentó obligar a los enjuiciados a cumplir la condena en prisión, mientras lo que procedía era una suspensión condicional de la pena por ser menor a 5 años (15 meses).
De igual forma violentó el principio de imparcialidad del juez por ser el mismo tribunal (el TSJ) presuntamente agraviado por el desacato el que decide sobre su existencia y el castigo respectivo; el derecho a la defensa por la imputación y condena en la misma audiencia y el debido proceso porque las condenas se anunciaron por notas de prensa del TSJ que nunca publicó los contenidos de las respectivas sentencias ni su motivación.
De los condenados a la cárcel, sólo Alfredo Ramos fue apresado por el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en julio de 2017 y recluido en el Helicoide en Caracas durante casi 5 meses, para luego ser liberado con una medida cautelar por razones de salud. Ramón Muchacho, Smolansky y Marcano huyeron del país, mientras que el paradero de García es desconocido.
Otras 12 autoridades locales, más el hoy exgobernador Henrique Capriles, también estuvieron en la mira del alto Tribunal, con procesos abiertos, durante todo 2017 sólo por pensar distinto y respetar el derecho a la protesta ciudadana en las calles, lo que el Gobierno y el TSJ calificaron como obstaculización de vías públicas por lo que la orden era impedirlas.
Las para entonces autoridades locales intimidadas para que evitaran las manifestaciones en sus municipios fueron Gerardo Blyde (Baruta), José Luis Rodríguez (Carrizal, estado Miranda), José Fernández (Los Salias), Juan Peña (El Vigía, Mérida), Omar Lares (Campo Elías, Mérida), José Luis Machín (Barinas), Carlos Ocariz (Sucre), José Antonio Barreras (Palavecino, Lara), Jesús Aguilar (Socopó, Barinas), José Karcom Zogbe (Valera, Trujillo), Patricia De Ceballos (San Cristóbal) y Eveling de Rosales (Maracaibo).
La arremetida contra los alcaldes tuvo su origen en los procedimientos que en 2014 lanzó la Sala Constitucional contra los entonces mandatarios de San Diego (Carabobo), Enzo Scarano; y el de San Cristóbal (Táchira), Daniel Ceballos, a quienes destituyó y encarceló por no acatar sus órdenes de tomar medidas para evitar las protestas opositoras que ese año se registraron en sus localidades.
