El 15 de octubre de 2017 tuvieron lugar en Venezuela unas elecciones regionales en las que se escogieron a los nuevos gobernadores de 23 estados del país. Dichos comicios fueron ampliamente cuestionados durante y posteriormente al proceso por los actores políticos y organizaciones de la sociedad civil organizada.
Esta elección no fue más que la continuación y profundización de los ilícitos ya registrados en la votación de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de julio del año pasado. Entre otros, causó ruido la fecha de convocatoria de unos comicios que tradicionalmente se realizaban en diciembre, por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), para favorecer los intereses del Gobierno.
Además asombró la destitución arbitraria de un jefe regional, incluso después de ser elegido por el pueblo, Juan Pablo Guanipa en Zulia, por no quererse juramentar ante la írrita Asamblea Nacional Constituyente (ANC), lo que constituyó un claro golpe a la voluntad expresada por los ciudadanos en las urnas.
Aunado a ello, se verificaron inhabilitaciones de la Contraloría General de la República contra dirigentes opositores, que podían ser candidatos a gobernador, como el mandatario de Amazonas, Liborio Guarulla y de Miranda, Henrique Capriles Radonski, así como el impedimento por parte del Poder Electoral a la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), para la sustitución de candidaturas. Por si fuera poco, la gran mayoría de las organizaciones partidistas fueron obligadas a someterse a un proceso de renovación ante el ente comicial con múltiples obstáculos, como el poco tiempo para recabar las firmas y la insuficiencia de máquinas captahuellas para impedir una doble militancia que no está prohibida por la ley.
Luego, cuando apenas faltaban cuatro días para los comicios, el CNE sorprendió a los ciudadanos con la reubicación de 282 centros de votación, lo cual significó en la mayoría de los casos el desplazamiento del elector a zonas de difícil acceso.
Otro hecho que llamó la atención del proceso fue la manipulación del voto asistido, pues de ser un derecho de las personas con discapacidad pasó a ser usado por el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) como un mecanismo para sacar ventaja a favor de sus candidatos, sin ningún tipo de control de parte del árbitro electoral. A ello se le sumaron denuncias sobre el chantaje con las cajas de alimentos de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) y la instalación de los puntos rojos cerca de los centros de votación para que los electores pasaran a chequearse con el llamado Carnet de la Patria.
Ante tal escenario, los resultados electorales no fueron muy confiables y las denuncias de fraude por parte de candidatos como el de Bolívar, Andrés Velásquez, pasaron por debajo de la mesa, pues ante un CNE plegado al Ejecutivo, pocas eran las probabilidades de que los reclamos fueran atendidos.
La guinda del pastel fue lo que ocurrió después. La oposición al Gobierno, pese a hallarse en desventaja, ganó 5 jefaturas regionales de 23, a saber, Anzoátegui, Mérida, Nueva Esparta, Táchira y Zulia y sus gobernadores fueron obligados a juramentarse ante la ANC, ignorándose a las juntas electorales estadales.
Juan Pablo Guanipa, electo como gobernador del Zulia con 700.755 votos (el candidato más votado en todo el país) fue el único que se negó, por tal razón se le impidió tomar posesión de su cargo y mediante un decreto, la ANC llamó a nuevos comicios en la entidad. El Poder Electoral calló y acató la orden de una instancia ilegítima.
