Anulación de actos, amenazas y detención de parlamentarios, intervención de auditoría interna, supresión de recursos: esto es parte de la movida progresiva del Gobierno para dejar en cierre técnico a la Asamblea Nacional. Así lo explicó Laura Louza, directora de la ONG Acceso a la Justicia, durante una entrevista en el programa radial 60 Minutos con Carlos Fernándes por Play 95.5 FM en Caracas hoy 23 de febrero de 2017.
“Lo que quieren es un cierre técnico. Lo que vivimos es lo que Diosdado Cabello y los personeros del Gobierno advirtieron sobre la intención de disolver la AN. En suma lo que hemos visto en un año es la vía legal, entre comillas, de disolver el parlamento y quién sabe si el Gobierno terminará militarizando a la AN y prohíbe la entrada a los diputados”, afirmó la abogada constitucionalista.
Mientras el Gobierno, a través del Tribunal Supremo de Justicia, arrincona a la AN, ésta no ve respuesta oportuna a sus solicitudes de amparos. Louza citó un trabajo realizado por Acceso a la Justicia en el que se explica cómo los recursos intentados por diputados de la oposición (mayoría en el actual Parlamento) son respondidos por el TSJ en promedio 436,6 días después y en ningún caso en menos de un mes, llegando a esperar hasta más de 5 años en un caso. “Cómo la AN va a pedir un amparo si cuando pide algo no hay respuesta, en cambio cuando lo solicita el Ejecutivo es rápido y a favor”, denunció.
Incumplimiento de pago como excusa
Louza, quien también es profesora de sociología del derecho en la Universidad Central de Venezuela (UCV), explicó que una de las primeras excusas que usaron en contra de la AN es el fallo en los pagos a sus empleados.
“Un grupo de trabajadores dice que no se les paga el salario; es decir que la AN no cumple con sus funciones. Pero es que el presupuesto lo eroga la Tesorería, luego de una orden de la directiva de la AN. El Ejecutivo es el que está incumpliendo, no la Asamblea”, aseveró la abogada.
Louza aseveró que para que el Poder Legislativo sea independiente requiere de su presupuesto anual, que por ahora permanece cautivo por el Ejecutivo. “Hay una sentencia del TSJ que dice que como la AN no cumple con los pagos, el Ejecutivo es quien va a pagar, pero es él el ente que administra el presupuesto. Entonces ahí le quita otra función al Parlamento: la independencia presupuestaria, importantísima para que haya separación de poderes y democracia. El Ejecutivo ahora administra el presupuesto de la AN, pero no contento con eso, además se le va a hacer una auditoría”.
Con relación a esta auditoría solicitada recientemente por el Contralor General de la República, Louza expresó: “Este Gobierno es como una dictadura legalista. En este caso van a pedir un amparo cautelar al TSJ y si se lo otorga eso permitirá con una orden judicial entrar y hacer su auditoría, ya todos sabemos cuál será la respuesta”.
Diputados en la mira
La también profesora de la UCV calificó como grave la sentencia que solicita al Poder Ciudadano investigar a los diputados que promovieran la declaración del abandono del cargo del Presidente.
“Hay otra sentencia del TSJ que dice que como la Asamblea está en desacato y además ha habido una conspiración por parte de los diputados porque han estado mandando comunicaciones afuera sobre la situación de Venezuela, pide al Poder Ciudadano averiguar y eventualmente determinar si hay responsabilidad penal de algunos o todos los diputados, pero lo que me llamó la atención es que el año pasado antes de esta sentencia el contralor se pronunció sobre eso y dijo lo mismo en una carta dirigida al TSJ y al Ejecutivo, entonces cómo él puede hacer una averiguación de algo sobre lo que ya se pronunció”, manifestó Louza.
Ella agregó que otro factor que permite ver cómo se ha desplazado al Poder Legislativo es el desconocimiento de la nueva directiva de la AN, presidida por el diputado por Primero Justicia Julio Borges.
“El TSJ le solicitó a la AN que desincorporara a los diputados de Amazonas, pero que esta desincorporación la debía realizar la directiva anterior, la cual actualmente tiene el lapso vencido y que la Constitución no le permite hacer nada. Lo que pasó fue que ellos se constituyen (directiva de Borges) y después desincorporan a los parlamentarios de Amazonas. El TSJ dice que es la anterior la que los debe desincorporar porque es la que le tocaba hacerlo”.
Louza sostiene que en el fondo el desconocimiento de la nueva directiva de la AN se podría deber a un pase de factura al diputado por Acción Democrática, Henry Ramos Allup: “Hay un tema político donde ahora la idea es castigar a Ramos Allup por su gestión del año pasado y ese es el mecanismo que están usando, porque realmente en un Estado de Derecho todo es al revés porque la Asamblea Nacional es un órgano independiente, tiene unas garantías para ser independiente, entonces han violado la inmunidad, le han quitado sus funciones y lo que sucedería en un Estado de Derecho es precisamente que recurra a un amparo por la urgencia del caso para que restituya todo eso, y el Ejecutivo aquí está usando lo que los juristas llamamos vías de hecho que es cuando actúas prácticamente sin un amparo legal, aunque se le quiera dar esa apariencia de legalidad y recurriendo al Tribunal Supremo”.
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