Luego de las elecciones regionales del 15 de octubre le quedó más claro al venezolano la magnitud del poder de la clase política gobernante en el país y hasta dónde está dispuesto a usarlo.
Sobre este tema conversó la directora de Acceso a la Justicia, Laura Louza, en entrevista con Azalea Liscano en Super Stereo 98.1 FM de Margarita, el 23 de octubre de 2017.
“El Estado ya no está controlado ni limitado por el derecho, lo usa para establecer las reglas que le convienen según el juego político. No estamos dentro de la Constitución y eso lleva a que lo que vaya a pasar no sea previsible. El derecho permite trazar hacia dónde vamos, pero como no se aplica es difícil predecir”, expresó la abogada constitucionalista.
Recordó que la ruptura del orden constitucional no viene con el desconocimiento de la voluntad popular expresada en los comicios regionales y que llevó a la subordinación de cuatro gobernadores de Acción Democrática (AD) ante la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y el despojo de su investidura como nuevo mandatario del Zulia a Juan Pablo Guanipa de Primero Justicia, sino desde las sentencias 155 y 156 del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que anularon las competencias del Parlamento nacional en marzo de 2017. Lo que ha ocurrido, señaló es que la situación se agravó con la instalación de la ANC.
“El poder cada vez tiene más poder, y allí se ponen en evidencia los errores que tenemos como sociedad; tenemos que crecer, no podemos seguir dejándonos manipular. Parte de los errores de la oposición ha sido creer que los venezolanos somos los de antes y edulcorarnos las mentiras. La oposición debió hablar claro desde el principio, no prometer que el Gobierno saldría de un momento a otro o que por ejemplo acabaría con las colas (para comprar comida) en meses”, reprochó.
La directora de Acceso a la Justicia instó a la dirigencia política a convertirse en líder y dejar de actuar como si no supiera qué hacer, así como dejar de guiarse sólo por lo que le dicen las redes sociales.
“Juego macabro”
Louza admitió que la ONG Acceso a la Justicia estuvo de acuerdo con votar en las regionales, e incluso llamó a la ciudadanía a participar, porque no hay que ceder los espacios que se tienen hasta que se pierden completamente, pero lo ocurrido después demostró que el CNE no mantuvo ni las garantías de diciembre de 2015, por lo que no había garantías para que el derecho al sufragio fuera ejercido y respetado, ni siquiera mínimamente. Se trató de un “juego macabro” del Gobierno.
“La oposición democrática cometió muchos errores. Ella venía advirtiendo que no había Estado de derecho, por ello, llamó a la aplicación de los artículos (de la Constitución) 350 y 333, pero luego aceptó ir a elecciones. Es cierto que tenía miedo de repetir el error de 2005 (cuando no participó en los comicios parlamentarios con nefastas consecuencias), pero la situación no era la misma porque no había en esa época la ruptura del orden constitucional que hay ahora. Tampoco se podía confiar que una vez instalada la ANC en que habría las mismas reglas de (las parlamentarias) de 2015, cuando se ganó la mayoría de la Asamblea Nacional”.
También subrayó que los resultados que según el Consejo Nacional Electoral favorecieron al Gobierno con dieciocho jefaturas regionales el 15 de octubre no son legítimos por las irregularidades cometidas antes, durante y después de la jornada, y menos aún son indicadores de la realidad del país.
