La negación de justicia por retardo procesal y ausencia de indemnización son vicios del sistema judicial que no eximen al estamento militar. El coronel Ángel Alberto Bellorín esperó dieciocho años por un juicio que le dio la razón, pero no lo desagravió.
Era 1997, al para entonces teniente coronel Bellorín le correspondía el ascenso a coronel. Aunque obtuvo la mayor calificación entre los aspirantes, la junta evaluadora, sin motivarlo, le aplicó un factor de corrección que truncó su carrera. Según el sistema de evaluación militar, Bellorín obtuvo un puntaje que lo calificó para el ascenso, sin embargo, la junta evaluadora recomendó no promoverlo por «poco potencial» y le impuso una nota menor a la obtenida.
Entre 1997 y 1998, Bellorín agotó la vía administrativa tratando de revertir el dictamen que retardó su ascenso, alegando que le fue modificado su orden de mérito del puesto 1 al 84 dentro de la nómina inicial de evaluación. El militar además reclamó que le fue negado el derecho a la defensa, pues «al momento en que se estaba evaluando [su] expediente, y que se consideró que [era] un oficial con poco potencial, ni siquiera se le escuchó».
Bellorín no obtuvo respuesta favorable en vía administrativa y tuvo que recurrir a la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) exigiendo se condenara a la República al resarcimiento de los daños materiales y morales.En aquel momento (1998), por cada año transcurrido de su no ascenso pidió Bs 3.000, y un pago único de Bs 50 mil por la afectación moral.
La Sala Político Administrativa del TSJ falló en su contra en 2002, pero la Sala Constitucional en 2005 ordenó se dictara nueva sentencia, lo que no ocurrió hasta 2016. En el ínterin fue ascendido a coronel, pero obviamente con retardo respecto a su promoción.
El juicio en el TSJ pasó por inhibiciones, reasignaciones de ponencia y la salida y llegada de magistrados, que hicieron del caso uno de los peores ejemplos de retardo procesal. Solo redactar la nueva sentencia tomó casi once años.
Lo ocurrido a Bellorín es otra forma de negación de justicia. El TSJ se tomó dieciocho años para finalmente decirle que sí tenía la aptitud para ser ascendido en 1997, pero que lo ocurrido no le generó indemnización por daños materiales ni morales.
La negación de justicia en el caso además pasa porque al recibir la sentencia ya estaba en condición de retiro, con lo cual el reconocimiento de la mala decisión que lo afectó en 1997 ya no tuvo efecto sobre su carrera militar.
Del caso de Ángel Bellorín solo es rescatable que el TSJ determinó que al momento de usarse un factor de corrección sobre la nota de los aspirantes a ascenso, la misma debe ser motivada, para evitar una decisión arbitraria, lo cual podría ayudar a otros; mientras Bellorín, lamentablemente se queda con una sentencia que le da la razón pero le hizo perder el caso.
Si desea tener más información sobre la sentencia en cuestión puede consultar en el siguiente enlace: https://accesoalajusticia.org/control-judicial-de-la-discrecionalidad-en-la-evaluacion-para-ascenso-en-la-carrera-militar/
