«2024» y «represión» terminarán siendo sinónimos para los venezolanos. Al menos esto se deduce de lo afirmado el 13 de diciembre pasado por el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Volker Türk, quien denunció que la persecución y el hostigamiento contra la oposición y las voces disidentes en Venezuela no han hecho más que agudizarse a lo largo del año que está por concluir.
El señalamiento lo hizo el funcionario en la actualización oral que el pasado 13 de diciembre presentó al Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y donde expresó «su profunda preocupación» por los sucesos ocurridos luego de las cuestionadas elecciones presidenciales del 28 de julio, así como por la aprobación de normas como la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines (Ley Antisociedad) o más recientemente la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contra el Bloqueo imperialista y en Defensa de la República Bolivariana de Venezuela (Ley Simón Bolívar).
Tras recordar que las autoridades han asegurado que 2.000 personas han terminado tras las rejas luego de las manifestaciones en rechazo a la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de declarar a Nicolás Maduro ganador de los comicios, sin presentar los resultados totales y desglosados mesa por mesa, Türk expresó su alarma porque «muchas de estas personas hayan sido detenidas arbitrariamente, incluidos adolescentes y adultos jóvenes, miembros de la oposición, defensores de los derechos humanos, periodistas y abogados, así como transeúntes». Acto seguido, instó a la liberación de todos los que fueron privados ilegalmente de su libertad.
Sin embargo, la petición del alto comisionado no se limitaba a los arrestados en el marco de las protestas espontáneas que se produjeron luego de que el árbitro electoral ofreciera su primer boletín, sino que se hicieron extensivas a otras personas aprehendidas en los meses previos a las votaciones, como la presidenta de la organización Control Ciudadano, Rocío San Miguel; y otras que tienen años tras las rejas, como el también activista Javier Tarazona.
El funcionario calificó de «paso importante» tanto el centenar y medio de liberaciones que se produjeron a finales de noviembre como el nuevo centenar anunciado en días pasados por las autoridades.
Un tema que no se puede olvidar
Türk aprovechó su informe para pedir que se investiguen y sancionen «con prontitud y eficacia» a los responsables de las 28 muertes ocurridas luego de las presidenciales y durante los primeros días de agosto.
Para el funcionario, estos decesos fueron producto del «uso desproporcionado de la fuerza y la violencia durante las protestas postelectorales de julio y agosto, incluso por parte de individuos armados que apoyaban al Gobierno».
Este último comentario desató la ira de las autoridades. «Parece apoyar a los verdugos que atentan contra la población, convirtiéndose, de esa forma, en protector de los victimarios», denunció el fiscal general de la República, Tarek William Saab, quien instó al alto comisionado a «rectificar», pues «no existe ninguna denuncia que señale a miembros de los cuerpos de seguridad del Estado en actos de represión que hayan provocado heridos o fallecidos».
«La evidencia y las investigaciones apuntan claramente a personas armadas y grupos delincuenciales participantes en las protestas como autores de los disparos que causaron las 28 víctimas fatales y casi 200 lesionados», agregó.
Casi 5 meses después de ocurridas algunas de estas muertes, el Ministerio Público (MP) apenas ha informado de actuaciones para esclarecer dichos hechos. Por ejemplo, en el caso del sargento de la Guardia Nacional, José Antonio Torrent Blanca, anunció que hay un imputado, pero no ha habido mayor información en otros casos.Torrent Blanca perdió la vida tras recibir un disparo durante los disturbios registrados en Maracay, Aragua, después de los comicios, aseguró el comandante general de la Guardia Nacional, Elio Estrada Paredes.
Reforzando el cerco
La represión a través de acciones físicas no es la única que se ha agudizado en los últimos meses; también la institucional y administrativa en forma de leyes. Así, el alto comisionado denunció que la aprobación por parte de la Asamblea Nacional (AN) de instrumentos como la Ley Antisociedad o la Ley Simón Bolívar restringe el espacio cívico, por cuanto «vulneran gravemente el ejercicio de las libertades fundamentales de expresión, reunión, asociación y participación política».
El primer texto obliga a las agrupaciones sin fines de lucro, sin importar a qué se dediquen, a realizar una serie de nuevos trámites administrativos que dificultarán sus labores, so pena de ser anuladas.
Por su parte, el segundo texto legal mencionado prevé largas penas de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos para todos aquellos que
«promuevan, invoquen, respalden o participen en la imposición de medidas coercitivas unilaterales y otras medidas restrictivas o punitivas, así como de acciones contra la seguridad de la Nación, que atenten contra la soberanía, la nacionalidad, la independencia, la autodeterminación, la integridad territorial, los valores culturales, los símbolos patrios, los intereses de la República Bolivariana de Venezuela».
El funcionario instó a las autoridades a rectificar estos textos, al recordarles que «es esencial que (…) adopten medidas urgentes para garantizar un espacio cívico abierto e inclusivo, en consonancia con sus obligaciones en materia de derechos humanos».
¿Desempacar o mejor no?
Aunque Volker Türk inició su intervención confirmando que su oficina en Caracas ya está operando y haciendo votos para que en un futuro «vea completamente restaurada su capacidad», la reacción de las autoridades a su informe deja dudas más que razonables.
En un comunicado, la Cancillería calificó de «infame» el pronunciamiento de Türk y tras asegurar que su reporte «carece de sustento y objetividad», lo acusó de estar subordinado «a los intereses del decadente imperio estadounidense».
Esto afirmó al respecto el organismo gubernamental:
«Se ha convertido a la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU en un espacio al servicio de los sectores que promueven el caos, la desestabilización y la intervención extranjera, ignorando deliberadamente las acciones violentas financiadas desde el exterior».
A principios de año, la petición de Türk para que el Gobierno liberara a Rocío San Miguel fue el argumento de las autoridades para ordenar el cierre de la oficina en Caracas del ACNUDH.
El asunto de las actas volvió a salir
En el debate que el Consejo de Derechos Humanos celebró luego de que Volker Türk presentara su informe ofreció la posibilidad a los miembros para desempolvar la exigencia a las autoridades para que muestren las actas que certificarían el triunfo de Maduro.
El representante del Reino Unido denunció:
«Han pasado más de cuatro meses desde las presidenciales y las autoridades todavía no han presentado prueba alguna de su supuesta victoria, lo que han hecho es tomar más medidas para inducir miedo y aplastar a la sociedad civil y a la oposición».
La petición fue respaldada por Brasil, cuyo representante en el Consejo recordó que solo mediante la «verificación imparcial de los resultados» se puede garantizar la soberanía popular.
Y a ti venezolano, ¿cómo te afecta?
La última actualización oral del ACNUDH deja en claro que la situación de los derechos humanos en el país lejos de mejorar se agrava, lo cual augura a los venezolanos un 2025 difícil.
A pesar de que las autoridades han optado nuevamente por desacreditar el informe, el hecho de que se haya presentado en la misma semana en que se anunció la muerte de Jesús Rafael Álvarez, uno de los muchos venezolanos detenidos tras las protestas del 28 de julio, solo confirma las acusaciones de Volker Türk. A esta muerte se agrega la de Oswal González ocurrida el 16 de diciembre. Ambos casos son de personas detenidas en la cárcel de Tocuyito en el estado Carabobo.
