La Asamblea Nacional (AN) oficialista de 2020 quiere despedirse por todo lo alto. Así, en el último año de su período constitucional, además de la peliaguda tarea de llevar adelante una reforma constitucional en apenas 90 días que le impuso el jefe del Gobierno, Nicolás Maduro, el Parlamento se ha fijado la tarea de aprobar 22 leyes.
«Hemos tratado de elaborar un programa básico legislativo que tiene como objetivo cerrar la legislatura, es decir aquellas leyes que ya han sido aprobadas en primera discusión, que requieren consulta (pública) o que ya comenzaron la consulta se incluyeron para intentar aprobarlas en este período».
Esto anunció el presidente de la AN, diputado Jorge Rodríguez (PSUV), en la sesión del pasado 11 de febrero.
Entre los textos que los diputados esperan aprobar definitivamente destaca la polémica Ley Orgánica Contra el Fascismo, Neofascismo y Expresiones Similares, la cual facilitará la disolución de partidos, organizaciones sindicales, sociales y civiles que «promuevan, hagan apología o se fundamenten en el fascismo». Dicho instrumento, aunque ha sido cuestionado nacional e internacionalmente, ya fue aprobado en primera discusión en abril de 2024.
Otros textos que fueron incluidos en la agenda son la no menos cuestionada Ley de Cooperación Internacional y la Ley Especial de los Órganos de Dirección para la Defensa Integral.
Rodríguez también anunció que la AN buscará aprobar las leyes de Simplificación de las Contribuciones Especiales; la reforma de la Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal; la del Banco de la Comuna; la Ley Orgánica para la Protección de los Derechos Socioeconómicos; la Ley Orgánica de Minas y Minerales; la del Café; la del Fomento de Producción Nacional; la del Sistema Tributario y de Regalía del Distrito Capital; y del Cacao.
Una ley para regular la Inteligencia Artificial, otra para proteger a las niñas, niños y adolescentes en entornos virtuales; y la Ley de Atención Integral a las Personas Sordas o con otra Discapacidad Auditiva fue mencionada por el legislador entre las metas.
De cumplir con la oferta de 22 leyes, la AN culminaría su período de cinco años con más de 100 instrumentos en su haber. Sin embargo, hay motivos para dudar que esto ocurra, pues salvo en su primer año, el Parlamento no ha cumplido con la meta que se ha trazado.
Esperando a la reforma
Aunque la reforma de la legislación electoral figura en la agenda, Jorge Rodríguez anunció que «esas leyes pueden y deben esperar el proceso de reforma constitucional para adecuarlas».
Luego de las cuestionadas presidenciales del 28 de julio, el presidente de la AN anunció que la mayoría oficialista modificaría varias normas para impedirle participar en futuros procesos comiciales a «quienes hayan desconocido los resultados emitidos» por el Consejo Nacional Electoral (CNE).
«Nuestra aspiración debe ser que nunca más un ladrón, un tránsfuga, un apátrida, un violento, un fascista vuelva a ser candidato absolutamente a ningún cargo de elección popular en Venezuela, nunca más», justificó Rodríguez en ese momento.
Una tarea difícil
La agenda legislativa presentada por el presidente de la AN contiene un número de leyes menor que el período anterior. ¿Por qué? «Porque estamos trabajando con un número de 22 leyes, porque este año, esta AN también tiene que proceder a la discusión de la reforma constitucional propuesta por el presidente Nicolás Maduro», explicó.
Tras su juramentación en enero pasado, Maduro anunció que iniciaría un proceso para realizar una «amplia» modificación al texto fundamental de 1999. En los últimos días, el gobernante ha explicado que su propuesta persigue cuatro objetivos: la ampliación de la democracia directa y participativa y de los derechos políticos; la definición de los valores de la sociedad; una revisión del modelo económico; y una actualización de los postulados de la Constitución.
El pasado 15 de febrero, el jefe del Gobierno presentó «el primer proyecto (…) con casi 80 artículos», y en ese mismo acto le dio 90 días a la comisión que designó para que presente el proyecto de reforma definitivo al Parlamento.
El plazo fijado por el mandatario se antoja corto, tomando en consideración que el CNE convocó las elecciones legislativas para el 27 de abril, primero; y luego fueron pospuestas para el 25 de mayo.
Medidas draconianas
Maduro, quien exhibió un libro rojo, no mencionó ninguna de las disposiciones que aspira que sean modificadas ni precisó cómo pretende cambiarlas. Sin embargo, dio algunos indicios de hacia dónde iría la reforma. En ese sentido, reveló que espera incorporar definitivamente la figura del Poder Comunal como la cuarta rama del Poder Público tras el nacional, estadal y municipal.
«Serían cuatro instancias de poder, donde la base fundamental sería el poder social, comunal y popular», declaró, al tiempo que agregó que también aspira a «transformar de raíz» las gobernaciones y alcaldías, los consejos legislativos y concejos municipales.
El fallecido Hugo Chávez ya intentó incorporar esta figura a la Constitución de 1999 en su fallida reforma de 2007, pero el rechazo de la mayoría de los venezolanos no le impidió insistir con su propuesta y la puso en marcha mediante una serie de leyes de dudosa constitucionalidad.
Maduro también instó a que se incluyan en el texto fundamental penas «draconianas» para quienes busquen atentar contra la paz del país.
«En la Constitución debe quedar explícito y claro que Venezuela no tolerará ninguna amenaza fascista, sionista, neofascista o de cualquier característica y debe ser penada de la manera más draconiana posible», dijo, al tiempo que denunció que una «célula nazi» fue desarticulada en el país.
Cuatro días después, en otro acto, Maduro demandó que el proceso sea abierto. «Hay que resolver con métodos incluyentes, democráticos y convocantes, es decir que hay que escuchar y tomar en cuenta a todos», dijo.
Y a ti venezolano, ¿cómo te afecta?
La agenda legislativa presentada por el presidente de la AN no se refiere a la principal preocupación de los venezolanos: la economía y los deficientes servicios públicos. La prioridad de los diputados será seguir estrechando el cerco a la sociedad civil y a la disidencia con normas como la Ley contra el Fascismo y la Ley de Cooperación Internacional.
La decisión de Maduro de iniciar un nuevo proceso de reforma constitucional y del CNE de adelantar para mayo las elecciones parlamentarias parecen probar que los cambios ya han sido decididos desde las cúpulas y que el anunciado debate con la sociedad no es más que una promesa.
