El proyecto de Ley de Cooperación Internacional (PLCI) tiene antecedentes de más de una década, pues la primera versión se produjo en el año 2005 y fue aprobado en primera discusión el 13 de junio de 2006 por parte de la Asamblea Nacional . Luego, en el año 2010 y en el 2015 volvió a incorporarse en la agenda legislativa sin ser finalmente aprobado, generando diversos pronunciamientos en contra tanto de la sociedad civil como de organizaciones internacionales de derechos humanos y de órganos internacionales de protección como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos . Ahora se presenta un nuevo proyecto que incluye 2 artículos nuevos (el 4 y el 26) y una exposición de motivos con importantes cambios al documento original del año 2005.
En este reporte, Acceso a la Justicia presenta un análisis jurídico del proyecto de Ley de Cooperación Internacional para apreciar la intención del legislador expuesta en su motivación, así como analizar la coherencia de su estructura normativa.
Con este trabajo se busca señalar además las implicaciones de esta norma para las organizaciones no gubernamentales, los defensores de derechos humanos, los partidos políticos y cualquier organización o persona que reciba financiamiento internacional, el cual pasaría a estar estatizado: solo el Estado venezolano pasaría a recibir esos fondos para después distribuirlos como considere pertinente.
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