El deterioro institucional de Venezuela es inocultable. De la ausencia de separación de poderes, pasando por organismos públicos que sólo operan cuando así lo quiere el Ejecutivo, o la usurpación de funciones que se da en todos los ámbitos, en este país ocurre todo tipo de eventos que denotan la ausencia de Estado y la consecuente feudalización o anarquía en parte de su territorio.
Un claro ejemplo de esta realidad es cómo se ha hecho recurrente que el Ejecutivo deba publicar resoluciones que ratifican las funciones de cada nivel de poder, o incluso que anulan normativas emitidas de espaldas a la ley por autoridades regionales o locales. Tal es el caso de la distribución de bienes esenciales para la alimentación como ganado, pesca, carne, leche, quesos y productos agrícolas en general.
En lo que va de año, se han aprobado dos resoluciones que buscan frenar el autoritarismo y la arbitrariedad heredados del poder central por parte de las regiones. La más reciente está contenida en la Gaceta Oficial n.° 41.526 del 16 de noviembre de 2018, que ratifica la publicada en la Gaceta Oficial n.° 41.325 del 22 de enero de 2018, donde se establece la “restricción a las autoridades regionales y municipales de ejecutar acciones de control y distribución de alimentos, que impliquen la retención de rubros alimenticios a los productores, distribuidores y prestadores de servicios del sector agroalimentario en el territorio nacional”.
El artículo 50 de la Constitución establece que “toda persona puede transitar libremente y por cualquier medio por el territorio nacional, trasladar sus bienes y pertenencias en el país, sin más limitaciones que las establecidas por la ley”, pero pese a esto el Gobierno debe publicar periódicamente resoluciones, garantizando la libre circulación en el territorio nacional de mercancías de alto consumo.
Hechos
Por citar un caso sobre la extralimitación de funciones en materia de distribución se puede aludir al trayecto de cuarenta y cinco minutos que va de Acarigua-Araure (Portuguesa) a Cabudare-Barquisimeto (Lara), donde frecuentemente se disponen entre cuatro y cinco alcabalas, ya sea de la Policía Nacional Bolivariana, la Guardia Nacional Bolivariana o las policías regionales y municipales. Esto supone una suerte de viacrucis para el transporte de alimentos u otros productos, y lo mismo se repite en las principales arterias viales del país.
Durante este año, por lo menos cuatro gobernaciones, a saber, las de Guárico, Barinas, Apure y Cojedes, emitieron medidas orientadas a hacerse del control de la producción nacional a través de la regulación de precios, fijando cuotas de fabricación de rubros básicos, implementando fiscalizaciones o aplicando “compras” que en realidad se parecen más a confiscaciones. Más recientemente Portuguesa y Yaracuy hicieron lo propio.
Todas estas acciones contrarían la Constitución y las leyes, y el propio Gobierno así lo reconoce al emitir sendas resoluciones que tratan de frenar el abuso de funcionarios regionales y municipales, aunque en realidad son una consecuencia de la ausencia de autoridad ejecutiva nacional a lo largo del país.
A la fecha son diversas las normas locales que restringen periódicamente la libre circulación de cargas de alimentos, lo que en algunas ocasiones ha creado un caos jurídico y/o de interpretación sobre el texto aplicable, ya que, según denuncian los afectados, las normativas son usadas por algunos funcionarios para restringir el paso de mercancía y propiciar el “matraqueo” o cobro de coimas con la amenaza de retener y pechar la carga.
A esto se añade una política de gobernadores y alcaldes, sobre todo en periodos de escasez, quienes fijan precios máximos de comercialización y restringen la circulación de algunos productos agropecuarios hacia las ciudades principales del país o a estados fronterizos, arguyendo que deben garantizar el abastecimiento de su región primero y/o que presumen que dicha carga será pasada de contrabando a países limítrofes. Estos hechos han sido denunciados insistentemente por los productores, transportistas y gremios como la Federación Nacional de Ganaderos, Fedenaga.
Desde el Gobierno nacional, el control de la producción se ha ejercido estableciendo cuotas de procesamiento, también fijando precios, pero principalmente en materia de distribución, aprobando guías de movilización a través de la Superintendencia Nacional de Gestión Agroalimentaria (Sunagro), que es el único permiso que autoriza a transportar mercancía de consumo masivo en el país. Este documento está siendo usado como otro medio de presión contra productores y distribuidores, ya sea por fallas en la emisión del certificado, o en su desconocimiento en las regiones.
¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?
Aunque es necesario aplaudir que el Ejecutivo publique periódicamente resoluciones que dejan sin efectos normativas que restringen la libre circulación de producción primaria o procesada de alimentos, emitidas por autoridades sin competencia para ello, resulta necesario destacar que la ocurrencia de estos hechos refleja la afectación de la institucionalidad del país, donde el más alto poder del país, el Ejecutivo Nacional, debe aclarar asuntos que están suficientemente claros en las leyes y en nuestro contrato social, la Constitución.
Ante esto, consideramos oportuna una campaña masiva por parte del Gobierno Nacional que haga pública la prohibición de medidas de restricción o gravamen que impidan el acopio, transporte, distribución, comercialización o libre movilización de alimentos, de manera que se permita de forma real y tangible que el productor, transportista o consumidor pueda ejercer su pleno y constitucional derecho a la libre circulación por todo el territorio nacional. Lo más importante es que además la administración de justicia actúe frente a estos abusos de los funcionarios públicos.
Es necesario entender que la ausencia y el exceso de Gobierno, ambos presentes en Venezuela, el primero por la falta de institucionalidad y el segundo por el autoritarismo, también promueven prácticas irregulares como el cobro de coimas, que además de estar reñidas con la ética impactan en el bolsillo del consumidor, porque todo “gasto” será sumado al precio final del producto.
