La abogada constitucionalista y experta en derechos humanos, Claudia Nikken, abordó las perspectivas de la transición constitucional y la justicia transicional para Venezuela en un país en el que, de acuerdo con Alí Daniels, moderador del conversatorio La reconstrucción de paz en Venezuela: Transición democrática, justicia transicional y Corte Penal Internacional y codirector de Acceso a la Justicia, no ha habido transiciones: «No hay memoria histórica sobre transiciones. La de Venezuela es una historia llena de vencedores y vencidos. En el contexto actual, teniendo presente que cada país y situación tienen sus particularidades, existen caminos que podemos transitar».
En su ponencia, denominada El oficio de la reconstrucción democrática, Nikken se refirió al Memorando de Entendimiento firmado en agosto de 2021 en la ciudad de México entre representantes del Gobierno de Maduro y de la Plataforma Unitaria, bajo el auspicio del Reino de Noruega. Un texto en el que se define un objetivo: lograr un acuerdo mediante una negociación integral, incremental y pacífica, para llegar al establecimiento de reglas de convivencia política y social con respeto a la carta magna.
Nikken introduce las ideas de «deconstitución», asociada a una «ruptura» o abandono del orden constitucional, para la construcción de una transición y el paso hacia la «reconstitución», que debe estar apoyada en la «justicia transicional».
La transición constitucional —acota Nikken— empieza con una ruptura en la que se pasará de un régimen autoritario a unodemocrático, resultando clave el cese de la violencia pasada, presente o latente, para allanar el camino con el fin de lograr el restablecimiento del Estado de derecho. Esa ruptura no tienes por qué ser violenta, pues se puede lograr si se fundamenta en acuerdos, por ejemplo, o incluso mediante eventos electorales.
Las transiciones, según Nikken, dependen del contexto. Se trata de hacer cesar o de evitar la violencia y establecer reglas de convivencia que permitan pasar de un estadio a otro y restablecer las bases de un Estado democrático y de derecho.
Claudia Nikken describe la transición constitucional como una forma de democracia imperfecta, que busca establecer un nuevo orden: un Estado democrático de derecho. Para lograrlo, es indispensable tomar en consideración el grado de violencia que haya existido o que pueda suscitarse durante un proceso de transición, pues es sin ello no será posible, en la práctica, su sustitución en las nuevas reglas del juego mediante normas que la eviten y sancionen.
Sin un acuerdo entre las partes es muy difícil que se produzca una transición pacífica sustentable y una transformación institucional, advierte Nikken. La transición busca la reconstrucción como un paso indispensable para restablecer la democracia, pero después de un proceso de reconstrucción democrática es imprescindible asegurar la vigencia formal de ese pacto y su supervivencia en el tiempo.
La transición —apunta la profesora Nikken— es, pues, el encadenamiento entre el régimen anterior y el que está por venir, y que se caracteriza por su «anormalidad». Se trata de una situación necesaria de tipo extraordinario con reglas propias para pasar de un estadio a otro, y su «temporalidad» debe durar lo necesario para restablecer el Estado de derecho.
Se refiere luego Nikken a la justicia transicional como mecanismo salvaguarda del proceso de reconstrucción democrática, que concierne tanto la necesidad de saldar cuentas después de un conflicto violento, como poner fin a los daños traumáticos causados a los individuos y a la sociedad; que sobre todo persigue acabar con la cultura de impunidad y, en paralelo, sembrar la cultura de derechos humanos en un contexto democrático. Solo así sería posible alcanzar una verdadera reconciliación nacional junto al perdón de los responsables, siempre y cuando haya conocimiento de la verdad y el cese de la impunidad.
Volviendo al caso venezolano, con base en las ideas anteriores, Nikken subraya en el texto del Memorando de Entendimiento de agosto de 2021 el reconocimiento por las partes de«la necesidad de construir una visión de un futuro conjunto para todas las venezolanas y todos los venezolanos»; en el entendido, además, de que el proceso de diálogo y negociación las toma —a las partes— «[c]onvencidas de la importancia de promover una cultura de respeto a los derechos humanos y de investigar y sancionar su violación», en el marco de los principios del Estado constitucional de derecho.
