La crisis en la que se encuentra el país por la puesta en marcha del antidemocrático proceso constituyente convocado por el Presidente de la República tiene un nuevo capítulo. En esta ocasión los protagonistas son el Consejo Nacional Electoral (CNE), el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Ministerio Público (MP), a cargo de la fiscal general, quien ha sido noticia en los últimos tiempos por estar en contra de la iniciativa del Jefe de Estado.
En tal sentido, la presidenta del Poder Electoral, Tibisay Lucena ante posibles “sabotajes” en contra de la constituyente, en el programa José Vicente Hoy, aseveró que el órgano electoral acudirá al TSJ para que “indique cuáles son las medidas de protección para garantizar el ejercicio al sufragio como corresponde en una democracia”, en vista también de la “situación” que afirmó “hay con el MP”.
Al respecto, Acceso a la Justicia considera oportuno advertir que el único órgano del Estado competente para practicar las diligencias referentes a la investigación de los delitos penales de carácter electoral y la determinación de las correspondientes responsabilidades penales, según los artículos 285.3 de la Constitución, 265 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP) y 227 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, es el MP.
Por tanto, el CNE no se puede arrogar esa atribución, ni siquiera si el TSJ se la otorga. Si lo hace, se trata de otro acto de violación del orden democrático y constitucional.
De todas maneras habrá que esperar qué decide el TSJ frente a la solicitud del CNE, pero es importante a la luz de lo dicho por Lucena aclarar lo que dice el ordenamiento jurídico venezolano, en vista de que pareciera que el poder público se ha olvidado que está obligado a cumplirlo, ya que no se trata de una simple cuestión de conveniencia, sino de un mandato al que si no se lo acata se incurre en responsabilidades y sanciones.
Y a ti venezolano, ¿cómo te afecta?
Declaraciones como estas expresadas por la presidenta del CNE sólo siguen comprometiendo la independencia e imparcialidad del árbitro electoral y, por ende, representan una amenaza y otro retroceso más en la conquista de los derechos políticos de los venezolanos. Mientras tanto se acentúa el clima de suspicacia, incertidumbre y conflictividad que existe en el país.
