«Toda persona se presume inocente mientras no se pruebe lo contrario». Sin embargo, cuando se escuchan las intervenciones públicas del fiscal general impuesto por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, y sobre todo cuando se leen sus mensajes en su cuenta de Twitter, se puede dudar de la aplicación de dicho principio en Venezuela. En efecto, el funcionario usa epítetos para calificar, por no decir, condenar, a personas a las que su despacho apenas ha comenzado a investigar, lo que hace reflexionar sobre su supuesto rol como «parte de buena fe» en el proceso penal.
La conducta de la máxima autoridad del Ministerio Público (MP) ha provocado numerosas críticas. La última provino de los Centros Comunitarios de Aprendizaje (Cecodap), que el pasado 5 de mayo emitió un comunicado rechazando que el funcionario difundiera «el nombre, apellido, fotografía y/o video de adolescentes involucrados en situaciones de violencia y presunto acoso escolar», pues
«la exposición en redes sociales de cualquier adolescente responsable de un hecho punible promueve su estigmatización, y además que sea víctima de otras expresiones de violencia o que se emitan juicios públicos sin conocer con exactitud los hechos, sin haber culminado el proceso de investigación correspondiente».
Asimismo, la agrupación acusó a Saab de violar la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente (Lopnna), que en su artículo 65 garantiza «el derecho al honor, reputación, propia imagen, vida privada e intimidad familiar» de los niños y adolescentes, y prohíbe expresamente «exponer o divulgar, a través de cualquier medio, datos, informaciones o imágenes que permitan identificar, directa o indirectamente, cualquier niño, niña o adolescentes que haya sido sujeto activo o pasivo de hechos punibles».
Pese a los duros señalamientos de Cecodap, el funcionario ha continuado con su política. Así, el 10 de mayo, al anunciar una nueva averiguación contra un adolescente por acoso escolar en La Guaira, difundió un video en el que se ve a un chico agrediendo a otro.
La punta del iceberg
En Acceso a la Justicia realizamos una revisión superficial de la cuenta personal de Twitter del fiscal general y hallamos más de una docena de publicaciones, en las cuales utiliza calificativos como «aberrado», «delincuente» o «ladrón» para referirse a imputados.
Varios de los mensajes del fiscal general se refieren a sujetos involucrados en casos de abusos sexuales. Algunos de ellos son Ruby Salvador Tremont, detenido en julio de 2020 por presuntamente violar a una niña de once años; y Alejandro Moncada, respecto del cual en noviembre de 2021 el MP abrió una averiguación luego de que en un video calificara a las mujeres como «prostitutas».
Es llamativo que el fiscal general obvie utilizar términos como «presunto» o «supuesto» en sus mensajes e intervenciones públicas, con lo cual muchas veces da la impresión de estar imponiendo condenas anticipadas a los investigados, sin que todavía se haya celebrado el respectivo juicio.
También exsubalternos suyos han corrido la misma suerte. Así, el 30 de octubre de 2021, al anunciar que la exfiscal 34 de Carabobo, Roraima Ortiz, se puso a derecho para enfrentar una investigación por corrupción, Saab afirmó que hasta ese momento 217 exfiscales estaban siendo «procesados y judicializados por delincuentes».
La revisión realizada por Acceso a la Justicia permitió determinar que Saab ha emitido sentencias anticipadas en casos relacionados con maltrato animal y algunos en los que opositores o disidentes del Gobierno están involucrados, en particular su antecesora en el puesto, Luisa Ortega Díaz.
Digno de la inquisición
El comportamiento de Saab pone en entredicho el rol del MP, el cual, según la legislación vigente, no solo es el encargado de investigar los posibles delitos ocurridos en el país y ejercer la acción penal contra sus autores, sino que además debe determinar si los sospechosos son inocentes o no.
Magaly Vásquez, penalista y corredactora del Código Orgánico Procesal Penal (COPP), recordó lo siguiente en una videoconferencia celebrada en marzo de 2020:
«El fiscal del Ministerio Público en nuestro caso es parte de buena fe, porque no solamente está en la obligación de ejercer la acción penal; es decir de acusar a ultranza, sino que también está en la obligación de investigar tanto lo que incrimine al imputado como lo que lo favorezca (…) conforme a la legislación venezolana la función del fiscal no es la destrucción de la presunción de inocencia. Nuestra legislación establece que el objetivo de la investigación que debe conducir el Ministerio Público en la fase preparatoria es la búsqueda de la verdad y la verdad puede arrojar que el imputado no es el responsable del delito señalado».
El artículo 263 del COPP es claro al señalar que
«el Ministerio Público en el curso de la investigación hará constar no solo los hechos y circunstancias útiles para fundar la inculpación del imputado o imputada, sino también aquellos que sirvan para exculparlo. En este último caso, está obligado a facilitar al imputado o imputada los datos que lo o la favorezcan».
Y a ti venezolano, ¿cómo te afecta?
El comportamiento del fiscal general es otra muestra de la situación de indefensión en la que se encuentran los ciudadanos, en particular quienes disienten del Gobierno, por cuanto las más elementales garantías judiciales no son respetadas en el país.
La actitud de Saab corrobora lo señalado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en un informe publicado en 2013, en el cual señaló:
«La relación de dependencia que puedan tener las fiscalías respecto a otros órganos puede tener un impacto en su actuación independiente, tanto en la efectividad e impulso en las investigaciones como en la decisión del ejercicio de la acción penal o archivo de la investigación, así como las implicaciones que tenga en el debido proceso».
No se puede olvidar que el funcionario no consiguió su cargo como manda la Constitución y que además ha probado estar abiertamente comprometido con los gobiernos de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro, durante los cuales militó en el partido de Gobierno y ocupó cargos de constituyente, diputado, gobernador del estado Anzoátegui y defensor del Pueblo. En este último cargo, justamente, entre otros, por su activismo político fue degradada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
