Las entrevistas realizadas a distancia por un equipo de expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas sugieren que en Venezuela ha habido un uso generalizado y sistemático de fuerza excesiva y detenciones arbitrarias contra los manifestantes. Las conclusiones del equipo indican la existencia de un patrón de otras violaciones de derechos humanos, que abarcan allanamientos violentos de viviendas, torturas y malos tratos a las personas detenidas en relación con las protestas.
A falta de respuesta de las autoridades venezolanas a sus peticiones de acceso, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, desplegó un equipo de oficiales de derechos humanos para realizar un seguimiento a distancia, incluso desde Panamá, de la situación de derechos humanos del país, del 6 de junio al 31 de julio. El equipo llevó a cabo unas 135 entrevistas a víctimas y familiares, testigos, miembros de organizaciones de la sociedad civil, periodistas, abogados, médicos paramédicos y un funcionario de la oficina de la Fiscal General. También recibió información por escrito de la oficina del Defensor del Pueblo.
Los testigos relataron cómo las fuerzas de seguridad habían disparado sin previo aviso gases lacrimógenos y perdigones contra los manifestantes antigubernamentales. Varias de las personas entrevistadas afirmaron que cartuchos de gas lacrimógeno fueron disparadas a corta distancia y que la policía usó como munición canicas, perdigones, tuercas y tornillos. Según las fuentes, las fuerzas de seguridad también habían recurrido al uso de fuerza letal contra los manifestantes.
Según contaron los testigos, las fuerzas de seguridad, principalmente la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional Bolivariana, así como los cuerpos de policía locales, emplearon sistemáticamente la fuerza desproporcionada a fin de inspirar miedo, acallar a los disidentes y evitar que los manifestantes se reunieran y llegaran ante las instituciones públicas para presentar sus peticiones. Las instancias gubernamentales en muy raras ocasiones condenaron esos incidentes.
Hasta el 31 de julio, la Oficina de la Fiscal General había investigado 124 muertes en el contexto de las manifestaciones. Según el análisis del equipo del ACNUDH, las fuerzas de seguridad son responsables de al menos 46 de esas muertes, mientras que los grupos armados progubernamentales, denominados “colectivos armados”, serían responsables de otros 27 fallecimientos. En cuanto al resto de las muertes, aún no está claro quién las perpetró.
La Oficina de la Fiscal General investigaba también al menos 1.958 casos de heridos, aunque el número real de personas que han sufrido lesiones podrían ser mucho mayor. La información compilada por el equipo indica que los colectivos armados, montados en motocicletas, suelen atacar y acosar a los manifestantes.En determinados casos también les disparan con armas de fuego.
Aunque no se dispone de estadísticas oficiales sobre el número de detenciones, los cálculos más fidedignos indican que desde el 1 de abril, cuando comenzaron las manifestaciones, hasta el 31 de julio, más de 5.051 personas sufrieron detención arbitraria. Más de 1.000 personas siguen detenidas en conexión con las manifestaciones. En varios casos examinados por el ACNUDH hay indicios verosímiles de que las fuerzas de seguridad han infligido tratos crueles, inhumanos o degradantes a los detenidos, y que en algunas ocasiones han recurrido a la tortura.
Entre los métodos usados figuran choques eléctricos, golpizas en las que han empleado hasta los cascos y las porras, mientras los detenidos estaban esposados, la práctica de colgar a los reos de las muñecas durante periodos prolongados, asfixiarlos con gases y amenazarlos con la muerte –y en algunos casos con la violencia sexual- a ellos y a sus familiares.
“Desde que la ola de manifestaciones comenzó en el mes de abril, se ha aplicado un patrón evidente de uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes. Según las fuentes, varios miles de personas han sido detenidas arbitrariamente, muchas de ellas han sido víctimas de malos tratos e incluso de torturas, y varios cientos han sido juzgadas en tribunales militares, en vez de presentarlas ante los tribunales civiles”, declaró Zeid. “Y no hay indicios de que esa actuación vaya a cesar”.
“Esas violaciones ocurren en plena ruptura del Estado de derecho en Venezuela, con ataques constantes del gobierno a la Asamblea Nacional y a la Oficina de la Fiscal General”, agregó Zeid. “La responsabilidad de las violaciones de derechos humanos que estamos registrando corresponde a los más altos niveles del gobierno”.
El Alto Comisionado afirmó que la decisión de cesar en su cargo a la Fiscal General, adoptada por la Asamblea Constituyente el 5 de agosto, es motivo de honda inquietud, e instó a las autoridades a que garanticen la investigación independiente y eficaz de las violaciones de derechos humanos en las que estén involucrados los cuerpos de seguridad y los colectivos armados. Zeid exhortó a las autoridades a que presten atención al llamamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que pidió al Estado venezolano que tomara medidas para garantizar la protección de la Fiscal General depuesta.
El Alto Comisionado expresó también su grave preocupación por los numerosos casos de allanamiento violento e ilegal de viviendas relatados al equipo. Las víctimas y los testigos dijeron que los allanamientos se habían realizado sin orden judicial, supuestamente en búsqueda de manifestantes. Los testimonios recibidos indican que hubo destrucción de propiedad privada en el curso de esas operaciones.
Varios periodistas y empleados de prensa señalaron que las fuerzas de seguridad han obstruido su trabajo de informar sobre las manifestaciones. Según las fuentes, algunos y algunas periodistas han recibido impactos de cartuchos de gas lacrimógeno y perdigones, a pesar de que llevaban claramente visible su distintivo de periodistas. En varias ocasiones los y las periodistas han sido detenidos y amenazados y han sido despojados de sus equipos.
Algunos grupos de manifestantes también han actuado con violencia y se ha informado de ataques contra agentes de las fuerzas de seguridad. Ocho elementos de los cuerpos de seguridad han muerto en el contexto de las manifestaciones.
El Alto Comisionado instó a las autoridades venezolanas a que pongan fin de inmediato al uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes, cesen las detenciones arbitrarias y liberen a todas las personas que han sido detenidas arbitrariamente. Zeid recordó a las autoridades la prohibición absoluta de usar la tortura, de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos. Asimismo, pidió que se suspenda el uso de tribunales militares para juzgar a los civiles.
“Exhorto a todas las partes a que colaboren con el fin de solucionar las tensiones del país, que se agravan con rapidez, a que renuncien al uso de la violencia y a que tomen medidas con miras a establecer un diálogo político significativo”, declaró Zeid.
Está previsto que a finales de agosto de este año se publique un informe completo, con las conclusiones del equipo.
