“La justicia es un bastión del estado de derecho, y sin justicia no vamos a poder luchar contra la arbitrariedad y tampoco vamos a tener paz” (Gloria Borrero)
Desde Colombia, asistió como invitada especial al seminario “Radiografía de la justicia en Venezuela”, Gloría María Borrero, Directora de la Corporación Excelencia en la Justicia, una ONG que está cumpliendo 20 años de ejercicio. Durante su intervención mostró algunos de los avances del sistema de justicia en su país, aunque lamentó el poco presupuesto designado a la materia lo que ocasiona retrasos procesales y jueces con gran cantidad de casos en sus manos.
Según Borrero, en Colombia sí existe una relativa independencia judicial, allá no es tan evidente la interferencia de las otras ramas del poder público en la administración de justicia, pero hay riesgos muy altos que atentan contra la independencia judicial, y pone los siguientes ejemplos: los guerrilleros, las mafias y delincuentes que han capturado muchos estamentos y administraciones locales; además mencionó los casos donde jueces y magistrados han colaborado en temas de corrupción; aunque enfatizó que solo se conocen casos específicos y que no hay estudios profundos sobre el tema.
Justicia corporativa: ventajas y desventajas
Desde el año 1991, en Colombia se produjo un cambio en el sistema de justicia, según Borrero “se corporativizó”, lo que trajo beneficios de estabilidad a los jueces porque a partir de la fecha podían hacer carrera judicial. Sin embargo, esta misma condición provocó que se convirtiera en un sistema hermético, gobernado por grandes familias judiciales, donde para terceros penetrar o acceder era bastante difícil.
El papel de la rama judicial ha estado presente en los grandes conflictos nacionales, Colombia cada vez más es un estado de derecho, porque se respeta más el derecho a la vida y se ha pacificado más el país. Ha estado en el desmonte de gran cantidad de carteles de la droga, paramilitarismo, carruseles de contratación, parapolítica, defraudación de pirámides y por casos de connotación nacional que ocurren en el mercado de valores; además, ha controlado otros poderes del estado, por ejemplo fue la justicia la que impidió la tercera reelección presidencial y cerró las puertas para que eso sucediera.
“La justicia en Colombia ha ocupado esos vacíos que han dejado las otras ramas del poder público, y podemos decir, que hemos tenido unos jueces bastante proactivos, el problema es como volvemos a que tengan su papel, tenemos jueces que co-legislan como la corte constitucional y por ejemplo le dan plazo al Congreso para regular el matrimonio gay, así esa corte le dio plazo de un año y como no lo hizo sacó una sentencia y dijo que en Colombia es posible el matrimonio gay, en otras oportunidades no da plazo y cambia el marco normativo” señaló Borrero.
Colombia para poder aplicar las reformas procesales ha invertido recursos en el tema de la descongestión judicial, y sí sirvió para sacar 480 mil procesos del inventario, sin embargo, el poder judicial en relación al presupuesto general nacional recibe muy poco, “necesita mucha más plata y cuando uno ve todo lo que gasta Colombia en defensa por el conflicto armado que es 30% del presupuesto uno dice: cuando dejemos la guerra ojalá nos quede plata para el resto de las cosas”.
Por otra parte, Borrero indicó que a nivel nacional cuentan con 12 fiscales y 11.6 jueces por cada 100 mil habitantes, de esos jueces 4103 están en carrera, 2826 están provistos en propiedad y 1277 en provisionalidad, “vemos que nos parecemos un poquito a ustedes (se refiere a Venezuela) tenemos disfuncionalidades, no tenemos adecuados modelos de gestión” (paréntesis nuestro).
La independencia de los jueces en Colombia se ve afectada por varios factores como interferencias indebidas de los medios de comunicación, quienes según Borrero le ponen la agenda a los jueces dándole relevancia a algunos casos por el carácter mediático que poseen. Por otro lado, la Fiscalía amenaza a los jueces con una investigación penal cuando no le hacen caso. En pocas palabras, hay muchos riesgos a la independencia judicial, hay mecanismos insuficientes para garantizar la capacidad del juez, fallas en el control judicial e interferencias de otras ramas del poder público.
La hiperinflación normativa, también representa un problema para la seguridad jurídica en Colombia, la directora de Corporación Excelencia en la Justicia señala que hay normas contradictorias, que los jueces todavía no saben cuál es el marco normativo que van a aplicar, la jurisprudencia aún no se conoce, por ejemplo, tenemos competencias muy parecidas entre Consejo de Estado y la Corte Suprema de justicia en materia laboral, y salen sentencias contradictorias en una misma semana, la Academia no se preocupa por eso y todo eso ha contribuido a que tengamos una crisis de legitimidad en la justicia colombiana.
La reforma constitucional de 2015 y sus implicaciones
La ausencia de timonel en la rama judicial ocasionado por el limbo de una reforma constitucional aprobada el año pasado, hizo que el Consejo Superior de la Judicatura que debía dejar sus funciones en diciembre de 2015, esté otra vez funcionando y que se corra el riesgo de seguir con el esquema anterior.
Colombia antes de la Constitución del 91 no tenía independencia judicial, la justicia era administrada por el Ejecutivo, pero en el 91 se le da independencia administrativa al poder judicial a través de la creación del Consejo de la Judicatura. No obstante, desde el primer día esa entidad ha sido duramente criticada porque “para gobernar y administrar la rama se necesita un equipo multidisciplinario y no solo de abogados”, asegura Borrero. A pesar de todo, el balance no es negativo, hicieron lo de la carrera judicial y las reformas procesales de los últimos años.
Hace 4 años se logró hacer una reforma mucho mejor que la del año pasado, y en el último minuto en la conciliación entre las dos Cámaras, dijeron que iban a dejar sueltos a unos delincuentes importantes y el Presidente en un acto decidió no sancionar la reforma constitucional y la hundieron, el Presidente no tiene por qué sancionar una reforma constitucional y todos los poderes públicos guardaron silencio y dejaron hundir la reforma, el que estaba presionando detrás era el Poder Judicial.
El Presidente Juan Manuel Santos presentó hace dos años una nueva reforma que se llama Equilibrio de Poderes, mucho más modesta pero que propone modificar el órgano de gobierno del Poder Judicial, modifica perfiles y puso un órgano de gobierno mixto donde intervienen los 3 presidentes de la cortes, 3 expertos, un delegado de magistrados y jueces y un delegado de los funcionarios de la rama de judicial, esa reforma aprobada para el órgano que sustituiría al Consejo de la Judicatura no lo han dejado empezar a funcionar.
A la fecha, ya se hicieron elecciones para escoger los delegados, pero las demandaron y están suspendidas, se nombraron a los expertos, y también se demandó el nombramiento de los expertos y mientras tanto se demandó el esquema de Equilibrio de Poderes, y hoy todo ese esquema está suspendido; aunque se está tramitando en el Congreso la ley estatutaria para poder aplicar la reforma.
Para Gloría María Borrero la solución era ser más exigentes para que los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura así sean abogados, fueran expertos en otras cosas; “no sé qué va a pasar, yo creo que se va a caer, no se va a implementar y reformar la administración era necesario, por eso y principalmente porque las cortes no tienen control, hacen lo que les da la gana, porque el órgano político que los controla no funciona”.
“Yo considero que la rama judicial es ingobernable, y hay ya desespero de los ciudadanos por la administración de justicia, se han presentado en este año 3 linchamientos de ciudadanos, y ese es el síntoma más grave de que no tenemos justicia”.
Según la encuesta Gallup de Mayo 2016, el 81% de los ciudadanos no confía en la administración de justicia.
Por otra parte, como todos los jueces en Colombia son jueces de tutela, la tutela se está tragando la jurisdicción ordinaria y todo es un palo en la rueda de la producción, porque primero hay que resolver la tutela entonces uno tranca el sistema, el proceso ordinario para poder atender las tutelas y eso le está haciendo mucho daño a la productividad.
Finalmente, Borrero indica que para lograr las mejoras del sistema hay que relegitimar la figura del juez, mejorar el servicio ciudadano, mejorar la gobernabilidad de la rama judicial, luchar por mayor transparencia, mayor rendición de cuentas y contra la corrupción judicial.
