Criminalización de la asistencia humanitaria en Venezuela. El caso Azul Positivo

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«Ama a tu prójimo como a ti mismo». Este mandamiento, contenido en Mateo 22:39, es el núcleo fundamental del cristianismo, y distintas organizaciones caritativas y de derechos humanos en Venezuela, lo practican. Entre ellas destaca la agrupación zuliana Azul Positivo, que desde 2004 trabaja combatiendo el VIH y atendiendo a otros necesitados en el área de salud. Además, debido a la emergencia humanitaria compleja que vive el país, ha extendido su acción a otros grupos vulnerables, a quienes ha ayudado a adquirir alimentos mediante la entrega de tarjetas de débito en las que deposita dinero que recibe de la cooperación internacional. Sin embargo, recientemente ha sido objeto de persecución política al punto de detenerse a cinco de sus miembros.

El pasado 12 de enero, funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y del Servicio de Investigación Penal del estado Zulia (Sipez) allanaron la sede de Azul Positivo en Maracaibo. Horas después se conoció que un juzgado castrense ordenó el procedimiento, aunque días después le envió el caso a un tribunal penal ordinario (4° de Control de Zulia), el cual, el 14 de enero decretó la medida privativa de libertad contra cinco de los miembros de la organización.

Como si esta irregularidad no fuera suficiente, a los detenidos (Johan León Reyes, Yordy Bermúdez, Layners Gutiérrez Díaz, Alejandro Gómez Di Maggio y Luis Ferrebuz) no se les permitió hablar con sus abogados hasta el momento de la audiencia de presentación, dejándolos indefensos tanto durante el allanamiento como en el tiempo en que estuvieron detenidos antes de la audiencia, lo cual, además de ser una clara violación al debido proceso y al derecho a la defensa, constituye una detención arbitraria.

Lo que más llama la atención es que el Ministerio Público y el Poder Judicial consideren que la actividad de la ONG, pese a contar con el respaldo de agencias de Naciones Unidas, como ONUSIDA y otras organizaciones humanitarias reconocidas, presuntamente encuadre en el delito de legitimación de capitales, previsto en el artículo 35 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo y castigado con una pena de diez a quince años de prisión.

También le achacan a la organización el presunto uso fraudulento de tarjetas inteligentes con tarjetas de pago, establecido en el artículo 16 de la Ley Especial contra los Delitos Informáticos con una sanción de cinco a diez años de prisión, y, por último, el delito de asociación para delinquir, regulado en el artículo 37 de Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, y penado con prisión de seis a diez años.

Análisis de los presuntos delitos imputados

En cuanto al supuesto delito de legitimación de capitales, para que se configure es necesario que el origen de los fondos sea ilícito y que se pretenda esconder o aparentar que esos fondos son legales. En este caso, los fondos provienen de la cooperación internacional y están plenamente acreditados, por lo que son lícitos, y Azul Positivo no los ha escondido, ya que pertenecen a un programa público y comunicacional. Es más, el dinero no se mantiene en manos de los responsables de la organización, sino que termina como alimentos para los beneficiarios, de modo, que no hay nada que legitimar.

Sobre el segundo delito imputado, el uso fraudulento de tarjetas electrónicas, este ocurre cuando se pretende incorporar usuarios, cuentas, registros o consumos inexistentes o modificar su cuantía. Pero nada de esto ha ocurrido en el caso de la ONG zuliana porque los beneficiarios están plenamente identificados, así como los comercios vinculados al programa humanitario, por lo que no hay necesidad de manipular tarjetas ni alterar sus montos.

Para que haya asociación para delinquir, el último delito imputado, es necesario que haya una agrupación para cometer actividades criminales. Dado que los delitos principales no existen, este último también carece de sustento. 

De mal en peor

El proceso contra Azul Positivo representa el más reciente episodio dentro de la arremetida oficialista contra el movimiento de derechos humanos y las organizaciones civiles que vienen tratando de mitigar los efectos de la crisis humanitaria que vive Venezuela.

En diciembre los directivos de Convite sufrieron el allanamiento de su sede por agentes de la Policía Nacional en Caracas. Semanas antes, la sede de Alimenta La Solidaridad y la casa de su director, Roberto Patiño, también fueron visitadas por agentes policiales, mientras que las cuentas de la agrupación fueron congeladas.

En noviembre, la Superintendencia de Instituciones del Sector Financiero (Sudeban) ordenó a los bancos que monitorearan las cuentas de las ONG y días antes los ministerios del Interior y Exteriores emitieron una resolución conjunta creando un registro en el que deberán inscribir las agrupaciones internacionales no domiciliadas en el país.

Antes, la ONG Acción Solidaria también fue víctima de una situación similar, mientras que el director del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), Rafael Uzcátegui, y la vocera de Control Ciudadano, Rocío San Miguel, han sido atacados más recientemente en el programa Con el mazo dando.

El panorama es tan grave que la portavoz del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Marta Hurtado, expresó públicamente su preocupación: «Los Estados no deberían imponer restricciones indebidas a la capacidad de las ONG de acceder a la financiación de fuentes nacionales, extranjeras o internacionales», dijo la funcionaria internacional.

Asimismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatoría Especial Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) de la CIDH expresaron su preocupación por el allanamiento a la sede de Azul Positivo.

Finalmente, Amnistía Internacional nombró presos de conciencia a los cinco miembros detenidos de la ONG humanitaria Azul Positivo.  

¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?

El caso de Azul Positivo no tiene base legal alguna y no es más que otro ataque contra las organizaciones humanitarias que proveen de alimentos y otros insumos de primera necesidad a quienes más los necesitan y son las primeras víctimas de la paralización de estos programas por la persecución oficial. De hecho, a causa de la detención de los cinco miembros de Azul Positivo, la ONU y sus socios han tenido que suspender temporalmente los programas de transferencias monetarias.

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