Delson de Jesús Guárate Pino, candidato del partido de oposición Voluntad Popular, ganó la alcaldía del municipio Mario Briceño Iragorry (MBI) del estado Aragua en el año 2013.
Desde que asumió funciones fue objeto de agresiones junto a su familia (que incluyó asesinatos de un hermano y un sobrino) y saboteos a su gestión, de lo cual siempre responsabilizó al para entonces gobernador Tareck El Aissami.
21 de enero de 2015
El Ministerio Público (MP) le imputó el delito de instigación por su presunta vinculación con hechos de violencia ocurridos desde el 12 de febrero hasta finales de junio de 2014, durante protestas contra el Gobierno nacional en el estado Aragua.
Para entonces Guárate denunció que la acusación obedeció a razones políticas.
2 de octubre de 2015
El Tribunal Agrario de Aragua le ordenó ejecutar la labor de recolección de basura en 30 días. El alcalde, a pesar de tener la disposición de cumplir una de sus funciones, la ejecutaba parcialmente porque no contaba con camiones compactadores de basura, retenidos por la gobernación.
16 de octubre de 2015
La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia admitió la demanda de un grupo de habitantes del municipio Mario Briceño Iragorry y ordenó al alcalde realizar todas las acciones y utilizar “todos los recursos materiales y humanos necesarios para recolectar inmediatamente, sin dilaciones y de forma regular y periódica, la basura y los desechos existentes y que se generaren en las distinta parroquias que comprenden el municipio en el cual debe ejercer sus competencias”.
La instancia señaló que la orden debía ser ejecutada inmediata e incondicionalmente, y que el alcalde debería demostrar su cumplimiento cabal al máximo juzgado de la República, so pena de incurrir en las responsabilidades previstas en el ordenamiento jurídico.
30 de agosto de 2016
Dos días antes de La Gran Toma de Caracas, el MP solicitó orden de aprehensión en contra del alcalde por la presunta comisión de los delitos de contravención de planes de ordenación del territorio y disposición indebida de residuos o desechos sólidos peligrosos, previstos en la Ley Penal del Ambiente, los cuales no superan penas de tres años de arresto o pena pecuniaria de multa. Esta solicitud de orden de aprehensión fue acordada por parte del Tribunal 3º de Control del estado Aragua, a pesar de que legalmente no era procedente una orden de aprehensión por tales delitos.
2 de septiembre de 2016
Un día después de la toma de Caracas, el MP solicitó orden de allanamiento sobre la vivienda de Guárate a fin de dar cumplimiento a la orden de aprehensión dictada en su contra, haciéndose efectiva bajo circunstancias irregulares. Hay testigos que aseveran que el allanamiento fue practicado con posterioridad a la aprehensión y que participaron funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) no autorizados en la orden de allanamiento. Otra de las graves irregularidades es el hallazgo en la residencia del alcalde de una granada fragmentaria, lo cual no fue visualizado por los testigos de la requisa.
El MP acusó a Guárate, que fue llevado a la fuerza por el Sebin de la sede de la alcaldía, por los delitos previstos en la Ley Penal del Ambiente y el delito de detentación de arma de guerra, el cual prevé una pena de prisión de seis a diez años. Se mantuvo en su contra la medida de detención. Fue enviado al Helicoide, sede del Sebin, en Caracas.
9 de septiembre de 2016
La fiscal provisoria 88 nacional con competencia en defensa ambiental, Luz Mayela Hernández Pedraza, solicitó a la Sala de Casación Penal del TSJ trasladar a un juzgado de Caracas la tarea de conocer el proceso contra el alcalde.
La representante del MP apeló al artículo 64 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP) para realizar la solicitud. La norma anterior establece que “cuando se trate de delitos graves, cuya perpetración cause alarma, sensación o escándalo público” un juicio podrá ser sacado de un tribunal de un estado a otro, en este caso desde Aragua hasta la capital de la República.
La Sala admitió el recurso el día 12 de septiembre.
21 de septiembre de 2016
El alcalde es trasladado de emergencia al Hospital Militar de Caracas por presentar gastritis aguda.
3 de octubre de 2016
Familiares denunciaron que el Sebin sacó a Guárate del centro asistencial sin alta médica y lo regresó al Helicoide.
21 de octubre de 2016
La Sala de Casación Penal del TSJ sentenció a favor de radicar la causa contra Guárate en el Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, correspondiéndole el caso al Tribunal 43º de Control de la capital de la República.
15 noviembre de 2016
Delson Guárate cae nuevamente enfermo, por lo que es llevado otra vez al referido centro de salud. Sus familiares denunciaron que no recibe el tratamiento médico adecuado.
Presentó hemorragia intestinal, dolores abdominales y recrecimiento del bazo. Sufre de hipertensión, diabetes y perdió 28 kilos de peso.
14 de enero de 2017
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó al Gobierno de Venezuela que adoptara las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad de Guárate.
15 de marzo de 2017
El alcalde fue operado de su afección intestinal. Comenzó a recibir dosis de insulina cristalina y nph. El tratamiento debía colocarse cinco veces al día pero por la escasez de medicinas presentó dificultades para adquirirlo.
La defensa solicitó en reiteradas oportunidades una medida de arresto domiciliario por razones humanitarias, lo cual no ha recibido respuesta.
2 de septiembre de 2017
Cumplió un año detenido, enfermo y sin audiencia preliminar que, para la fecha, el Tribunal 43 de Control de Caracas ya había diferido una novena vez por falta de traslado desde el Hospital Militar.
4 de octubre de 2017
La audiencia preliminar se difiere por décima vez. La nueva fecha es el 2 de noviembre. Desde su condición de hospitalizado Guárate se declara en huelga de hambre. Denuncia además que no recibe la atención médica necesaria para su patología.
