11 de enero de 2021
Funcionarios de DGCIM detuvieron a un comerciante en el municipio San Francisco (Edo. Zulia) por el uso de tarjetas de pago en su establecimiento. En este procedimiento se llevaron detenido al propietario del local, y quisieron llevarse detenido al beneficiario de la tarjeta, al día siguiente en horas de la madrugada liberaron sin cargos al comerciante.
Cabe señalar que Azul positivo es una organización humanitaria del Estado Zulia que lleva proyectos con las agencias de Naciones Unidas, entre otras, con ACNUR y ONUSIDA, tiene más de 16 años prestando su ayuda en las comunidades y entre 2015 a 2020 atendió a 43.992 personas. En concreto, el objeto de la investigación es su proyecto de transferencias directas, mediante el cual se dan tarjetas prepagadas a familias especialmente vulnerables para que con ellas compren alimentos de la canasta básica. Tal proyecto se enmarca dentro de los proyectos de ayuda humanitarias realizadas con Naciones Unidas.
12 de enero de 2021
DGCIM citó a Johan León Reyes, director general de la ONG para que se presentara en la sede del ZODI. Sin embargo, ese mismo día se presentaron 15 funcionarios militares y de la policía en la sede de la organización para interrogar a sus miembros alegando que estaban realizando una “investigación administrativa” y que terminó con la incautación de equipos de trabajo y las tarjetas prepagadas. A pesar de ser una “investigación administrativa” se le impidió tener acceso a sus abogados.
Tras el procedimiento realizado durante 6 horas se llevaron detenidos a 5 miembros de la organización, uno de ellos (que estaba ausente al momento del operativo policial) fue buscado en su domicilio.
Los trabajadores humanitarios detenidos fueron: Johan León Reyes, director de la ONG; Yordy Bermúdez Gutiérrez, director ejecutivo; Layners Gutiérrez Díaz, director de finanzas; Alejandro Gómez Di Maggio, asistente administrativo; y Luis Ferrebuz, promotor social. También fue detenido Miguel Guerra Raydan, quien posteriormente fue liberado sin cargos.
14 de enero de 2021
En la mañana son llevados ante el Tribunal Militar Décimo Octavo de Maracaibo del estado Zulia. Éste declina su competencia y remite la causa a los tribunales ordinarios. La causa fue recibida por el tribunal 4to de Control del Circuito Judicial Penal del Zulia, a cargo de la jueza Yesiré Rincón Pertuz, quien en horas de la tarde realizó la audiencia de presentación. Por su parte, el representante del Ministerio Público en el caso es la Fiscalía 77 con competencia en delitos económicos y fronterizos a cargo de José Gregorio Rondón como fiscal titular, y de Reyner Ramírez Morales como fiscal auxiliar. Debe destacarse que hasta ese momento, e incluso en la audiencia, los detenidos no tuvieron la posibilidad de una reunión privada con sus defensores.
La audiencia finalizó con la declaratoria de la legalidad de la aprehensión, la admisión de la precalificación de los delitos uso fraudulento de tarjetas telefónicas, legitimación de capitales y asociación para delinquir, regulados en la Ley sobre Delitos Informáticos (2001) y Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (2012), respectivamente. También se decretó la medida preventiva a la privativa de libertad fijándose como centro de detención preventiva la sede del DGCIM en Maracaibo.
Ese mismo día, la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos se pronunció instando al Estado venezolano a detener el acoso en contra de trabajadores humanitarios y defensores de derechos humanos. También se pronunció la CIDH y la Relatoría Especial DESCA – CIDH, quienes expresaron su preocupación por el allanamiento a la sede de Azul Positivo y pide que proteja la vida e integridad de los detenidos, y que se le garantice el debido proceso en todo momento.
18 de enero de 2021
La Defensa privada de los trabajadores de Azul Positivo interpuso el 18 de enero recurso de apelación contra la medida preventiva de libertad que acuerda la encarcelación.
19 de enero de 2021
Amnistía Internacional nombra presos de conciencia a cinco miembros de la ONG humanitaria Azul Positivo.
21 de enero de 2021
Se produce el pronunciamiento de ONU – Venezuela y OCHA, en la que manifiestan estar comprometidos con la protección de los trabajadores humanitarios y preocupada por la situación de Azul Positivo, quienes son socios de la respuesta humanitaria en Venezuela. Afirmaron estar dando seguimiento con las autoridades para resolver la situación y que los 5 puedan volver a su casa lo antes posible.
22 de enero de 2021
La defensa consignó solicitud de traslado de los trabajadores humanitarios a un centro de salud ante la presentación de síntomas de COVID19, así como la revisión y sustitución de la medida de privación de libertad.
El Tribunal 4to de control que lleva el caso de Azul positivo no dio un solo día de despacho en la semana, lo que significa que la apelación introducida el 18 de enero aún no llegaba a manos de la juez y no se ha realizado lo conducente para remitir el expediente a la Corte de apelaciones.
23 de enero de 2021.
Los cinco trabajadores humanitarios de Azul Positivo fueron trasladados a un centro de salud privado en el municipio San Francisco, Zulia.
Se encuentran bajo observación médica por la presentación de síntomas de COVID19.
26 de enero de 2021.
Los trabajadores humanitarios de Azul Positivo fueron trasladados de vuelta al comando de la DGCIM, luego de estar hospitalizados por sospechas de COVID19.
28 de enero de 2021.
El Tribunal 4to de Control declaró sin lugar la solicitud de revisión y sustitución de la medida de privación de libertad interpuesta por la defensa de Azul Positivo.
29 de enero de 2021
El portavoz de la oficina del Secretario General de la ONU, afirmó que la ONU se encuentra profundamente preocupada por la detención de los 5 miembros de la organización humanitaria venezolana Azul Positivo, a la par que se solicitó la liberación inmediata de los detenidos.
También mostró su preocupación por la detención de los 5 miembros de Azul Positivo, el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA) y abogaron por su liberación.
10 de febrero de 2021
En horas de la noche se conoció de la liberación de los 5 miembros de Azul Positivo que se encontraban privados de libertad desde el 12 de enero. Sin embargo, a Layner Gutiérrez, Yordy Bermúdez, Johan León, Alejandro Gómez y Luis Ferrebus no les fue otorgada la libertad plena. Bajo la figura de una medida cautelar sustitutiva, deberán presentarse en tribunales cada 30 días.
18 de febrero de 2021
Expertos de la ONU, incluyendo los relatores especiales sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación; sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión; sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos y el Grupo de Trabajo sobre la discriminación contra mujeres y niñas pidieron que retiraran los cargos contra los miembros de Azul Positivo.
Asimismo, el grupo de expertos solicitó a las autoridades que revisen las leyes y prácticas restrictivas para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de Venezuela conforme al derecho internacional de derechos humanos, además de pedir respeto y protección a la la labor de la sociedad civil y a los defensores de los derechos humanos.
El Gobierno de Maduro, a través de su Cancillería, rechazó el pronunciamiento.
16 de septiembre de 2021
La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela designada por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en su segundo informe, mencionó el caso de persecución contra los miembros de Azul Positivo como un ejemplo de obtención de medios de prueba en el marco de allanamientos ilegales, en los siguientes términos:
(…) La Misión ha documentando 73 casos en los que los agentes allanaron los domicilios o las oficinas de personas detenidas e incautaron objetos sin presentar órdenes de allanamiento en ese momento, incluido el caso del allanamiento de la organización Azul Positivo el 12 de enero de 2021.
En la versión extensa del informe, la Misión dedica al caso Azul Positivo una descripción de los hechos e irregularidades cometidas por las autoridades.
12 de enero 2022
Se cumple un año de la arremetida del gobierno contra la ONG Azul Positivo, en la que cinco trabajadores humanitarios fueron detenidos arbitrariamente durante casi un mes debido a su trabajo asistiendo a comunidades vulnerables del Zulia. Posteriormente, fueron excarcelados con régimen de presentación, lo que les impide gozar de su libertad plena.
28 de junio 2022
Juzgado Cuarto de Control del Circuito Judicial Penal del estado Zulia otorgó sobreseimiento en el caso de los cinco trabajadores humanitarios de la ONG Azul Positivo, con libertad plena y sin las medidas cautelares que pesaban en su contra desde febrero de 2021.
