9 de febrero de 2024
Se produce la detención, a primeras horas del día, de la directora de la ONG Control Ciudadano, la abogada Rocío San Miguel. La detención se produce al momento en que tenía previsto abordar un vuelo en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía.
11 de febrero de 2024
El fiscal general de la República reconoce en su cuenta en la plataforma X, la detención de la activista, por pesar una orden de aprehensión en su contra al “… estar presuntamente vinculada y referenciada en la trama conspirativa y de intento de magnicidio denominada “Brazalete Blanco”.
La información revelada por el fiscal, se produjo luego de más de 24 horas en la que diversas cuentas de X de periodistas y defensores de DD.HH. comenzaron a denunciar la detención ocurrida el día.
El fiscal general pese a reconocer la detención, no indicó en que lugar se encontraba detenida San Miguel, con lo cual técnicamente expertos consideraron que se estaba en presencia de una “desaparición forzada”.
12 de febrero de 2024
En horas de la mañana, el abogado Juan González Taguaruco quien se identificó como parte del equipo de defensores de Rocío San Miguel denunció que luego de un recurrido para conocer en cuál sitio se encuentra detenida la directora de la ONG Control Ciudadano, no fue posible dar con su paradero. También informó de la interposición de una acción de habeas corpus ante los tribunales penales.
Además de la detención de Rocío San Miguel, el abogado denunció que parte del grupo familiar de San Miguel también habrían sido detenidos, incluyendo su hija Miranda Díaz San Miguel, Miguel Ángel San Miguel Sosa (hermano), Alberto San Miguel (hermano), Victor Díaz Paruta (el padre de su hija) y Alejandro González (ex esposo de la activista).
En horas de la noche, el Fiscal General informó sobre la audiencia de presentación ante el tribunal segundo con competencia en materia de terrorismo, en el cual se solicitó medida privativa de libertad contra Rocío San Miguel por los delitos de “…Traición a la Patria, Conspiración, Terrorismo y asociación entre otros” y contra Alejandro González por “…Revelación de Secretos Políticos y Militares concernientes a la seguridad de la nación, obstrucción a la administración de Justicia y asociación”. Asimismo, el máximo jerarca del Ministerio Público informó sobre la imposición de medidas cautelares sustitutivas (presentaciones periódicas ante el tribunal) en contra del resto de familiares de la activista de DD.HH.
13 de febrero de 2024
La Misión de Determinación de Hechos designada por el Consejo de DD.HH. de Naciones Unidas para investigar las graves violaciones a los DD.HH. en Venezuela, mediante un comunicado de prensa expresó:
“…su profunda preocupación por la situación de una defensora de derechos humanos detenida por las autoridades el viernes, e instó al Gobierno a poner fin a la ola de represión contra los opositores que se está intensificando en todo el país (…) «No se trata de incidentes aislados, sino de una serie de hechos que parecen formar parte de un plan coordinado para silenciar a los críticos y a quienes se percibe como opositores», ha declarado Marta Valiñas, presidenta de la Misión de Investigación (…) El gobierno de Venezuela debe proporcionar información sobre el paradero no sólo de San Miguel y su hija, sino de todos los detenidos cuyos lugares de detención aún se desconocen», ha declarado Valiñas. «Corresponde al Gobierno abstenerse de utilizar medidas represivas contrarias a sus obligaciones en materia de derecho internacional de los derechos humanos y de derecho internacional penal.»
Ese mismo día, la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en su cuenta oficial de X, expresó su preocupación por la detención de la defensora:
“…We are following up on the detention of human rights defender Rocio San Miguel with deep concern. Her whereabouts remain unknown, potentially qualifying her detention as an enforced disappearance. We urge her immediate release & respect for her right to legal defence”
También, el equipo de defensores de Rocío San Miguel y sus familiares confirmaron el paradero de la activista (la sede del Sebin en El Helicoide) y de Alejandro González (en la DGCIM), al igual que corroboraron la excarcelación del resto de familiares.
De igual forma, la sociedad civil organizada emitió un comunicado respaldado por casi 600 organizaciones y defensores a título personal, en el que se rechazó la detención de Rocío San Miguel y se denunció ante el mundo su desaparición forzada en los siguientes términos:
“…Urge recordar que la desaparición forzada es el desconocimiento por la negativa de agentes y autoridades del Estado de informar sobre el paradero de la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel, el cuerpo de seguridad a cargo, su estado de salud física, integridad y vida. El patrón sistemático de desaparición forzada temporal en Venezuela ha sido documentado por órganos de Naciones Unidas y denunciado ante el Grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas o involuntarias. Las prácticas de desaparición constituyen una forma de desprotección ante la ley, que genera repercusiones individuales y sociales gravísimas, considerándose tratos crueles, inhumanos y degradantes…”.
14 de febrero de 2024
En una declaración ante los medios de comunicación, el fiscal general Tarek William Saab rechazó que para el caso de la activista y presidenta de la ONG Control Ciudadano se estaba en presencia de una desaparición forzada:
“(Desaparición forzada) es literalmente el secuestro de una persona que no aparece detenida, que nadie comunica que está detenida, que no es presentada ante un tribunal y que literalmente, lamentablemente, termina siendo desaparecida, porque es la desaparición forzada de la vida porque, bueno, la asesinan”.
Esta afirmación fue rebatida por expertos, por no tomarse en cuenta que a esa fecha, si bien se había reconocido la detención, hubo un lapso de tiempo en el que no se reveló el paradero de la activista. De hecho, de conformidad con el artículo 2 de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas (CIDFP), establece como desaparición forzada a:
«la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes».
Por su parte, este mismo día se conoció de la incorporación del abogado penalista y también defensor de DD.HH. Joel García, al equipo de la defensa de San Miguel, indicando que no se le permitió juramentarse como defensor ante la ausencia del juez, lo cual impedía la solicitud de diligencias de investigación.
En horas de la noche, el mencionado defensor informó sobre un allanamiento en la residencia de San Miguel, en el que se incautaron unos mapas. Estos mapas, según afirmó el defensor, eran del siglo pasado y contenía zonas de seguridad de Venezuela, los cuales pertenecen a la activista injustamente detenida a propósito de sus labores como docente de Seguridad y Defensa en Institutos de Altos Estudios Militares.
En declaraciones rendida por Joel García ante medios de comunicación esa misma noche, se conoció que la hija de San Miguel, Miranda, el padre de ésta y dos hermanos de la activista detenida tienen un régimen de presentación ante tribunales cada ocho días.
15 de febrero de 2024
La oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los DD.HH., informó a través de la red social X, que tomaba nota del lugar de detención y del paradero de San Miguel, de las medidas sustitutivas contra sus familiares y hizo un llamado a respetar las garantías del debido proceso, incluido el derecho a la defensa.
Ese mismo día, el Gobierno nacional tomó la decisión de expulsar a los funcionarios de la ACNUDH en Venezuela, concediendo un plazo de 72 horas para abandonar el país. Además se anunció la revisión integral de los términos de cooperación técnica descritos en la Carta de Entendimiento firmada con dicha oficina.
La oficinal de la ACNUDH luego de conocer la decisión del Gobierno de Maduro, lamentó la decisión mediante un comunicado.
16 de febrero de 2024
Organizaciones internacionales como la Federación Internacional de DD.HH., WOLA, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Robert F. Kennedy Human Rights, World Organisation Against Torture (OMCT), International Commission of Jurists y la Due Process of Law Foundation, emitieron un comunicado conjunto bajo el título «Venezuela: Preocupación por la escalada represiva del gobierno y sus intentos de eludir el escrutinio internacional», en el que mencionan la detención de Rocío San Miguel.
17 de febrero de 2024
Diversos medios de comunicación reseñaron de una llamada telefónica entre los cancilleres de España y Venezuela, acerca de la detención de San Miguel, en el entendido de que la activista también posee nacionalidad española. De igual forma se supo de una reunión de la hija de San Miguel con el cónsul de España en Venezuela, toda vez que Miranda San Miguel también posee la nacionalidad española y, según se afirma, no podría viajar a Madrid (donde posee su residencia habitual) en razón de las medidas cautelares acordada en su contra.
18 de febrero de 2024
Joel García, parte del equipo de la defensa de la presidenta de la ONG Control Ciudadano, denunció en su cuenta de la plataforma X, el agotamiento de los lapsos para apelar, aunado a la obstaculización que impide el nombramiento y juramentación de la defensa técnica.
19 de febrero de 2024
En horas de la mañana, la defensa de Rocío San Miguel confirmó que su hija pudo visitarla. San Miguel transmitió a su hija que estaba confiada en su inocencia y que no se le ha permitido nombrar su defensa técnica.
Más tarde, el fiscal general ofreció declaraciones sobre supuestos elementos que incriminan a la activista, calificándola de «espía».
Ante estos señalamientos del FGR, Joel García lo calificó de montaje en una entrevista concedida a un medio de comunicación.
El Panel de Expertos de la OEA no dudó en calificar de detención arbitraria y desaparición forzada lo ocurrido con la activista. Agregó que tomó la decisión de incluir este caso en el informe que remitirá a la Corte Penal Internacional.
20 de febrero de 2024
Se produjo una concentración a las afueras de la Embajada del Reino de España en Caracas, que congregó a activistas y defensores de DD.HH. para pedir la liberación de Rocío San Miguel.
La organización Amnistía Internacional emitió una «acción urgente» en favor de San Miguel:
«Pedimos la liberación inmediata e incondicional de Rocío San Miguel. Mientras Rocío permanezca detenida arbitrariamente, le pedimos que garantice su seguridad y su acceso inmediato a asistencia letrada de su elección, así como a visitas familiares sin restricciones indebidas.»
22 de febrero de 2024
Nuevamente el equipo de la defensa técnica de San Miguel, denunció que no ha sido posible el nombramiento y juramentación de su equipo de abogados, por falta de traslado de la activista ante el tribunal. Esto, según denunció Joel García, lo que hace es mantener el estado de indefensión en el que se encuentra San Miguel.
26 de febrero de 2024
En sesión del Consejo de DD.HH. celebrada en Ginebra el titular de la cartera ministerial de asuntos exteriores del Reino de España, mostró su apoyo a Rocío San Miguel:
«Queremos expresar nuestra solidaridad y apoyo a quienes defienden la libertad, la democracia, la dignidad, y la reciente detención de Rocío San Miguel o… nos recuerdan que nuestro apoyo a las voces por la libertad debe ser inquebrantable»
27 de febrero de 2024
Se mantiene el estado de indefensión de la activista, a lo que se agrega incomunicación desde la visita de su hija ocurrida el 18 de febrero. Así lo denunció su defensor privado Joel García, quien agregó que en el caso de Alejandro González , sus familiares no han tenido contacto alguno.
28 de febrero de 2024
Defensores de DD.HH. acudieron a las puertas de El Helicoide (una de las sedes del Sebin) para exigir la liberación de San Miguel. En declaraciones de su defensor, se supo que los defensores públicos impuestos a San Miguel ni siquiera han contacto a los familiares de la activista.
8 de marzo de 2024
En un mensaje difundido por el equipo de defensores privados de San Miguel, difundido en la red social X, se indica que:
“Se mantiene fortalecida y muy confiada de su inocencia. Ella ha demostrado a través de su trabajo que es una mujer de paz y de diálogo. Solicita que se le ablande el corazón a la persona que toma las decisiones para que le conceda la pronta libertad”
9 de marzo de 2024
Se cumple un mes de la injusta detención de Rocío San Miguel. Su equipo de abogados señala que está en estado de indefensión, puesto que no ha sido trasladada al tribunal para que pueda nombrar su defensa técnica.
En un comunicado entregado por la familia de San Miguel y difundido a través del diario El País de España, se lee:
«El hecho de que nadie haya podido acceder al expediente que prepara la Fiscalía venezolana es muy preocupante, ya que están corriendo lapsos procesales fundamentales para ejercer la defensa, y dichos lapsos se están venciendo, perjudicando de manera sustancial su derecho a la defensa y al debido proceso”
13 de marzo de 2024
En sesión plenario, el Parlamento Europeo aprobó una resolución que «…denuncia la reciente detención de Rocío San Miguel, abogada y activista de nacionalidad española, por supuestamente conspirar contra el régimen, recluida en la cárcel de El Helicoide, conocida por los abusos de derechos humanos, incluida la tortura.»
14 de marzo de 2024
Nuevamente la defensa privada de San Miguel denunció que el Juzgado 2° de Control con competencia en Terrorismo no ordenó el traslado para designar defensa de su confianza.
19 de marzo de 2024
Joel García, parte del equipo de defensa técnica privada de Rocío San Miguel, además de ratificar que se le sigue impidiendo a la presidenta de la ONG Control Ciudadano, nombrar a su defensa de confianza, denunció que han «…transcurrido 36 días del lapso de 45 días para solicitar diligencias de investigación y promover medios de prueba y ello no ha sido posible por estar en indefensión…»
La Alta Comisionada Adjunta ofreció ante el Consejo de DD.HH. de Naciones Unidas una actualización oral sobre Venezuela. En ella, hubo espacio para denunciar los casos de San Miguel y Tarazona: «Las personas defensoras de derechos humanos siguen enfrentándose a la represión, la detención arbitraria y las amenazas, entre ellas Javier Tarazona y Rocío San Miguel.»
20 de marzo de 2024
La Misión de Determinación de Hechos designada por el Consejo de DD.HH. de Naciones Unidas para investigar las graves violaciones de derechos humanos cometidos en Venezuela, ofreció una actualización oral ante ese Consejo, dedicando varias líneas al caso de San Miguel:
«Rocío San Miguel, una destacada defensora de derechos humanos y experta en temas de seguridad, fue detenida sin orden judicial en la mañana del viernes 9 de febrero en el Aeropuerto de Maiquetía, cuando se disponía a viajar junto con su hija. Los familiares y abogados de San Miguel intentaron averiguar sin éxito su paradero. Solamente el domingo 11 de febrero, en horas de la tarde, el Fiscal General reconoció en su cuenta de X la aprehensión de la defensora, sin informar sobre su paradero. Solamente el miércoles 14 de febrero las autoridades informaron que San Miguel se encontraba detenida en El Helicoide, uno de los centros de tortura documentados por la Misión. San Miguel fue vinculada por el Fiscal General a la llamada Operación Brazalete Blanco (…) Al momento de esta actualización oral, San Miguel y otro de los detenidos continúan en prisión preventiva, y las demás personas han sido excarceladas bajo medidas alternativas, entre las que destacan no referirse públicamente a los hechos y no abandonar el país.»
26 de marzo de 2024
Se conoció un comunicado apoyado por diversas ONG nacionales y defensores de DD.HH., luego de transcurrido más de un mes de la detención de San Miguel, en el que se pide su libertad y se apuntan algunas implicaciones de género a la violación de DD.HH. de la activista, quien es víctima de detención arbitraria y lo fue de desaparición forzada durante cuatro días.
27 de marzo de 2024
Joel García manifestó que al día siguiente, es decir, el 28 de marzo, vencería el lapso para solicitar diligencias de investigación y promover pruebas, lo cual no será posible en virtud de que no se le ha permitido a San Miguel nombrar a sus abogados de confianza que defiendan sus derechos en la causa penal en su contra.
1 de abril de 2024
A 52 días de su detención, se conoció a través del equipo de defensores de San Miguel, que el Ministerio Público presentó acusación contra esta y contra Alejandro González; afirmó además Joel García (parte del equipo de defensa) que los defensores públicos impuestos no han visitado a los detenidos ni han realizado actuación alguna en favor de los intereses de San Miguel y de González. El siguiente paso sería la celebración de la audiencia preliminar.
10 de abril 2024
Joel García, defensor de Rocío San Miguel, denuncia que a dos meses de la detención de la abogada y defensora de DD.HH., el juez de la causa mantiene violaciones al derecho a la defensa y al debido proceso.
