Durante el año 2008 el expresidente Hugo Chávez acusó públicamente a Manuel Rosales de enriquecimiento ilícito, asegurando que conspiraba en su contra y destinaba el dinero del fondo público a otros fines.
“Tú me andas espiando, vigilando y conspirando contra mí, pero vamos a ver quién dura más en el mapa político venezolano. ¡Te voy a barrer del mapa político venezolano!, desgraciado, bandido, hampón, mafioso, corrupto y ladrón… voy a meter preso a Manuel Rosales, lo voy a desaparecer del mapa político venezolano, a ese desgraciado lo meto preso“, manifestó Chávez.
11 de diciembre de 2008
Rosales fue imputado por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito como parte de un informe presentado por la Contraloría General de la República el 19 de julio de 2007, luego de una investigación realizada por esa institución entre los años 2002 y 2004 a la declaración jurada de patrimonio del entonces gobernador del estado Zulia. El informe, remitido al Ministerio Público el 14 de agosto de 2007, concluyó que Manuel Rosales registró fondos que no pudo justificar ante el órgano contralor.
19 de marzo de 2009
El Ministerio Público procede a acusarlo y la fiscal Katiuska Plaza inicia la causa ante el Tribunal 6º de Control del Zulia.
20 de marzo de 2009
La fiscalía solicita al Tribunal Supremo de Justicia que, para evitar que se altere este proceso judicial en el estado Zulia, se traslade la causa a Caracas, donde se instala en el Tribunal 19º de Control del Área Metropolitana de Caracas (AMC).
Ese día se anuncia una audiencia preliminar en la que se pretendía notificar los cargos y las medidas de privativa de libertad y prohibición de salida del país, pero no pudo llevarse a cabo porque Rosales viajó a Perú buscando asilo político.
22 de abril de 2009
El Tribunal 19° de Control del AMC acordó la medida privativa para Rosales, pues era un hecho público que no asistió a la audiencia preliminar y que salió del país con destino hacía Perú, a petición de su partido Un Nuevo Tiempo (UNT), en busca de asilo político.
15 de octubre de 2015
Luego de más de seis años fuera de Venezuela, Manuel Rosales regresa al país procedente de Aruba, es aprehendido por funcionarios del Sebin e inmediatamente traslado a Caracas y de allí al Tribunal 19 de Control del AMC, donde se realiza la Audiencia de Presentación y se ratifica la medida judicial preventiva privativa de libertad.
7 de marzo de 2016
En la reanudación de la audiencia preliminar contra el exgobernador Manuel Rosales el juez le negó la medida de casa por cárcel y el dirigente será enjuiciado privado de libertad en el Helicoide.
13 de julio de 2016
El diputado a la Asamblea Nacional (AN), José Luis Pirela, interpuso una denuncia ante el Ministerio Público (MP) solicitando la revisión de la medida cautelar a Manuel Rosales por considerarla “un fraude procesal”.
“Nosotros solicitamos hace un año ante la Fiscalía General que se investigara, por cuanto las pruebas que sustentan las acusaciones de Eladio Aponte Aponte constituyen un fraude procesal y él mismo ya confesó que constituían una manipulación de orden político que buscaba detener a Rosales”, aseguró el parlamentario, al tiempo que manifestó haber comprobado que las pruebas en su contra son falsas.
Pirela, quien fue uno de los acusadores de Manuel Rosales que más tarde se retractó, confesando haber sido manipulado para ello. Sostuvo que “Rosales se presentó, nosotros exigimos que se le permita el derecho a la defensa. Que se investigue el fraude procesal que denunciamos hace un año. Estamos reiterando la solicitud que hicimos hace un año de que dicho fraude procesal sea investigado y una vez que sea investigado y determinado que es efectivamente fraudulento, tendrán que ponerlo en libertad”.
El diputado indicó que de no recibir ninguna repuesta oportuna del ente acudirán a instancias internacionales: “Si la fiscalía no actúa con esta nueva solicitud nosotros vamos a acudir hasta instancias internacionales que puedan hacer una investigación imparcial, objetiva y fundamentada en la verdad” (tomado de El-nacional.com).
30 de julio de 2016
La defensa técnica y familiares de Manuel Rosales sostuvieron una reunión para exponer el caso del líder político a Martin Chungong, secretario general de la Unión Interparlamentaria, organismo que funge como principal interlocutor parlamentario de las Naciones Unidas. Durante la reunión se documentó el caso del fundador de UNT y se denunciaron las violaciones a sus derechos y garantías procesales, con lo cual recalcaron lo que calificaron como una “detención arbitraria”.
En el encuentro fue evidenciada la maniobra para encarcelar a Manuel Rosales y se resaltó el hecho expuesto por el parlamentario José Luis Pirela. La defensa de Rosales entregó copia de la resolución emanada de Interpol, en la cual concluyó que su caso “tenía un carácter predominantemente político”, así como el documento contentivo de la confesión realizada por Eladio Aponte Aponte ante la Dirección Nacional de Notariado de Costa Rica, y certificada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de ese país, organismos ante los cuales Aponte Aponte manifestó haber sido el ejecutor de la maniobra judicial para meter preso a Manuel Rosales (tomado de La Patilla).
19 de agosto de 2016
Tras los argumentos expuestos por el Ministerio Público, la Corte de Apelaciones de Caracas declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto frente a la decisión del Tribunal 19° de Control de la citada jurisdicción que había desestimado veinticuatro medios de prueba de los cuarenta y un presentados en el escrito acusatorio contra Manuel Antonio Rosales Guerrero (63), los cuales demostraban su responsabilidad en el delito de enriquecimiento ilícito.
En la audiencia preliminar celebrada el pasado 7 de marzo, los fiscales 5° y 55° nacionales, Nurbia Arenas y Pedro Lupera, respectivamente, ratificaron la acusación contra Rosales Guerrero por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito. No obstante, la referida instancia judicial sólo admitió 17 medios de prueba.
Por ello, el MP apeló la decisión de acuerdo con lo establecido en los artículos 439 y 440 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP), pues considera que esos veinticuatro medios de prueba son útiles, pertinentes y necesarios.
31 de agosto de 2016
Rosales permanece recluido en la sede del Sebin en Caracas y sigue a la espera del inicio del juicio.
21 de septiembre de 2016
La audiencia que estaba pautada para este día fue diferida debido a que el tribunal no despachó ese día. Los fiscales quisieron dejar constancia de su asistencia, pero no fue posible porque no recibieron el escrito en el despacho encabezado por la jueza María Eugenia Núñez, ni en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos, ni tampoco en la oficina de alguacilazgo (El Universal).
19 de octubre de 2016
Se le otorga a Manuel Rosales una medida cautelar de arresto domiciliario, después de un año de haber sido privado de libertad (Últimas Noticias).
30 de octubre de 2017
Con un amparo cautelar, la Sala Político Administrativa del TSJ suspendió la inhabilitación política a Manuel Rosales. La decisión fue publicada en la sentencia n.° 1.169. El TSJ sentenció que hubo una “flagrante violación a los derechos al debido proceso y a la defensa”, pues el exgobernador del Zulia estaba en Perú al momento de su inhabilitación por parte de la Contraloría.
Comentario de Acceso de la Justicia
El caso de Manuel Rosales es una muestra más de la aplicación del llamado derecho penal del enemigo, el cual consiste en condenar sin casi fórmula de juicio a los considerados enemigos del grupo que detenta el poder. Este caso, como otros, vino precedido por la condena pública por parte del Poder Ejecutivo, convirtiéndose el Poder Judicial en simple ejecutor.
Este tipo de procesos y procedimientos afectan la credibilidad de la justicia venezolana y pueden ser considerados una prueba de la persecución contra los líderes políticos de la oposición.
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