Entre las diarias injusticias en las que incurre el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) está el caso de Marylis Morocoima contra el Instituto Militar Universitario de Tecnología de la Guardia Nacional, en el cual el máximo juzgado prefirió negar un amparo constitucional que ir en contra del estamento castrense ante el «pecado» de quedar embarazada en la Fuerza Armada.
En 2010, a menos de 24 horas del acto de graduación como sargento segundo de la Guardia Nacional, Morocoima fue hostigada y coaccionada para que renunciara por estar embarazada, y aunque en 2011 decidió intentar un amparo que le restituyera sus derechos, el TSJ lo negó.
Cabe destacar que a Morocoima se le otorgó la jerarquía de sargento segundo al obtener un diploma, se le abrió una cuenta de nómina y se le asignó un cargo, pero el TSJ «justificó» no materializar su ingreso a la carrera militar sobre la base de una formalidad: que no se juramentó en la graduación.
En la sentencia n.º 1006 de la Sala Constitucional del TSJ, del 10 de julio de 2012, el máximo tribunal no atendió razones jurídicas ni humanas, por lo que la magistrada Carmen Zuleta salvó su voto. Sostuvo que la igualdad entre hombres y mujeres requiere reconocer sus diferencias de manera que no tenga estos efectos y que no se puede desconocer la procreación como un derecho sin que se lesione la libertad individual. Esto también aplica para la obligación de someterse a exámenes médicos periódicos.
Además, lamentó, al igual que nosotros, que este caso no haya sido considerado para desmontar el andamiaje de opresión institucional del que son víctimas las mujeres, e impulsar los cambios de paradigmas que requiere la FANB.
