El retardo procesal es uno de los más graves problemas que aqueja a nuestro Poder Judicial. Los venezolanos que ingresan al sistema de justicia para resolver sus conflictos, pueden pasar años esperando respuesta, sin que vean satisfechas sus pretensiones. Te contamos aquí cómo la Sala Político Administrativa (SPA) del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) tardó cuarenta y seis años para resolver una solicitud de nulidad y reposición de causa.
El 11 de febrero de 1976 el gran procesalista Arístides Rengel Romberg, actuando como apoderado de PAN AMERICAN WORLD AIRWAYS INC., interpuso ante la SPA de la entonces Corte Suprema de Justicia una solicitud de decreto de nulidad y reposición de la causa contra una decisión del Juzgado Superior Segundo de Hacienda.
El 23 de marzo de ese mismo año se dio cuenta a la SPA, pero no fue sino hasta cuarenta y seis años después, el 23 de febrero de 2022, que se le designó ponente a la causa: fue escogida la magistrada Bárbara Cesar.
El 1 de junio de 2022 la SPA decidió el caso, declarando tristemente la perención de la instancia por cuanto la causa se mantuvo paralizada por más de un año sin que el actor realizara ningún acto en el expediente
Sorprende cómo el juez administrativo se escudó en la falta del apelante (que exigía que durante cuarenta y seis años solicitase sentencia), y no en la del órgano jurisdiccional, que omitió por cuatro décadas su obligación de administrar justicia «lo más brevemente posible», conforme al artículo 10 del Código de Procedimiento Civil.
Se trata de un fallo que, pese a la efectiva falta de impulso procesal por parte del apelante, violenta las garantías constitucionales del debido proceso, que forma parte del derecho a la defensa y a la tutela judicial efectiva, contemplados en los artículos 26 y 49 del texto constitucional.
Finalmente, hay que decir que el eminente abogado que interpuso la solicitud falleció el 22 de julio de 2019, por lo que nunca conoció el desenlace de este caso que inició más de cuatro décadas atrás.
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