Diversas son las interpretaciones que los ciudadanos dan a los muy nombrados artículos 333 y 350 de la Constitución nacional. A más de dos meses de protestas contra el Gobierno en casi todo el país, más de uno sentencia que es hora de aplicar el segundo texto mencionado para precipitar un cambio en Miraflores, por cualquier vía, incluso si no es pacífica.
Al respecto, el abogado Alí Daniels, advirtió que el “derecho a la rebelión” consagrado en el artículo 350 de la Carta Magna de 1999 no implica violencia sino “resistencia a la opresión” como espíritu de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Constitución de los Estados Unidos, recogido también por la Constitución venezolana de 1961.
“La palabra clave es resistencia y muchos se preguntan cómo se come eso, pues se trata de dos elementos: un Estado que desconoce el derecho y un pueblo que no lo acepta, está cansado y protesta. La resistencia no es una planilla que se llena y el Gobierno la recibe (…) no se regula, pese a que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) emitió una sentencia infeliz en 2003, tratando de hacerlo (…) es el hecho de que casi a diario se le dice al Gobierno: si sigues con la represión y violando derechos de los venezolanos, yo sigo con la protesta”, explicó.
De allí que el artículo 350, de acuerdo con el profesional del Derecho, debe leerse con el 333, el cual aclara que la Carta Magna tiene su propio valor que emana de la aprobación del pueblo y no depende de un funcionario, ni siquiera el Presidente de la República.
“En este contexto de violación sistemática de los Derechos Humanos por parte del Presidente, el artículo 333 puede usarse para que un militar desobedezca una orden para cometer una atrocidad como las que se están cometiendo contra los manifestantes, porque la Constitución no pierde vigencia aun si el Jefe de Estado deja de cumplirla u ordena incumplirla”, añadió.
También destacó el hecho de que aparte de las arbitrariedades presidenciales, los venezolanos estén oprimidos por sucesivas sentencias de la cabeza del Poder Judicial que en lugar de defender sus derechos favorece al Ejecutivo. Frente a ello, dijo, la sociedad y los funcionarios tienen el derecho de desconocer tales dictámenes.
También hizo un llamado para que entienda que los resultados de las protestas son progresivos y que no es una salida violenta la que aportará todas las soluciones a la crisis del país.
“Nuestros jóvenes han muerto a causa del ejercicio del derecho a la protesta porque cada día la represión es más grande (…) pero hay que entender que así como tenemos derecho a manifestar, en algún momento las partes van a tener que conversar para dirimir diferencias, no sabemos cuándo pero eso tiene que ocurrir”, finalizó.
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