La propiedad ha sido uno de los derechos más golpeados durante los últimos 20 años en Venezuela. Las ocupaciones y expropiaciones, aunado al hecho de la deficiente tutela judicial hacia los propietarios, han ido en detrimento de la propiedad privada.
En este Diaria Injusticia te contamos sobre un caso de posesión de un inmueble que llevó más de 15 años en resolverse.
En el año 2012, la sociedad mercantil Raleigh C.A. ejerció una acción reivindicatoria contra el Instituto Nacional de Tierras (INTI) y el Instituto Nacional de Desarrollo Rural, (INDER), con el fin de recuperar un inmueble ubicado en el estado Carabobo, que había sido ocupado en 2007 por los mencionados entes del Estado.
Los representantes de la empresa demandante señalaron que al enterarse de la posesión, se dirigieron al inmueble; allí encontraron también a funcionarios de la Fuerza Armada, quienes habían puesto carpas militares en el área, cumpliendo labores de vigilancia y control de acceso.
Al respecto, indicaron que para el momento en que ello ocurrió no existía ningún acto administrativo que motivara la posesión del inmueble. Así, la empresa afectada se dirigió al INTI y al INDER para tratar de recuperar su bien, pero no tuvo éxito.
En 2012, luego de haber cumplido con trámites previos ante las autoridades administrativas, los representantes de la empresa interpusieron una acción de reivindicación ante un juzgado con competencia agraria, sin embargo, el mencionado tribunal declaró en 2015 la inadmisibilidad de la demanda.
De inmediato, la empresa ejerció un recurso de apelación ante la Sala de Casación Social, que demoró casi 10 años en decidir la causa. Al respecto, la Sala declaró con lugar el recurso de apelación y con lugar la acción reivindicatoria en su sentencia, publicada en 2024, y ordenó la restitución del inmueble a la sociedad mercantil propietaria del terreno.
Si bien pareciera un final feliz, no sabemos si ya le fue devuelto el bien a la empresa y, sobre todo, en qué condiciones, a lo que ha de agregarse que no ha sido resarcida por los daños a causa de su privación por casi dos décadas. Todo esto pone de manifiesto grandes deficiencias del sistema judicial, que no garantiza un proceso eficaz para que las personas puedan resguardar sus derechos.
Para más información sobre esta sentencia, haz clic aquí.
