La aprobación de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio incorpora un nuevo instrumento normativo dentro de un patrón de políticas públicas por parte del Estado venezolano, según el cual, bajo la excusa de cumplir con exigencias de entidades internacionales se limita o impide el ejercicio de derechos humanos, incumpliendo la constitución y los estándares internacionales sobre la materia.
Este artículo, publicado en el Boletín n.° 172 de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales (abril-junio de 2023), pretende evaluar esta nueva ley bajo la perspectiva de los estándares de derechos humanos y cómo su concepción original fue tergiversado para convertirla en otro instrumento represivo.
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