En este nuevo caso de Diaria Injusticia contamos cómo una madre y su hijo entraron al sistema judicial venezolano a fin de pedir una indemnización justa por la muerte de su esposo y padre, ocasionada por un accidente trabajo, y lo que recibieron fue una afrenta a la dignidad.
El 27 de noviembre de 2008, la señora Neirys Medina, en nombre propio y en representación de su hijo, inició una travesía judicial con el fin de demandar a las empresas Suministros de Personal, C.A y Saxon Energy Services de Venezuela, C.A por cobro de acreencias laborales y conceptos derivados de accidente de trabajo que ocasionó la muerte de su familiar.
Luego de ocho años de juicio, el juez de primera instancia emitió una decisión, pero esta fue apelada por una de las demandadas y el caso se envió a un juez superior, quien declaró con lugar la apelación interpuesta y el asunto estuvo entre un ir y venir de recursos judiciales.
El 24 de febrero de 2022, luego de catorce años de iniciada la causa, la Sala de Casación Social (SCS) le puso un punto final al reclamo, pero no de la mejor forma, pues al declarar con lugar la demanda condenó a las empresas a pagar por concepto de prestaciones sociales e indemnización por accidente de trabajo la cantidad de 00000,1 Bs., y por concepto de daño moral 2.000,00 Bs., que para el momento de la publicación de la sentencia era equivalente a $456,00, lo cual a todas luces son montos que no compensan la pérdida sufrida y constituyen una afrenta al esfuerzo de años en litigio y búsqueda infructuosa de justicia.
Por último, nos permitimos contrastar el monto condenado por daño moral por la muerte del esposo de Neirys Medina versus la cantidad condenada también por daño moral a favor del diputado Diosdado Cabello contra El Nacional (establecido en sentencia de la Sala de Casación Civil (SCS) n.° AVOC 0081 del 16 de abril de 2021 y posteriormente ratificado por la Sala Constitucional (SC) n.° 30 del 22 de julio de 2021), en el que se estableció indemnización por 296.250 petros (incluye la cantidad condenada más las costas procesales), equivalentes a más de 17 millones de dólares.
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