Este artículo forma parte de las ponencias que se presentaron durante el foro Estado de la justicia y la democracia en Venezuela, organizado por la ONG, Acceso a la Justicia, en alianza con la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ) y el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga (ICP), que se llevó a cabo en Bogotá, Colombia. Allí juristas, comunicadores sociales y expertos en justicia, corrupción y crimen organizado disertaron acerca de la situación que atraviesa el país y los escenarios en materia de justicia que se presentan ante una posible transición política.
David Lovatón, abogado constitucionalista peruano, advirtió acerca de la intención de los gobiernos totalitarios de subyugar la justicia. Durante el foro Estado de la Justicia y la Democracia en Venezuela, organizado por Acceso a la Justicia, CEJ y el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría que se celebró en Bogotá, Colombia, Lovatón presentó la ponencia Sistema de Justicia en el Perú, entre la resistencia y el cambio.
Cinco ex presidentes, políticos y empresarios peruanos son investigados por sus presuntas participaciones en una red de corrupción vinculada una de las mayores tramas de corrupción en ese país y, probablemente en América latina: el caso Odebrecht. En Perú hoy, el sistema judicial hace honor a su representante, la Dama Ciega, quien no ve rostros y solo basa sus dictámenes en experticias y pruebas.
Pero no siempre fue así en ese país. Durante la década en la que el régimen de Alberto Fujimori (1990-2000) gobernó, la corrupción se apoderó no solo de los espacios políticos sino del sistema judicial.
Así lo explicó de David Lovatón, abogado, magister en Derecho Constitucional y director del Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría Jurídica (CICAJ) de Perú, durante su participación en el foro Estado de la Justicia y la Democracia en Venezuela, organizado por Acceso a la Justicia, CEJ y el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría que se celebró en Bogotá, Colombia.
Durante la presentación de la ponencia Sistema de Justicia en el Perú, entre la resistencia y el cambio, Lovatón habló acerca de cómo los tentáculos de la deshonestidad y la corruptela fueron tomando espacios en el Poder Judicial peruano como una estrategia para controlar los demás poderes.
La experiencia de otros países de América Latina que han emprendido transiciones democráticas es indispensable para el caso venezolano, aunque tengan elementos particulares. De allí la participación de David Lovatón en el foro en el cual explicó que el Tribunal Constitucional de su país es uno de los órganos judiciales más prestigiosos, aunque no siempre fue así.
Lovatón describió las “técnicas” que utilizó el fujimorismo para corromper y controlar el sistema judicial. Advirtió del uso de esos métodos en casos como el que se observa hoy en Venezuela: “Un eje central del régimen autoritario en Perú fue el control del sistema de judicial. Es muy importante resaltarlo y quiero hacer un paralelo con lo que está ocurriendo en Venezuela porque este régimen de Fujimori en los noventa inaugura el nuevo autoritarismo que comenzó a crecer en América Latina en virtud del cual los autócratas llegan al poder no a través de un cuartelazo ni de los tanques, sino de elecciones y una vez en el poder vacían de contenido, paulatinamente, esa democracia que les permitió su ascenso”.
Para Lovatón los gobiernos totalitarios hieren la democracia para mantenerse en el poder: “En esos regímenes autocráticos un eje central es el control del Poder Judicial. Por varias razones: para asegurar la impunidad de sus actos de violación de derechos humanos y sus graves actos de corrupción y para asegurar la reelección”.
Lovatón Palacios explicó que luego de la caída del régimen fujimorista se creó la Comisión de la Reforma Integral de la Administración de Justicia (Ceriajus) de la que fue miembro, a través de la cual se elaboró un plan de reforma integral de la administración de justicia en democracia.
“La Ceriajus dejó un proceso de reforma procesal penal, un subsistema fiscal judicial de derechos humanos que en Perú se llama la Sala Penal Nacional y que tiene a su cargo el juzgamiento no solo de las graves violaciones a los derechos humanos, sino casos de gran importancia, algo parecido a lo que es la Audiencia Nacional en España. Nos dejó leyes de carrera judicial y fiscal muy importantes para promover la meritocracia, tanto en la judicatura como en los fiscales”, señaló Lovaón.
“La Judicatura peruana ha mostrado mucha apertura también para el reconocimiento del ordenamiento jurídico y la justicia indígena a partir del artículo 149 de la Constitución y finalmente también dejó este proceso de reforma judicial la adecuación democrática y constitucional de la justicia militar y comicial en el Perú, que ciertamente, también había sido un instrumento de la dictadura” indicó el abogado.
Lovatón advirtió del riesgo de que las garras de la corrupción se aferren a sistemas judiciales como el venezolano.
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