ACCESO A LA JUSTICIA

Dudas sobre la legalidad de la incorporación de la vicerrectora de la UCV a la junta ad hoc de la Cruz Roja Venezolana

CRUZ ROJA VENEZOLANA

La intervención de la Cruz Roja Venezolana por parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) corrobora al refrán que reza «lo que mal empieza, mal acaba». Como si la manera exprés en la que el máximo juzgado tomó esta decisión y los argumentos esgrimidos no fueran suficientes motivos de preocupación, el equipo que conformó el impuesto presidente, Ricardo Cusanno, está reforzando los temores sobre la suerte de la institución caritativa.

En su sentencia n.º 1.057 del 4 de agosto, la Sala Constitucional removió a la directiva encabezada por Mario Villarroel y puso al frente al expresidente de Fedecámaras, a quien no solo le ordenó que garantizara «la continuidad del servicio» de la institución y que «administrar(a) y ejerc(iera) la guarda» de sus bienes, sino también que efectuara «una evaluación y reorganización interna de la Cruz Roja Venezolana a los fines de modernizar su estructura y funcionamiento».

Para cumplir dichas tareas, le concedió la facultad de poder nombrar al resto de la junta interventora, sin más condiciones que escoger a personas de «alto reconocimiento de diversos sectores de la vida nacional».

El pasado 7 de agosto, mucho antes de que venciera el lapso de siete días hábiles que le dio el máximo juzgado, la Cruz Roja Venezolana informó que a Cusanno lo acompañarán en su encomienda la profesora María Fátima Garcés, vicerrectora académica de la Universidad Central de Venezuela (UCV); el empresario Alberto Vollmer, presidente de Ron Santa Teresa y fundador de Proyecto Alcatraz; el médico Juan Simón Muñoz; el medallista olímpico Rubén Limardo; la presidenta del Centro de Estudiantes de la Escuela de Enfermería de la UCV, Jhoanna Pantoja; y la médico Griswill Fonseca.

Designación ilegal

El nombramiento de la profesora María Fátima Garcés ha provocado una ola de críticas. En primer lugar, porque hace menos de 2 meses la académica fue elegida para su actual cargo en la UCV en el primer proceso eleccionario que esa casa de estudios celebra en tres lustros; y en segundo, porque parece ir en contra de lo dispuesto en la Ley de Universidades, que señala lo siguiente en su artículo 162:

«Los cargos de rector, vicerrector, secretario, decano y directores de escuela e institutos universitarios, son de tiempo completo. Dichas funciones y las de profesor de tiempo completo son incompatibles con actividades profesionales o cargos remunerados que por su índole o por su coincidencia de horario menoscaben la eficiencia en el desempeño de las obligaciones universitarias. Corresponde al Consejo Universitario la calificación pertinente».

Esta norma les cierra las puertas a las autoridades universitarias a ejercer otras funciones. Para el nuevo rector de la UCV, Víctor Rago, la decisión de la vicerrectora Garcés de formar parte de la junta interventora de la Cruz Roja fue a título personal y aconseja esperar a que finalice el período vacacional para atender el tema en el Consejo Universitario. Rago también afirmó:

«[la] vicerrectora conversó conmigo y me planteó su decisión, que es de carácter estrictamente personal, de formar parte de la junta. Yo le dije que era una decisión que no debía comprometer de modo alguno a la institución universitaria y que era importante evaluar el contexto en el que se estaban desarrollando los acontecimientos».

Por su parte, cuatro profesores del nuevo Consejo Universitario de la UCV, Félix Tapia, Jacqueline Richter, Eva Núñez y Mercedes Castro manifestaron su preocupación mediante un comunicado acerca de la situación relativa a la profesora Garcés, incluyendo la del vicerrector administrativo, José Balbino León, quien de manera no oficial también aparece vinculado a la junta interventora de la Cruz Roja Venezolana, ordenada por el máximo juzgado.

Los mencionados consejeros universitarios expresaron que

«[dicha] participación no puede ser asumida como una decisión personal sin afectar la imagen de la Universidad Central de Venezuela, entre otras razones, porque en las reseñas circulares de los miembros de la junta interventora hacen referencia a su condición de autoridades de la UCV».

También indicaron que la «importancia del asunto obligaba a las dos autoridades rectorales a solicitar al rector que se convocase un consejo universitario extraordinario para autorizar su participación en esa junta interventora. Nada de eso ocurrió».

Ante este escenario, para Acceso a la Justicia es importante tomar en cuenta lo señalado por el artículo 164 de la Ley de Universidades, cuyo texto establece que

«el rector, los vicerrectores, el secretario, el decano, o los directores de escuelas universitarias no podrán dedicar dentro de su tiempo completo más de seis horas semanales a la docencia o a la investigación y no percibirán remuneración adicional por estas actividades».

Es evidente que el nombramiento de Garcés como parte de la nueva junta ad hoc de la Cruz Roja Venezolana y su decisión de aceptarlo compromete la autonomía de la UCV, sobre todo en los actuales momentos, en los que existe una fricción entre el Gobierno nacional y las universidades autónomas ante el estrangulamiento presupuestario a las casas de estudio del país, que genera una disminución significativa de los sueldos de profesores, personal administrativo y obrero. Podría pensarse que la UCV avala la política de intervención de las instituciones privadas y de la sociedad civil organizada que viene poniendo en marcha el Estado desde el Poder Judicial.

Nexos «rojos rojitos»

Como si no fuera suficiente la posibilidad de que algunas de las designaciones de la junta interventora de la Cruz Roja se hubieran hecho en contravención a la ley, los nombres de los seleccionados han reforzado las dudas sobre la capacidad de la organización caritativa para llevar a cabo su misión de ahora en adelante de acuerdo con sus principios fundamentales de independencia y de neutralidad.

La Federación Internacional de la Cruz Roja afirmó lo siguiente en un comunicado publicado el 8 de agosto.

«Cualquier intervención gubernamental en nuestras sociedades nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja plantea serias preocupaciones con respecto a su independencia y el trabajo humanitario basado en principios de las sociedades nacionales y se tratada con la mayor importancia».

En la directiva hay figuras cercanas al Gobierno o con nexos con altos funcionarios. Uno de los vinculados directamente con el Ejecutivo es Rubén Limardo, quien además de ser medallista olímpico fue diputado suplente a la Asamblea Nacional electa en 2015 por el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

Aunque en 2019 renunció a este cargo y luego en 2020 realizó una serie de críticas al Gobierno de Nicolás Maduro por las demoras en los pagos a los deportistas profesionales, el esgrimista nunca ha roto oficialmente con las autoridades.

La intervención de la directiva va en contra de al menos dos de los siete principios fundamentales del movimiento de la Cruz Roja: el de neutralidad, que establece que «con el fin de conservar la confianza de todos, el movimiento se abstiene de tomar parte en las hostilidades y, en todo tiempo, en las controversias de orden político, racial, religioso e ideológico»; y el de independencia, el cual señala que

«el movimiento es independiente. Auxiliares de los poderes públicos en sus actividades humanitarias y sometidas a las leyes que rigen los países respectivos, las sociedades nacionales deben, sin embargo, conservar una autonomía que les permita actuar siempre de acuerdo con los principios del movimiento».

Y a ti venezolano, ¿cómo te afecta?

Los argumentos dados por la Sala Constitucional para justificar su decisión de intervenir a la Cruz Roja Venezolana, la manera como se tomó la misma y, sobre todo, los primeros pasos dados por las autoridades impuestas, parecen corroborar aquello de que «árbol que nace torcido, jamás su tronco endereza».

La medida ha sido el último golpe que el TSJ ha propinado al derecho fundamental a la asociación, pero en este caso el leñazo ha ido dirigido contra una institución que en 2022 les garantizó sus derechos a la salud y a la vida a 440 mil venezolanos, de acuerdo con los datos dados por la propia institución. Ante el deplorable estado del sistema nacional de salud pública, la Cruz Roja venezolana se ha convertido para miles en la única opción para continuar con sus vidas.

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