El proceso de elección de magistrados se encuentra tergiversado, en la medida en que normas de rango legal han desnaturalizado prácticamente cada parte de este proceso. El análisis de la composición y funcionamiento del Comité de Postulaciones Judiciales pone en evidencia la existencia de otro tipo de lógica, ajena a la Constitución. De acuerdo con la Constitución, el Poder Judicial debe ser imparcial e independiente (art. 265); y por ello, resulta necesario que el procedimiento para escoger a los magistrados sea también regido por la imparcialidad y la independencia de otros poderes públicos e intereses particulares. Esa es la lógica constitucional.
Asimismo, lo exigen los Principios básicos relativos a la independencia de la judicatura de la ONU. La Constitución establece que el proceso se inicia con la conformación del Comité de Postulaciones Judiciales. Este órgano de acuerdo con el artículo 270 de la Constitución es un órgano asesor del Poder Ciudadano. Pese a lo expreso, claro y transparente de la norma constitucional, la Ley Orgánica del Tribunal Supremo, lo convirtió en un órgano asesor de la Asamblea Nacional, la cual no forma parte del Poder Ciudadano, sino del Poder Legislativo, y lo subordina a la misma, señalando que allí es donde debe tener su sede y la que debe sufragar los gastos que genere.
Este sometimiento no acaba allí, sino que se manifiesta más explícitamente en la conformación misma del Comité, pues de acuerdo con el artículo 65 de la Ley, de los 11 miembros que la conforman, 5 serán diputados de la Asamblea Nacional y 6 serán “de los demás sectores de la sociedad”. Esto es contrario al mandato constitucional según el cual el Comité de Postulaciones Judiciales debe estar integrado por representantes de “diferentes sectores de la sociedad” (artículo 270). Con esta estructura, sólo 6 miembros deberían representar a los diversos factores sociales, mientras que los otros 5 son políticos y de hecho, son diputados y están vinculados a partidos políticos.
Lo expuesto ya es suficientemente grave y afecta el logro de los principios constitucionales, pero si a ello agregamos que incluso la elección de los 6 miembros de la sociedad puede ser manipulada, el cuadro resultante es desolador.
Tal conclusión se deriva de la información dada por El Nacional, el cual publicó un cuadro en el que se analizaban las vinculaciones de los candidatos que se postularon y que finalmente fueron designados como representantes de la sociedad para conformar el actual Comité de la siguiente manera:
- Uno fue diputado por el MVR y por el PSUV.
- Otro fue secretario del grupo de amistad parlamentaria Venezuela-Italia, que presidió el actual presidente del Comité de Postulaciones, diputado Elvis Amoroso, es decir, tuvo una relación de subordinación con este.
- Otra miembro es secretaria de la Comisión de Política Interior que preside el mismo diputado Elvis Amoroso. Esto último es aberrante, porque esa funcionaria, no sólo no representa a la sociedad civil para nada, sino que además tiene una relación de subordinación laboral con el Presidente del Comité, lo que pone en entredicho la imparcialidad de sus actuaciones.
- Dos son funcionarios públicos activos.
- El último fue el contacto de una empresa contratista del Estado que entre 2002 y 2012 obtuvo un contrato de la Gobernación de Aragua bajo el mandato de Rafael Isea (PSUV). Quizás este sea el más independiente porque no es funcionario público, aunque está demostrada su preferencia política.
Esta es la ejecución en la práctica de la orden constitucional, según la cual los miembros del Comité de Postulaciones deben ser representantes de “diferentes sectores de la sociedad” y en cambio en la actualidad son representantes del poder político.
¿Y a ti venezolano cómo te afecta?
La elección de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia nos afecta a todos los venezolanos, porque si se escogen magistrados parcializados y dependientes de otros poderes del Estado o de intereses particulares o políticos, los ciudadanos no tendremos justicia, y sin justicia no hay ciudadanos.
