«El hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra». El régimen político venezolano que gobierna desde hace más de 20 años ha demostrado que este refrán no es del todo cierto, porque pese a que su política de controles de precios no ha hecho más que provocar escasez e hiperinflación a lo largo de los años, lejos de rectificar ha decidido seguir por la misma senda en plena pandemia, sin reparar en las posibles consecuencias ni atender a los mensajes de los organismos internacionales que advierten sobre el riesgo de una hambruna en Venezuela.
La nueva arremetida contra el endeble sector privado nacional se inició el pasado 24 de abril, cuando la vicepresidenta Delcy Rodríguez anunció que funcionarios de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Económicos (Sundde) y de la Superintendencia Nacional de Gestión Agroalimentaria (Sunagro) supervisarían la venta de los productos producidos por Empresas Polar, Plumrose y el Matadero de Turmero.
«Hemos tomado acciones instruidas por el presidente Nicolás Maduro para precisar los factores marcadores especulativos de sectores minoritarios que pretenden afectar a la población», declaró la funcionaria, quien además anunció la intervención por 180 días de las instalaciones de la Consorcio Oleaginoso Portuguesa (Coposa).
Días después, el Ministerio de Comercio Nacional publicó la lista de «precios acordados» de 27 productos de la cesta básica, los cuales en su mayoría oscilan alrededor de los Bs. 100.000. Sin embargo, el salario mínimo integral de Bs. 800.000 anunciado por el Gobierno el pasado 1 de mayo es claramente insuficiente para adquirir todos los productos. El Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores (Cenda) calculó que para marzo una familia requería de más de 19 millones de bolívares para cubrir sus necesidades primordiales.
¿Acordados con quién?
Las posibilidades de que el país vuelva a sufrir un desabastecimiento similar al que ya vivió entre 2014 y 2018 debido a esta decisión gubernamental se han incrementado luego de que una de las empresas afectadas, Polar, negara haber acordado alguno de sus precios.
«La empresa no ha acordado precios de sus productos, pues eso haría inviable sus operaciones, poniendo en riesgo el abastecimiento de los alimentos que produce y la preservación de la fuente de empleo», afirmó el principal conglomerado industrial privado del país, el cual advirtió que el retorno a los controles de precios «no dará solución a los problemas económicos» de Venezuela y que, por el contrario, solo provocará la «limitación de la oferta de productos en el mercado y la inviabilidad económica de muchas empresas».
La política económica aplicada por el Gobierno desde hace más de dos lustros, sustentada en controles de precios y expropiaciones de empresas, va a contracorriente de lo establecido en la Constitución, que en su artículo 112 señala lo siguiente:
«El Estado promoverá la iniciativa privada, garantizando la creación y justa distribución de la riqueza, así como la producción de bienes y servicios que satisfagan las necesidades de la población, la libertad de trabajo, empresa, comercio, industria, sin perjuicio de su facultad para dictar medidas para planificar, racionalizar y regular la economía e impulsar el desarrollo integral del país»”.
Haciendo memoria
El modelo aplicado por el régimen venezolano no ha servido para impulsar la economía nacional y los indicadores así lo revelan. Para mediados de la década de 1980, Venezuela tenía un Producto Interior Bruto (PIB) per cápita similar al de Noruega y era considerado el país más rico de América Latina, pero para 2017 más del 80% de su población vivía en la pobreza, según datos del Institute of Race del Reino Unido y de la Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi).
Otro dato que revela lo erróneo de la senda tomada por las autoridades en la producción agrícola es que para 2010 el Gobierno aseguró que distribuyó entre pequeños y medianos productores 5,5 y 7,5 millones de hectáreas de las 27 millones utilizadas para el cultivo, tierras que representaban el 20% de las tierras agrícolas productivas totales de Venezuela. No obstante, esto no se tradujo en un aumento en la producción de alimentos. Según el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), la producción de maíz, arroz, sorgo, azúcar, papas, tomates y cebolla cayó drásticamente entre 2007 y 2011. En el mismo período también se registró una disminución importante de las importaciones de alimentos, debido a la caída de la producción y de los precios del petróleo.
Acceso a la Justicia aprovecha para recordar que desde 2003 en el país está vigente un control de precios, el cual lejos de resolver el problema del alza de los productos básicos ha contribuido a llevar al país a la hiperinflación en la que está sumido desde 2017.
¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?
La decisión del Gobierno de desenterrar los controles de precios para combatir la inflación y la especulación justo en medio de la pandemia de la COVID-19 lejos de solucionar el problema de alimentación lo agravará. Así lo ha demostrado la historia reciente del país.
Horas antes de que se anunciaran las nuevas medidas contra el sector privado, el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas había incluido a Venezuela entre los cinco países que están en riesgo de sufrir una hambruna. En 2019 el organismo había alertado que casi un tercio de la población venezolana (32,3%) padecía inseguridad alimentaria y 2,3 millones de personas (7,9%) estaban en una situación severa.
