El reto del TSJ: una apertura del año judicial en medio de protestas
(Caracas, 07 de febrero de 2016).- Con motivo del Acto de Apertura del Año Judicial 2017, abogados y sociedad civil organizada acudieron este martes a las afueras de la sede del Tribunal Supremo de Justicia para recordarle al órgano judicial su obligación de decidir conforme a la Constitución y garantizar la plena vigencia de los derechos fundamentales.
Una brecha enorme se ha abierto entre quienes, por una parte, hoy ostentan cargos dentro del Poder Judicial, y quienes, por la otra, son afectados por sus decisiones Judicial, es decir, los venezolanos de a pie.
La apertura del año judicial se inició con protestas, que no pudieron acallar de ningún modo. Desde tempranas horas, mientras funcionarios vestidos casi de gala ingresaban al Tribunal Supremo de Justicia para el acto de apertura del año judicial, varias ONG y familiares de presos políticos, acompañados por algunos ciudadanos que rechazan las actuaciones del TSJ, alzaban su voz en las adyacencias, recordando el proceder del TSJ el pasado 2016 y el de este primer mes del año, en el cual ya ha solicitado investigaciones contra diputados a la Asamblea Nacional, según sentencia del pasado 26 de enero emanada del máximo órgano judicial.
Rodeados de guardias y funcionarios del TSJ que impedían la grabación de las declaraciones de los manifestantes, el diputado al Parlasur, Rafael Veloz, acompañado de organizaciones no gubernamentales sostuvo sobre la actuación del Poder Judicial: “La Sala Constitucional y el Tribunal Supremo de Justicia se utilizan como mecanismos para llevar adelante el proceso revolucionario, de tal forma que nosotros realizamos esta protesta cívica y pacífica con la finalidad de exigir a este sistema de justicia la vuelta y el rescate de la democracia”.
“Tenemos un Poder Judicial donde más del 90 por ciento de los jueces no son titulares y es por eso que en los últimos informes los organismos internacionales declaran a Venezuela como un país sin libertad, fundamentalmente porque los operadores políticos ocuparon y secuestraron los espacios judiciales. Esto es muy delicado porque la Sala Constitucional ha establecido un mecanismo para producir un caos institucional, de tal forma que la exhortación de los abogados y de los parlamentarios es que nosotros volvamos a la democracia, y sólo es posible esto cuando nosotros salgamos de Nicolás Maduro y de esta injusta justicia”.
La hija de Mitzy Capriles y del alcalde Ledezma, Oriette Schadendorf, también repudió el comportamiento de la Sala Constitucional asegurando que “es ilegítima, así como las actuaciones que ha hecho en contra de la Asamblea Nacional y en contra de Venezuela entera, que han sido violatorias de la Constitución nacional; es una Sala que está al servicio de un partido político, de un sistema de Gobierno fracasado que lleva ya casi dos décadas y que ha sumido a Venezuela en una crisis humanitaria como nunca había ocurrido antes. Estamos acá como familiares de presos políticos, defendiendo los derechos humanos de nuestros familiares porque los presos políticos son inocentes, en este caso, Antonio Ledezma, el alcalde Metropolitano de Caracas el próximo 19 de febrero cumple dos años presos, Leopoldo López cumple tres años preso, los policías de la Metropolitana catorce años presos, es decir, acá se han violado durante dieciocho años los derechos humanos de muchas personas inocentes”.
Asimismo, Jorge Fernández, el padre de Vilca Fernández, apresado por enviar tuits contra el gobierno, se sumó a la protesta en favor de los presos políticos y en contra de las sentencias del TSJ que han avalado las decisiones del Ejecutivo, tales como las que han privado de libertad a cientos de venezolanos: “Le están violentando los derechos humanos a todos los presos políticos, se viola el debido proceso, se viola el Estado de derecho, y en ese sentido en el día de hoy en esta apertura del año judicial estamos alzando nuestra voz de protesta, haciéndole un llamado a quienes ostentan el poder”.
Ante este panorama el Poder Judicial inicia el año 2017, con un pueblo que cada día exige con más fuerza que le sean devueltos sus derechos y clama justicia, una justicia imparcial que cumpla con la premisa de darle a cada cual lo que le corresponda, sin presiones externas y en democracia.
