2019 no fue un buen año para la democracia venezolana, pero tampoco para los ciudadanos, quienes vieron cómo la agudización de la crisis política e institucional impactó de lleno en su deteriorada calidad de vida forzando a miles de ellos a buscar en otras latitudes lo que no podían conseguir en la tierra que los vio nacer.
La denuncia la formuló Acceso a la Justicia, en su informe anual La consolidación de un estado de hecho en Venezuela publicado la semana pasada, y en el que la ONG afirma que la decisión de Nicolás Maduro de asumir su segundo mandato, pese a las objeciones que dentro y fuera del país se pusieron a su elección en el cuestionado proceso de mayo de 2018, no ha hecho más que agravar la emergencia humanitaria que padece el país. El hecho de que la juramentación se produjera en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y no en la Asamblea Nacional (AN), como manda el artículo 231 de la Constitución, comprobó que el chavismo busca obviar al único poder público que no está bajo su control, sin importar que éste sea el único cuenta con el reconocimiento de la comunidad internacional.
En el reporte se lee que:
«Los ministerios y otros organismos del Ejecutivo nacional funcionan por inercia. No hay inversión, mantenimiento de infraestructura, equipos, ni respuesta a los ciudadanos desde hace varios años. Por ello, todo lo público está a punto del colapso o no funciona. Los apagones nacionales de 2019 son una clara demostración de ello».
Además, se deja en claro que la política chavista de buscar concentrar todo el poder en el Gobierno no solo viola la Constitución y el marco legal vigente, sino que tiene un impacto en la cotidianidad de los venezolanos, sin importar su tendencia política.
La hiperinflación que azota al país, la escasez de alimentos y medicinas, la falta de empleo estable y bien renumerado y el colapso de los servicios públicos han provocado que miles dejen el país. Para finales de 2019, la Organización de las Naciones Unidas estimaba que unos cuatro millones de venezolanos ya habían emigrado y se estimaba que unos 4.500 salían diariamente solo por las fronteras con Colombia, de los cuales la mitad no volvía.
Poder absoluto, riesgo total
En el informe se denuncia también que la concentración del poder en manos de Nicolás Maduro no solo se ha traducido en una desmejora notoria en la calidad de los servicios públicos, sino que además ha permitido a las autoridades castigar cualquier tipo de disidencia o crítica a su gestión.
«En Venezuela el Estado ha dejado de ejercer sus funciones fundamentales, incluso las más esenciales como las de seguridad ciudadana y justicia, que más bien se han tergiversado a tal punto que los órganos del sistema de justicia que las ejercen se han transformado en represores de quien piense distinto, e incluso, de quien proteste por el mal funcionamiento de los servicios públicos o por la falta de respuesta del Estado en las áreas de su competencia».
Tras advertir que la actual crisis no se ha producido de la noche a la mañana, sino que ha sido un proceso de años, se señala que el cerco a la Asamblea Nacional elegida en diciembre de 2015 ha puesto de manifiesto la construcción de un Estado de hecho.
«A la falta de instituciones se une una inseguridad jurídica crítica: el presidente de la República es quien legisla a través de decretos leyes, porque así él lo ha decidido sin el aval del Parlamento sobre la base de una emergencia económica, decretada por él mismo desde enero de 2016 en todo el país. Hasta diciembre de 2019, ha habido 23 prorrogas, aunque el estado de excepción (que es como llama esta figura la Constitución), no pueda durar más de 60 días prorrogable por una sola vez. Además, como la AN no ha aprobado esos estados de excepción, pues el TSJ lo ha hecho en su lugar, aunque la normativa nacional se lo prohíba».
El año pasado el Gobierno, al amparo del TSJ, pudo seguir aprobando el presupuesto nacional, numerosos créditos adicionales y suscribiendo contratos de interés público sin contar con la aprobación del Parlamento y sin tener que rendirle cuentas.
¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?
La construcción de un Estado de hecho, que reemplace el Estado social de derecho y de justicia previsto en la Constitución de 1999, ha puesto a los venezolanos en una situación de total indefensión y precariedad. A medida que el Gobierno se ha ido haciendo más y más poderoso, los ciudadanos han visto cómo su calidad de vida se ha ido deteriorando, debido a los errores cometidos en el manejo de la economía y a evidentes hechos de corrupción. El caso de la constructora Odebrecht puede que sea uno de los mejores ejemplos, pues, pese a que el Estado desembolsó miles de millones de dólares por adelantado, decenas de grandes obras no se terminaron dejando a la población sin medios de transporte, viviendas, acueductos o centrales hidroeléctricas y sin dinero.
Otra consecuencia del modelo político impuesto en Venezuela es que las posibilidades de que los ciudadanos puedan señalar fallas o expresar su malestar con el propósito de buscar correctivos de parte de sus gobernantes se ha ido reduciendo, porque como bien lo advirtió el político inglés John Dalberg-Acton: «El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente».
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