La directora de Corporación a la Excelencia en la Justicia, Gloria María Borrero, durante su segunda intervención en el Seminario Radiografía a la Justicia en Venezuela, mostró de forma global cómo se lleva a cabo el trabajo de investigación en la ONG a la que representa, los principales obstáculos con los que se encuentran y las vías que han conseguido para incidir en las políticas públicas y la gestión judicial. A continuación se encuentra un extracto de los principales puntos mencionados durante su ponencia:
La Corporación Excelencia en la Justicia fue creada por empresarios colombianos, después de la toma del Palacio de Justicia por el M19, el holocausto de la justicia. Empezaron a pensar pero qué hacemos nosotros con la justicia, en ese momento se presentía que tenía que ver con el desarrollo de un país, nuestro énfasis es en la gestión judicial en la producción de sentencias.
Desde entonces, hemos acompañado reformas importantes en Colombia, dentro de los empresarios que crearon la ONG estaba el Diario El Tiempo, y hoy es presidente de la junta José Alejandro Cortez, dueño de un grupo financiero importante.
Hemos hecho seguimiento a la justicia basados en una metodología llamados los observatorios, en la página web de la corporación hay un tablero donde se puede apreciar la labor de cada uno, si han subido o han bajado los números, son los indicadores básicos que se pueden ver en el poder judicial: cuántos jueces, investigadores y fiscales hay por ciudadano y cuánto presupuesto se le asigna a la rama judicial del PIB.
Hace once años arrancamos haciéndole seguimiento a las reformas procesales más trascendentales que hay Colombia como: el sistema penal acusatorio, la reforma contenciosa administrativa y al resto de las materias que llamamos el código general del proceso. Le hacemos observatorio, por ejemplo: a la jurisdicción de justicia transicional de restitución de tierras, a la apropiación de la tecnología en la rama judicial, las reformas institucionales como la Constitucional o un cambio en la estructura de la fiscalía.
Nosotros conocemos la ley y escudriñamos cuál fue el objetivo que tuvo el legislador para realizar ese cambio judicial, a esos grandes objetivos les diseñamos unos indicadores y miramos todas las fuentes de información que tiene el estado, trabajamos con fuentes secundarias que da el propio Estado colombiano, las analizamos y escogemos la de mayor credibilidad.
Paralelamente, el objetivo es que el Estado mejore las fuentes de información, les hacemos sugerencias para que lo hagan de acuerdo al conocimiento que tenemos de la base de datos, podemos detectar problemas y los acompañamos en el mejoramiento. Es un trabajo que no se ve mucho, pero se ha ido mejorando, aunque hemos tenido problemas.
Colombia suscribió el acuerdo de gobierno abierto con varios países, eso quiere decir que todos los datos tienen que ser abiertos, hay un comité donde varias ONG’s hacemos parte junto al Estado de esa comisión y vamos a ese foro mundial de gobierno abierto, los gobiernos hacen un plan con nosotros, ellos van y rinden cuentas y la sociedad civil les dice si han avanzado o no han avanzado.
Nos gustaría hacerle seguimiento a la calidad de las decisiones judiciales, pero no hemos conseguido financiamiento, en Colombia también tenemos sentencias de 400 páginas, por ejemplo, nos hemos leído para la jurisdicción de tierra 1500 sentencias y vemos claramente como la parte motiva no tiene nada que ver con la parte resolutiva, vemos como se equivocan los jueces y salen los análisis de la Corporación sobre esas sentencias, pero lo deben rondar son sus pares o la academia y no lo hacen, yo quiero mover para que haya un observatorio para eso.
La tutela judicial efectiva, dicen que La mayoría de las sentencias no resuelven la justicia material, son tan etéreas, tan poco ejecutables eso hay que empezarlo a observar, si uno no los observa ellos nunca se van a mejorar, entonces la jurisprudencia es muy importante.
Le hacemos seguimiento permanente a los cambios normativos, el sistema penal acusatorio. En Colombia en 11 años lo han modificado 32 veces. Los políticos colombianos creen que con cambiar la norma cambiamos la realidad, sin darse cuenta que no dejan asentarse los sistemas y los cambios cuando ya se están modificando.
Aplicamos con la Universidad de Los Andes, una metodología que se llama Dinámica de Sistemas para el Sistema Penal Acusatorio y para la Ley de Justicia y paz, es un instrumento de política pública hecho por ingenieros industriales, es un software que a través de variables nos permite ver, por ejemplo, si sale una ley de detención preventiva cómo afecta a todo el sistema penal en Colombia, o si de pronto vamos a quitar la audiencia de imputación eso cómo va a mejorar los tiempos procesales. Es un sistema que da elementos a políticas pública, está allí y es un potencial que podemos tener para el tema.
Hacemos comparaciones internacionales si hay información, y también tenemos estudio de casos.
En Colombia hay una polarización política y la oposición dirigida por ex presidente Álvaro Uribe, dice que la justicia lo ha perseguido políticamente, eso es como uno deseos que yo quisiera coger cuatro o cinco casos paradigmáticos, hacer un tribunal incluso con jueces extranjeros, con la academia, analizar tranquilamente esos casos y darnos una idea si de ahí hubo o no hubo persecución política y si los casos estuvieron bien tratados. Eso es una necesidad en Colombia, pero no se ha podido desarrollar.
Tenemos 60 indicadores de justicia, que miran la demanda y el acceso, la efectividad del sistema, suficiencia de la oferta institucional, la seguridad jurídica, la legitimidad y la credibilidad. Usamos los datos que estén disponibles y que nos den mayor credibilidad, todos no son nuestros, tomamos de encuestadoras datos.
La efectividad la miramos con el histórico de ingresos, egresos, inventario de procesos a nivel territorial, por tipo de proceso y jurisdicción, la proporción de tutela con respecto a los otros ingresos de jurisdicción, los tiempos y costos procesales.
Conseguir la información es un drama, los archivos del poder judicial es otro drama, los jueces a veces no permiten el acceso a la información, las cosas han cambiado pero es difícil, hay personas que no pueden hacer investigación. Nosotros tenemos las bases de datos de la justicia, nos las dieron por una consultoría y todos los años pedimos la actualización y no la dan. Sin embargo, gracias a la Ley de Información Pública y de Participación Ciudadana, tenemos el derecho de petición que a eso le corren, saben que tienen que correr, en ocasiones hasta me escriben y me dicen no tenemos la información deme más plazo. Hay una conciencia ya en las entidades públicas, en eso si estamos diferentes y hay una mayor apertura, Colombia ha avanzado mucho.
Finalmente, Borrero enfatiza que con los años “la Corporación se ha convertido en fuente obligada de información, tenemos una red extensa de expertos y colaboradores, nos ayudan a pulir esas decisiones, lo que nos permite incidir en las políticas públicas”.
