Todos los órganos del Poder Ciudadano están obligados por la Constitución (artículo 276) a presentar un informe de gestión anual, que en el caso de la Fiscalía General de la República, en lo correspondiente a 2017, evidenció el quiebre del orden legal que vive el país y el manejo poco ortodoxo de la información del órgano que lidera la acción penal y debería de garantizar el respeto a los derechos y garantías constitucionales.
Fue el pasado 21 de febrero de 2018, cuando Tarek William Saab presentó en su carácter de fiscal general, designado por la írrita Asamblea Nacional Constituyente (ANC), los resultados del trabajo realizado desde su nombramiento, en agosto de 2017.
En el balance enalteció su labor y defendió su nombramiento, obviando en parte la información que estaba obligado a presentar y que a la fecha no aparece publicada en el portal de la Fiscalía.
De la hora y quince minutos que duró su discurso ante la ANC, son cinco los elementos sobre los cuales Acceso a la Justicia llama la atención, porque dejan en evidencia la crisis institucional que vive el país.
- Nombramiento del nuevo fiscal general
Durante su alocución, Saab hizo varias alusiones a la legalidad de su designación, pues como es conocido, este fue nombrado por la fraudulenta ANC en agosto de 2017, luego de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) aprobara un antejuicio de mérito en contra de Luisa Ortega Díaz —fiscal designada según la Constitución, y con su período vigente— y ordenara su suspensión sin justificación válida.
Atendiendo al proceso al que fue sometida, Ortega Díaz fue víctima de un fraude procesal, puesto que la ANC no es el órgano competente para remover a la fiscal, sino la Asamblea Nacional; de hecho, a la fecha no se le han formulado cargos ni atribuido delito alguno.
Aunado a esto, se debe recordar que la ANC es un órgano no reconocido por la comunidad internacional ni por las ONG nacionales, ya que su convocatoria no fue avalada por el pueblo, incumpliendo lo establecido en la Constitución y, además, su elección se hizo incurriendo en múltiples irregularidades que impiden reconocer sus resultados.
- ¿Omisiones intencionales?
En su discurso, Saab optó por destacar los casos que aseguró no fueron abordados por la depuesta Ortega Díaz, cayendo en la omisión de eventos ocurridos durante su gestión, y sobre los que el país espera respuesta.
Por ejemplo, destacó que “gracias al discurso dado por este nuevo Ministerio Público (MP)” se atendió lo ocurrido en la llamada Masacre de Barlovento de 2016 (torturas y posterior muerte de doce personas en el estado Miranda), ya que fueron imputados doce militares, pero nada dijo que más de un mes después de la llamada Masacre de El Junquito, donde fue asesinado Óscar Pérez y su grupo, la Fiscalía no ha iniciado aún una investigación al respecto, y tampoco hizo alusión a resultados sobre la Masacre de Amazonas (treinta y nueve reos fallecidos en agosto de 2017).
Como se ve, criticar a la administración anterior es fácil, cumplir con sus obligaciones no tanto.
- Las protestas
Saab también acusó a la depuesta Ortega Díaz de haberse negado a imputar a los detenidos por alteración del orden público durante las protestas antigubernamentales de 2017, mientras indicó que el MP a su cargo judicializó “cada uno de los casos de violencia política reciente”, permitiendo a la fecha contar con veintiocho funcionarios de seguridad acusados, incluido el asesino de David Vallenilla en la Base Aérea La Carlota. En ese sentido, llama la atención que el fiscal diga que se “judicializaron” los casos, pero no que se haya hecho justicia. Al menos es consciente de la diferencia.
El funcionario sostuvo que por estos y otros eventos se ha querido mostrar que en el país hay impunidad con “el fin último de convertir a Venezuela en una especie de Estado forajido que no judicializa casos” y no atiende las violaciones de derechos humanos, pero sin dar las razones y hechos objetivos que demuestren lo contrario.
Otro elemento a destacar es que los asesinatos (más de 100) y torturas ocurridos durante las movilizaciones de 2017 —la mayoría a manos de cuerpos de seguridad del Estado— no han recibido el trato esperado por parte del MP, como lo puso en evidencia el informe del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU sobre este punto, y más aún, la decisión de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional de iniciar una averiguación preliminar de Venezuela al considerar que los crímenes cometidos durante las protestas merecen una investigación realmente independiente.
- Corrupción
Entre las pocas cifras que ofreció Saab se encuentra el haber señalado que desde agosto de 2017 se han ejecutado 551 acusaciones por casos de corrupción, entre las que se cuentan los más altos cargos de Petróleos de Venezuela (PDVSA).
Detalló que durante los cinco meses de su gestión se logró apresar a exministros de Petróleo y expresidentes de PDVSA, mientras que acusó a Ortega Díaz de dirigir una red de corrupción dentro de la estatal petrolera y sobreseer 80% de las causas vinculadas a los delitos cambiarios.
Si bien Saab alardeó que sólo bajo su gestión se está haciendo justicia en los hechos de corrupción, es preciso recordar que la estructura del sistema de justicia que ha venido configurando el Gobierno (magistrados exprés, destitución del vicefiscal, provisionalidad de los jueces) le ha jugado a favor para impedir que las averiguaciones en contra de los funcionarios prosperen y sólo lo hagan cuando al propio gobierno le convenga.
Precisamente, uno de estos casos refiere a PDVSA, ya que el TSJ en 2016 bloqueó una investigación de la Asamblea Nacional sobre la petrolera, mientras que en 2017 ordenó hacer una indagación contra el diputado Freddy Guevara por haber tratado de notificar al exhombre fuerte de la estatal, Rafael Ramírez, sobre esa averiguación.
- Justicia militar
El fiscal no dejó pasar el tema de la justicia militar, al indicar que 57 causas civiles que estaban siendo llevadas por órganos castrenses volvieron a su juez natural, pero la realidad es que la cifra informada no es representativa frente a los centenares de casos recopilados.
De acuerdo a las ONG Human Rights Watch y Foro Penal, durante las protestas de 2017 los civiles detenidos y puestos a la orden de órganos castrenses sumaron 757, y aunque la ilegal ANC ordenó devolverlos a la jurisdicción civil, lo dicho por Saab evidencia que hay una brecha enorme entre el número de particulares puestos a las órdenes de los tribunales civiles y los que siguen siendo procesados por la justicia militar, diferencial por el que Saab y el Poder Judicial deben responder.
¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?
La presentación de Tarek William Saab ratifica que el país vive una severa crisis institucional, ya que la Fiscalía General, organismo cuya responsabilidad es velar por el respeto de los derechos y garantías constitucionales, está a cargo de un funcionario nombrado bajo el amparo de una instancia y un procedimiento fraudulento, ajeno a la soberanía popular a la que debería servir.
Por ello, aunque la difusión del informe de gestión es una obligación constitucional, la actual administración del Ministerio Público sigue sin cumplirla, pues la información ofrecida por su titular fue seleccionada atendiendo a intereses políticos, y para hacer ver que se está cumpliendo con las funciones del organismo, cuando por el contrario, las pocas cifras ofrecidas dejan ver una brecha entre lo que necesita el país y lo que se está haciendo. En tal circunstancia, sólo gana el poder y perdemos todos los ciudadanos.
