El informe Visión panorámica del sistema policial en Venezuela (2000-2018), elaborado por Acceso a la Justicia, presenta un diagnóstico del sistema policial en Venezuela en lo que va de siglo XXI, que se caracteriza por tener déficit presupuestario, opacidad en la información, aumento en las muertes a manos de funcionarios, empoderamiento y expansión de los cuerpos más letales, como las temidas FAES
Cualquier intento por hacer un diagnóstico del sistema policial venezolano se topa con el principal obstáculo, que es la falta de datos e indicadores oficiales, como ocurre con cualquier ámbito de estudio que requiera data de entes públicos en Venezuela. Aún así, Acceso a la Justicia reunió a un grupo de investigadores expertos, quienes analizaron informes anuales de gestión, declaraciones públicas de autoridades, comunicados oficiales, mensajes en redes sociales de los principales representantes gubernamentales y las noticias que se generaron a partir de ese material. El resultado de ese esfuerzo se recoge en el Informe Visión panorámica del sistema policial en Venezuela (2000-2018), que abarca desde el enfoque normativo hasta la operatividad institucional.
Al hacer el análisis se evidenció que el número cada vez más creciente de muertes a manos de funcionarios policiales, muchos de ellos incursos en ilícitos y actos de corrupción, la incapacidad para reducir la violencia delictiva, la opacidad en el acceso a cifras de criminalidad y vulneraciones a derechos humanos caracterizan el sistema policial venezolano y son algunas de las razones que han generado desconfianza en los cuerpos de seguridad del Estado.
El estudio permitió la construcción de indicadores alternativos que presentan un panorama preocupante desde la perspectiva de la búsqueda de fortalezas institucionales y de protección de derechos humanos.
Entre 2010 y 2018 murieron 23.688 personas a manos de funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado. La mayoría (60%) en los últimos tres años (2016-2019); 86% de esas muertes fueron ejecuciones extrajudiciales.
“El brutal incremento de las muertes a manos de las fuerzas de seguridad del país nos indica que las policías en Venezuela no cumplen con su principal finalidad legal que es proteger los derechos de la ciudadanía. Las fuerzas de seguridad del Estado no han sido ni eficaces (por no cumplir con sus cometidos) ni eficientes (por los altos costos en vidas humanas con resultados socialmente dañinos)”, se señala en el informe.
Una reforma que no se ejecutó
El informe consta de seis partes. En la primera se explica cómo está constituido el sistema penal venezolano, integrado por 147 policías preventivas, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) como cuerpo de investigación, el Ministerio Público, los tribunales y el subsistema penitenciario.
También habla acerca de la Comisión Nacional para la Reforma Policial –Conarepol– una consulta de alto nivel que se llevó a cabo en 2006 para formular un modelo policial basado en el respeto a los derechos humanos, la profesionalización de los funcionarios y el carácter civil del servicio, el cual, aunque fue una iniciativa que arrojó una gran experiencia y posibilidades, no ha sido implementado. Asimismo, se aborda la militarización de la seguridad ciudadana y el incremento de organismos castrenses en la labor policial.
La segunda parte está dedicada a la opacidad que caracteriza el sistema policial en Venezuela. Es imposible acceder a fuentes oficiales. Las únicas vías para obtener información son algunas (pocas) páginas web y redes sociales de las instituciones policiales y el Ministerio de Interior, Justicia y Paz, espacios que generalmente son usados para propaganda política.
En la tercera parte se habla acerca de las instituciones del sistema policial venezolano. Indica que las policías municipales son las responsables de al menos 11,5% de las muertes a manos de las fuerzas de seguridad ocurridas en el país; la Policía Nacional Bolivariana de 30% a través de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), y el Cicpc se erige como la fuerza de seguridad más letal del país, con 40% de los casos de muertes por intervención de la fuerza pública.
La “policialización” de la sociedad
Aunque durante el trabajo de investigación fue difícil acceder a información oficial para elaborar indicadores detallados de gestión y se desconoce con detalle y claridad el número de policías existentes en el país y su distribución institucional y territorial, lo que sí se pudo observar de manera clara ha sido el incremento abrupto del número de policías. Así, la “policialización” de la sociedad ocupa la tercera parte del estudio. La tasa de encuadramiento ha llegado a 557 policías por cada 100.000 habitantes, muy por encima del estándar internacional que sugiere entre 300 a 400 policías por cada 100.000 habitantes.
También explica cómo ha aumentado la presencia de funcionarios policiales en todo el país y la creación de nuevas divisiones dentro de los cuerpos de seguridad, como las letales y temidas FAES.
El quinto bloque de la investigación atiende las dimensiones relativas al presupuesto destinado para las instituciones policiales, caracterizado por un gran déficit pese al tamaño del sistema policial. El informe señala que la sostenibilidad formal de estas instituciones en el tiempo se hace precaria, situación que promueve espacios para la búsqueda de otras fuentes de financiamiento por parte del personal, lo que incrementa y hace atractivas opciones como la corrupción.
Los derechos humanos ocupan la sexta parte del informe. Se presenta un panorama negativo en cuanto al respeto por los derechos fundamentales. La alta letalidad, la hipertrofia policial y el déficit presupuestario lícito se retroalimentan entre sí en una combinación fatal en desmedro de la institucionalidad democrática del país y de los derechos de la ciudadanía.
A pesar de todas las dificultades durante la investigación, Acceso a la Justicia espera que este informe, que constituye un esfuerzo de sistematización y análisis de toda la información disponible sobre esta importante institución del sistema penal venezolano, sea de alguna utilidad para futuros estudios, análisis y toma de decisiones en materia policial y de seguridad.
Y a ti venezolano ¿cómo te afecta?
La letalidad de la violencia policial y la impunidad de la que gozan los funcionarios policiales hace permanente la violación de derechos humanos, y los presupuestos deficientes de los cuerpos de seguridad y bajos sueldos contribuyen a que los policías busquen formas ilícitas de financiamiento y que se vinculen a hechos de corrupción, lo que pone en riesgo a los ciudadanos que son víctimas de secuestros y otros delitos en los que están inmersos policías activos.
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