El deterioro del Estado de Derecho en Venezuela es permanente y alimenta una crisis humanitaria compleja sin precedentes en la que se producen violaciones a los derechos humanos de la mano de la impunidad, lo que hace imperante rescatar el Estado de Derecho.
Pero para lograr esta meta es imprescindible contar con jueces independientes, autónomos, con una sólida formación intelectual y ética que garanticen su integridad.
Fernando M. Fernández, penalista, experto en Derechos Humanos y miembro fundador del Observatorio de Crímenes contra la Paz, quien participó en el encuentro Transición de la Justicia en Venezuela: Construyen propuestas desde la sociedad civil, habló acerca de este tema e hizo propuestas para rescatar la ética judicial.
Fernández planteó que para concretar un sistema de justicia autónomo, independiente, oportuno y eficaz hay que identificar y combatir los conflictos de intereses, fomentar la participación ciudadana en el ámbito jurídico a través de figuras como los jurados, revisar el Código de Ética judicial, mejorar las condiciones laborales de los funcionarios judiciales así como revisar el papel de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Conflicto de intereses y participación ciudadana
“En Venezuela tenemos un problema cultural, inclusive en los mejores sitios y en las mejoras oficinas, que es el conflicto de intereses” lo que a su juicio, atenta contra la imparcialidad a la hora de tomar decisiones jurídicas.
Para Fernández es determinante propiciar la participación ciudadana en el sistema de justicia. El abogado explicó que en 1998 se instauró el sistema de jurados basado en los sistemas anglosajón y alemán, pero ambos fueron eliminados.
“Se argumentó que era muy difícil constituir un tribunal de jurados –integrado por 9 personas– y se atribuía a que eso generaba retardo judicial. En una evaluación que se hizo se demostró que el retardo judicial se debía, fundamentalmente, a decisiones del tribunal al no dar despacho; al fiscal que no podía asistir; a la estrategia de la defensa y a la inasistencia de los ciudadanos. Sin embargo, se eliminó el jurado americano, el jurado anglosajón y se mantuvo el de escabinos, hasta que también se eliminó”.
No obstante, el experto señala que hay que repensar el tema del control ciudadano y fortalecerlo.
Fernández propuso también combatir la “justicia de plastilina” que se amolda a los intereses del poder y revisar el papel de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.
“Vista la situación actual de la Sala Constitucional, dentro del Tribunal Supremo de Justicia, es también un conflicto de intereses. Ellos son quienes han decidido, en el tema ético, por ejemplo, de los jueces. Entonces, ellos intervienen en el gobierno judicial porque tienen sus propios intereses, ya no es el dominio de varios partidos ni el dominio de un bufete, sino el dominio de un partido político y, muy particularmente, de la justicia penal”.
Fernández señaló también la necesidad de mejorar las condiciones laborales de los jueces, salarios y seguridad social. “La justicia está tarifada”, denunció.
Ética judicial
Fernández considera necesario que el Código de Ética Judicial sea reformulado y adaptado a criterios universales sobre ética jurídica y derechos humanos.
También planteó hacer una revisión exhaustiva de la Ley de Abogados para optimizar la formación de quienes van a ocupar cargos de jueces.
Exhortó a que el rescate de la justicia en Venezuela pase por la publicación de las sentencias para combatir la opacidad. “Hay muchas sentencias que no aparecen. Consultar una sentencia en Venezuela es una odisea, parece un tema tonto pero es crucial para la transparencia”.
