En el objetivo del Gobierno nacional de tomar progresivamente el poder absoluto, ha sido fundamental la participación y complicidad del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Un total de 131 sentencias confirman el golpe a la Asamblea Nacional como parte del proyecto para disolverla de forma definitiva. Esta política del gobierno fue denunciada por Acceso a la Justicia ante la Alta Comisionada de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, en junio de 2019.
La destrucción del Parlamento comenzó poco después de elegida la Asamblea Nacional (AN), de mayoría opositora, a finales de diciembre de 2015, cuando la Sala Electoral (SE) del TSJ desconoció a 4 de sus diputados del estado Amazonas mediante una medida cautelar (es decir, no de una decisión definitiva sobre el caso). Con este dictamen, el Poder Judicial dejó a esa entidad y a toda la región sur indígena del país sin representación en el Parlamento.
Paulatinamente, la Sala Electoral, actuando conjuntamente con la Constitucional (SC), fue anulando todos los actos del Poder Legislativo, impidiéndole funcionar durante 2016. En marzo de 2017, la SC dictó dos sentencias (155 y 156), que causaron escándalo internacional por desconocer la inmunidad parlamentaria, disolverlo como Poder y sustituirse en él. Con este paso, el desconocimiento del Parlamento fue más contundente que en las anteriores 52 sentencias en su contra.
Aunque estas sentencias fueron revocadas poco después, se mantuvo la usurpación de funciones de la Asamblea Nacional y sobre todo la imposibilidad de que funcionara bajo la tesis del desacato, sin darle la posibilidad de revertir la situación. De esta manera, se creó un mecanismo para que el Poder Legislativo no pudiera actuar más, salvo una decisión definitiva del propio TSJ sobre el caso, que la SE en más de dos años no ha tomado.
En la actualidad es la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), según las normas que la crean, la que tiene la potestad, entre otras, de legislar.
Ya son más de 100 las sentencias que registran el golpe a la AN, en el año 2019 se contabilizaron 30 sentencias, más del doble de las 12 reportadas en 2018; mientras que en lo que va de 2020 ya se han producido 12. Desde Acceso a la Justicia se considera que la disminución de dictámenes contra el Parlamento registrado en 2018, cuando se produjeron 25 fallos menos que en el año anterior, reside en la instalación de la fraudulenta ANC en agosto de 2017. Este último órgano asumió el rol de aniquilador del Legislativo que antes había sido exclusivo del TSJ.
El golpe a la Asamblea Nacional ha sido continuo y se ha visto claramente el verdadero proyecto del gobierno de Nicolás Maduro de no cesar hasta eliminarla completamente. El 21 de enero de 2019, la Sala Constitucional (SC) del TSJ declaró una vez más, que la junta directiva del Parlamento y todos los actos emitidos por este cuerpo son nulos.
Con este fallo, el Poder Judicial pretendió invalidar la juramentación del diputado Juan Guaidó como presidente de la AN. En este caso, el argumento esgrimido fue que el Legislativo desacató los mandatos de los otros Poderes Públicos en lo relacionado con la cuestionada elección de mayo de 2018 y la juramentación de Nicolás Maduro para un segundo mandato presidencial.
En este sentido, el TSJ señaló que “la Asamblea Nacional no tiene Junta Directiva válida, por incurrir la írrita Directiva, elegida el 5 de enero de 2019, al igual que las designadas inconstitucionalmente durante los años 2017 y 2018, en usurpación de autoridad, por lo cual todos sus actos son nulos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 138 de la Constitución de la República”.
Pero por si lo anterior fuera poco en 2020 la Sala Constitucional decidió inmiscuirse en la situación generada en el Parlamento el 5 de enero, luego de que un grupo de diputados suplentes y principales junto a la bancada del chavismo decidieran constituir una directiva encabezada por el diputado Luis Parra, pese a no contar con la mayoría suficiente. La situación se produjo gracias a que los efectivos de la Guardia Nacional que custodian el Palacio Federal Legislativo impidieron a un grupo importante de parlamentarios ingresar al recinto para participar en la elección de la nueva directiva.
El día 26 de mayo de 2020, ocurrió lo que se temía: mediante sentencia n.° 65, declaró como válida la junta directiva encabezada por Luis Parra y prohibió la conformación de un parlamento paralelo o virtual, lo que constituye un intento más por neutralizar a la mayoría opositora.
Acceso a la Justicia ha advertido en diferentes oportunidades que el golpe judicial contra el Parlamento representa la expresión de la violación del Estado de derecho, de la supremacía autoritaria de un Poder sobre otro, de la abolición velada de la democracia.
En efecto, el plan del gobierno, a través del TSJ y la fraudulenta ANC, vulnera la soberanía popular y el derecho al voto en Venezuela, que son elementos son esenciales para la existencia de una verdadera democracia.
Además, en el patrón de sentencias contra el Parlamento, el Poder Judicial ha perdido su naturaleza y se ha invalidado como un árbitro imparcial, lo cual significa que en un conflicto no puede controlar al poder. Desde diciembre de 2015, el TSJ al legalizar o amparar lo que se hace desde el poder del Estado contra el ciudadano, ha perdido su razón de ser como poder del Estado, que no es sino frenar el poder con el Derecho.
