A finales de marzo de 2017, dos sentencias de la Sala Constitucional (SC) del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) implicaron de manera expresa y clara una ruptura del orden constitucional y democrático en Venezuela: las números 155 y 156, al disolver el Parlamento y desconocer la inmunidad parlamentaria.
Ambas sentencias generaron una importante crisis política a nivel nacional e internacional. En el ámbito interno, la Fiscal General se deslindó de ambas decisiones y denunció el quebrantamiento del orden constitucional al violentarse la inmunidad parlamentaria y las competencias del Parlamento. La comunidad internacional se pronunció en el mismo sentido.
La consecuencia fue que, por exhorto del Consejo de Defensa de la Nación, reunido por Nicolás Maduro en la madrugada del 1º de abril de 2017, el TSJ emitió dos aclaratorias ese mismo día en la mañana mediante las sentencias números 157 y 158, con las que relativizó los efectos de las decisiones 155 y 156, pero no sus consecuencias, porque en la práctica el Poder Legislativo siguió anulado.
Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió que se ha mantenido “a la AN en condición de desacato, sin que esta pueda ejercer sus funciones constitucionales, tales como legislar, realizar acciones sobre su organización interna, fiscalizar a otros poderes, entre otras. También observó que “no se ha revocado la calificación de ‘traición a la patria’ a las acciones de los diputados de la AN”.
Ortega Díaz a partir de sus declaraciones comenzó una verdadera guerra judicial contra el Gobierno, en la que incluso solicitó el enjuiciamiento de ocho magistrados de la SC (seis principales y dos suplentes) por incurrir en el delito de conspiración contra la forma republicana, previsto en el artículo 132 del Código Penal, así como la nulidad del nombramiento de los “magistrados exprés” por parte de la saliente AN en diciembre de 2015. Como consecuencia de su arremetida, fue suspendida de su cargo por sentencia del TSJ al aprobar el antejuicio de mérito en su contra, con lo que de nuevo usurpó funciones de la AN, única competente para removerla.
Por si fuera poco, el TSJ le quitó la inmunidad parlamentaria al diputado Germán Ferrer, esposo de la Fiscal, y a raíz de ello, un tribunal dictó una orden de aprehensión en su contra por manejar supuestamente una importante red de corrupción desde el Ministerio Público. Ortega Díaz y Ferrer tuvieron que huir del país junto a dos fiscales más.
Su estadía en el exterior le ha permitido a la extitular del Ministerio Público revelar detalles sobre casos de corrupción relacionados con la constructora Odebretch, que según denunció, involucran hasta al presidente de la República. También se dirigió a la Corte Penal Internacional en La Haya, para acusar al régimen de Maduro de crímenes de lesa humanidad por el uso excesivo de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad del Estado durante las protestas que entre abril y julio de 2017 desencadenaron las decisiones números 155 y 156 del máximo tribunal de la República, con saldo de más de cien muertos, según informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Vale acotar que la represión gubernamental fue tan grave que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional inició una averiguación sobre tales hechos, que puede conducir a una imputación por crímenes de lesa humanidad contra altos funcionarios del Gobierno.
Además es importante destacar que Ortega Díaz fue sustituida ilegalmente por la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente (ANC), instancia que designó al para entonces Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, como nuevo fiscal, cuyas actuaciones en defensa de los derechos humanos han dejado mucho que desear.
