La certeza respecto al momento en que se celebrarán las elecciones es uno de los pilares de los sistemas democráticos alrededor del mundo y en Venezuela lo fue también durante décadas. Sin embargo, esto ha ido cambiando con el chavismo, así las elecciones ya no solo no se celebran en diciembre, como tradicionalmente ocurría; sino que algunas de ellas tampoco se han dado en el momento en que correspondía. Un ejemplo fueron los últimos comicios de alcaldes y concejales los cuales debieron celebrarse en 2012, junto con las de gobernadores, pero fueron aplazados para abril de 2013.
La muerte del presidente Hugo Chávez, anunciada el de 5 de marzo de 2013, forzó la celebración de unas elecciones presidenciales sobrevenidas, las cuales se celebraron el 14 de abril y ello obligó a postergar nuevamente el proceso municipal (https://www.leanoticias.com/2013/03/09/presidenciales-el-14-a-y-suspendidas-las-municipales/).
Esta anomalía volvió a repetirse en el caso de las elecciones regionales, las cuales tuvieron lugar el 15 de octubre de 2017; es decir con más de diez meses de atraso. El artículo 160 de la Constitución de 1999 establece claramente que el período de los gobernadores es de cuatro años, por cual las últimas elecciones para elegir a dichos funcionarios debieron celebrarse en 2016, porque las anteriores ocurrieron en 2012, pero ello no fue así.
“Estamos viviendo una emergencia económica, producto de que sobre Venezuela hay una guerra petrolera, económica y financiera (…) Ahora no tenemos los recursos y la prioridad para el país, porque las elecciones no son un derecho fundamental como lo es la alimentación, la salud y el bienestar”, afirmó el diputado oficialista Pedro Carreño cuando se le preguntó sobre la demora para celebrar dicho proceso (https://efectococuyo.com/politica/pedro-carreno-elecciones-regionales-no-son-prioridad-para-el-pais/).
Pero esta práctica podría convertirse en rutinaria, porque Nicolás Maduro ya ha dejado entrever la posibilidad de que las legislativas tampoco se celebren en el tiempo correspondiente. “Hoy sería una irresponsabilidad de mi parte decir que tiene que haber elecciones a trocha y mocha”, declaró en abril de 2020 a un programa argentino, alegando que el coronavirus podría impedir la convocatoria a las urnas. (https://www.ntn24.com/america-latina/venezuela/maduro-sugiere-postergacion-de-elecciones-parlamentarias-121282).
Semanas después, durante una cadena de radio y televisión, el ocupante del Palacio de Miraflores volvió a insistir en su tesis: “Este es año de elecciones si lo permite la pandemia, bueno, presenten sus candidatos, vayamos a la elección de la Asamblea Nacional y los asuntos entre los venezolanos los resolvemos entre los venezolanos con el voto popular el día de las elecciones” (https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202005141091419477-maduro-si-la-pandemia-lo-permite-este-ano-habra-elecciones-parlamentarias/).
No obstante, vale la pena advertir que el estado de alarma decretado por el COVID-19 no ampara una eventual postergación de las elecciones. La Ley Orgánica de Estados de Excepción, en el numeral 13 de su artículo 7, establece que el sufragio no se puede suspender bajo estados de conmoción, alarma o excepción.
Ante lo que parece ser la destrucción del voto como uno de los mecanismos de resolución pacífica de conflictos políticos en Venezuela, Acceso a la Justicia considera fundamental que la sociedad civil y los factores políticos no desmayen en su lucha por lograr el nombramiento de un CNE legítimo, recuperar las garantías electorales y reconquistar la confianza del elector en el poder del sufragio para cambiar incluso a las dictaduras modernas.
