2020 pasará a la historia como el año en el que el mundo se paralizó debido a una enfermedad llegada desde el continente asiático. El coronavirus detectado en la ciudad china de Wuhan, causante de la enfermedad COVID-19, se esparció como el fuego por una pradera seca por el globo, forzando a las autoridades a tomar medidas sin precedentes, como la imposición de confinamientos y paralizar buena parte de la economía. Venezuela no escapó a esta realidad, pero la crisis sanitaria fue aprovechada por el Gobierno de Nicolás Maduro para reforzar el control que ejerce sobre el país y atacar sectores que, hasta ahora, están fuera de su dominio, como las organizaciones no gubernamentales (ONG).
La denuncia la formuló Acceso a la Justicia en su informe anual correspondiente a 2020, intitulado La consolidación de un régimen autoritario en Venezuela: Sin parlamento ni derecho al voto, y que fue publicado esta semana. En el reporte se lee:
«Durante la pandemia, la situación de represión y arbitrariedad del país se agravó de manera importante, ya que se decretó un estado alarma, que en los hechos implicó un estado de sitio, de manera que era difícil trasladarse de un municipio a otro, incluso dentro de una misma ciudad».
Desde que el Gobierno nacional impuso el estado de alarma para combatir la pandemia del coronavirus, decenas de personas han sido detenidas en todo el país por incumplir las restricciones impuestas o por protestar contra los deficientes servicios públicos, entre ellos, la escasez de gasolina. El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) contabilizó 628 casos de detenciones solamente en manifestaciones.
Más registros y controles
Acceso a la Justicia rememoró que a finales de 2020, y en apenas cuestión de semanas, las autoridades adoptaron una serie de medidas destinadas a estrechar el cerco que desde hace años vienen levantando en torno a las ONG, que conforman uno de los pocos sectores que no controlan aún.
En el informe se recuerda que esta nueva campaña inició con dos resoluciones:
«La primera, emitida por el ministro de Interior, Justicia y Paz junto con el de Relaciones Exteriores, en Gaceta Oficial n.º 41.994 del 27 de octubre de 2020, estableció que las ONG internacionales de carácter humanitario deben obtener un certificado en Venezuela para poder funcionar, así sea a través de otras ONG domiciliadas en el país».
Este instrumento, en su artículo 8, ordena a las agrupaciones extranjeras inscribirse en el Registro Especial Automatizado de Organizaciones No Gubernamentales No Domiciliadas (Regong), el cual podrá ser negado «por motivos de orden público y de soberanía, evidenciados de la información suministrada». Una medida, que desde Acceso a la Justicia consideramos como un cheque en blanco que permite a las autoridades negar de manera arbitraria la inscripción o prórroga de las ONG extranjeras, por supuestamente representar una injerencia extranjera.
La segunda norma sobre la materia la dictó la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario de Venezuela (Sudeban), a través de la circular número SIB-DSB-CJ-OD-06524 del 20 de noviembre de 2020. En dicho texto se ordenó a los bancos y demás instituciones financieras del país implementar «medidas que fortalezcan los procedimientos, mecanismos y sistemas tecnológicos que permitan monitorear las operaciones de negocios o financieras llevadas a cabo por parte de las ONG».
Del dicho al hecho
Esta iniciativa de hostigamiento contra las ONG no quedó en establecer la necesidad de nuevos trámites o controles, sino que, a los días, efectivos de las fuerzas de seguridad allanaron la sede de organizaciones como Alimenta La Solidaridad y Caracas Mi Convive, para luego congelar sus cuentas bancarias.
Asimismo, en 2020 continuaron los ataques de parte de jerarcas gubernamentales contra organizaciones y activistas. Por ejemplo, el entonces constituyente Diosdado Cabello amenazó con aprobar una ley para sancionar el financiamiento internacional a las ONG desde la nueva Asamblea Nacional en 2021, una amenaza que parece estarse materializando porque el nuevo Parlamento desempolvó el cuestionado proyecto de Ley de Cooperación Internacional de 2005.
La nueva arremetida del Gobierno contra la sociedad civil ha disparado las alarmas en instancias internacionales. Así, la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, al presentar el 11 de marzo de este año su último reporte sobre la situación del país al Consejo Derechos Humanos de la ONU admitió:
«me inquietan los crecientes signos de reducción del espacio cívico (…) Desde septiembre, mi Oficina ha documentado al menos 66 casos de intimidación, acoso, inhabilitación y criminalización de periodistas, medios de comunicación, defensores de los Derechos Humanos, trabajadores humanitarios, líderes sindicales y miembros o partidarios de la oposición, incluidos los miembros electos de la Asamblea Nacional de 2015 y sus familiares».
Y a ti venezolano, ¿cómo te afecta?
Las autoridades venezolanas insisten en colonizar uno de los pocos espacios independientes que existen en el país. La administración de Nicolás Maduro parece dispuesta a silenciar, cooptar o simplemente cerrar a las organizaciones civiles no afines, e incluso ir más allá y transformar a los simples ciudadanos de a pie en subalternos.
¿Por qué esta campaña? Las agrupaciones civiles se han convertido en una piedra en el zapato, pues han jugado un papel fundamental en la denuncia y la exposición de las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el país.
En lugar de combatir la pandemia de la COVID-19 y de diseñar un plan de vacunación eficaz, el Gobierno ha aprovechado las circunstancias para reforzar el control que ejerce sobre la ciudadanía.
Para ver el Informe Anual 2020 La consolidación de un régimen autoritario en Venezuela. Sin parlamento ni derecho al voto, pulse aquí.
Si desea leer el Resumen Ejecutivo del Informe Anual 2020 de Acceso a la Justicia, pulse aquí.
