El próximo 1 de noviembre corresponde a Venezuela rendir examen ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en el marco del Examen Periódico Universal, que evalúa a todos los países miembros de la ONU. Acceso a la Justicia denunció ante esta instancia la falta de independencia existente en nuestro Poder Judicial, y ahora esperamos ver cómo responde el Estado venezolano.
El Examen Periódico Universal (EPU) es un proceso diseñado por las Naciones Unidas (ONU) con la intención de revisar el estado de los Derechos Humanos en todos los países miembros de esa organización. Lo más innovador del EPU es que se basa en tratar igual a todas las naciones, dando oportunidad a los Estados de explicar qué han hecho en el período evaluado para plantear mejoras en el futuro.
En el caso venezolano estamos en el segundo ciclo del EPU y para su evaluación se cuenta con tres fuentes: la información que dio el Estado venezolano (en forma de un “reporte nacional”); la información proveniente de los reportes de expertos y grupos independientes en Derechos Humanos y de los distintos cuerpos de la ONU, y finalmente la información de otras partes interesadas como las ONG.
En ese último grupo se encuentra Acceso a la Justicia junto con más de 50 ONG venezolanas. Acceso a la Justicia presentó un informe donde se evidencia el deterioro que ha sufrido la independencia judicial en Venezuela y se muestra que esto es efecto de un plan sistematizado del Poder Ejecutivo, situación que no ha hecho sino agravarse a medida que pasan los años. Nuestra denuncia fue recogida textualmente en el Resumen preparado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos preparado para el EPU.
Nuestro planteamiento es que se ha ido desmantelando la independencia judicial con distintas estrategias que agrupamos en cuatro grandes temas: la aplicación de un marco legal que subordina la Justicia al Poder Ejecutivo, la jurisprudencia de la Sala Constitucional que aplica criterios políticos y no jurídicos, la gestión judicial que está adscrita al plan de gobierno vigente (el llamado Plan de la Patria), y la inexistencia de concursos y procedimientos transparentes de selección de jueces y magistrados.
En lo que respecta a las leyes que regulan a la justicia en nuestro país, la mayoría de ellas tiene el objetivo político de permitir que el Poder Ejecutivo se entrometa en los asuntos del Poder Judicial. Por ejemplo, la Ley del Sistema de Justicia crea la Comisión Nacional del Sistema de Justicia que asume el gobierno, la dirección y administración de la Justicia, quitándole esa competencia al TSJ a pesar de que la Constitución (art. 267) se la atribuye de manera expresa.
Del mismo modo, como resultado de sentencias de la Sala Constitucional, el Código de Ética de los jueces se ha desaplicado parcialmente dos veces, excluyendo de su cumplimiento a magistrados, haciendo que el TSJ actúe como juez y parte y declarándolos irremovibles por violaciones a la ética. Además, excluyó de su aplicación a los jueces no titulares que, como hemos denunciado antes, son casi tres cuartas partes de los que tenemos en el país.
En el mismo período, la Sala Constitucional ha avalado la desincorporación de funcionarios electos por votación popular, ha vulnerado la seguridad jurídica al crear normas que no solamente cambian el Derecho vigente sino que violan abiertamente la Constitución, ha usurpado funciones legislativas y ha manipulado el concepto de soberanía para desconocer y violar Derechos Humanos.
Por otra parte, la gestión judicial se ha caracterizado por su parcialidad, falta de información sistematizada y poca transparencia en su rendición de cuentas. El mejor ejemplo se encuentra en el hecho de que el TSJ no ha presentado su informe anual desde 2011, por lo que hace ya cinco años que los venezolanos no disponemos de estadísticas judiciales más allá de las pocas que se dan durante los discursos de apertura del año judicial.
¿Y los venezolanos qué podemos hacer?
Luego de las distintas etapas previas en las que hemos participado las organizaciones no gubernamentales, este primero de noviembre se llevará a cabo la sesión en que el gobierno se presentará en Ginebra para su evaluación. Es importante que los venezolanos estemos pendientes de este proceso y hagamos presión para que las distintas recomendaciones hechas por países y organizaciones no gubernamentales sean aceptadas por el Estado venezolano.
Conscientes de las dificultades que existen en nuestro país para acceder a la información, distintas agrupaciones de la sociedad civil estaremos utilizando el hashtag #ONGVzlaEnEPU para difundir información relativa a este proceso.
En lo que atañe directamente a las denuncias antes descritas, Acceso a la Justicia realizó las siguientes recomendaciones puntuales:
- Modificar las cuatro leyes de la “justicia” con un enfoque hacia la independencia judicial y con un enfoque que favorezca al ciudadano y no al gobierno.
- Promulgar un Código de Ética para los magistrados y jueces venezolanos, de acuerdo a las pautas internacionales de independencia y seguridad de los jueces.
- Abandonar la injerencia del Poder Ejecutivo y del Poder Popular en las decisiones, nombramientos y administración de los recursos judiciales.
- Abandonar la práctica del recurso de interpretación y la actuación de oficio, como mecanismos de represión y “legalización” de las prácticas del Gobierno contrarias a la Constitución y Derechos Humanos.
- Retomar el enfoque del Derecho vigente, respetando la seguridad jurídica, y abandonar la práctica de legislar o incluso actuar como poder constituyente desde las sentencias, violando la separación de poderes y la voluntad popular.
- Reformar el Plan Estratégico Judicial 2013-2019 y deslindarlo de toda referencia al Plan de Gobierno o a la ideología del PSUV.
- Retomar los concursos abiertos y públicos para el nombramiento de jueces y respetar las normas constitucionales sobre el nombramiento de magistrados.
