La toma del poder absoluto
Este artículo forma parte de las ponencias que se presentaron durante el foro Estado de la justicia y la democracia en Venezuela, organizado por la ONG, Acceso a la Justicia, en alianza con la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ) y el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga (ICP), que se llevó a cabo en Bogotá, Colombia. Allí juristas, comunicadores sociales y expertos en justicia, corrupción y crimen organizado disertaron acerca de la situación que atraviesa el país y los escenarios en materia de justicia que se presentan ante una posible transición política.
Conocer los orígenes del debilitamiento institucional en Venezuela es indispensable para comprender los hechos y sus alcances. En su ponencia El estado de la justicia y la democracia en Venezuela, Laura Louza, fundadora y directora de la ONG Acceso a la Justicia, explicó a la audiencia cómo se inició la crisis institucional y judicial en el país desde que en 1999 un nuevo régimen político autodenominado “chavismo” llegó al poder de manera democrática, vendiéndose como una socialdemocracia, pero a cambio creó una verdadera hoja de ruta para la toma del poder absoluto. Para lograr ese cometido, puntualiza la abogada, el sistema de justicia resultaba clave, por lo cual de manera inconstitucional controló a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y sobre todo de la Sala Constitucional desde la cual se cambió el Derecho y con el tiempo se fue controlando todo el país y toda la sociedad.
La fundadora de Acceso a la Justicia puntualizó que desde la elección del nuevo Parlamento en diciembre de 2015 (con 2/3 partes de oposición) se ha dado un golpe de Estado institucional debido a que los venezolanos están frente a una “violación deliberada de las formas constitucionales por un grupo que detenta el poder”, como lo establece la definición de Norberto Bobbio, jurista y politólogo italiano, en su Diccionario de Política. Adicionalmente, de manera paulatina el gobierno fue anulando a la Asamblea Nacional mediante 90 sentencias y luego en 2017 con la instauración de una Constituyente (ANC). El acoso hacia el Poder Legislativo arreció con el enjuiciamiento y encarcelamiento de varios diputados sin respeto de su inmunidad parlamentaria y sin el debido proceso, incluso a través de la justicia militar.
Otras formas en las que se ha concretado el golpe de Estado institucional, como repasó Louza, es a través del Estado de Excepción decretado por Nicolás Maduro –sin aprobación del Parlamento como manda la Constitución– el cual prorroga cada 60 días; el hecho de que Maduro gobierna por decretos-leyes, tiene un control absoluto del presupuesto y recursos del país sin presentar cuentas a la población; la instalación de un gobierno de facto; la extensiva militarización; el nombramiento de autoridades de hecho con la designación del defensor del Pueblo, el contralor general y el fiscal general por la Asamblea Constituyente, al igual que los magistrados del Tribunal Supremo que se plegaron a la ANC.
Esta toma absolutista del poder ha conllevado no solo a un grave debilitamiento del estamento democrático, sino que la consecuencia fundamental ha sido la emergencia humanitaria compleja derivada del quiebre institucional: el Estado ya no está al servicio del ciudadano ni le presta servicios, solo actúa para reprimir y mantenerse en el poder; ha perdido capacidad para cubrir las necesidades básicas de la población; los ministerios y otros organismos del Ejecutivo Nacional funcionan por inercia, no hay inversión ni respuesta; la crisis es multifactorial; se ha perdido la normalidad de la vida en la sociedad venezolana, y el país sufre un indetenible éxodo masivo.
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