La convocatoria a elecciones de concejos municipales para el 9 de diciembre de este año por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) trae a colación lo que fue la eliminación de las Alcaldías Metropolitana de Caracas y del Alto Apure, puesto que en estos nuevos comicios deberían escogerse a los representantes del Cabildo Metropolitano de Caracas y del Cabildo Distrital apureño, pero no será posible por la decisión que tomó la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente (ANC) mediante un inconstitucional decreto, el 20 de diciembre de 2017.
Vale recordar que el 10 de diciembre de 2017 se realizó la elección de los alcaldes, ilegalmente separada de los concejos municipales, distritales y metropolitanos (el artículo 2.2 de la Ley de Regularización de los Períodos Constitucionales y Legales de los Poderes Públicos Estadales y Municipales dice que deben ser conjuntas), que dejó por fuera a los titulares de la Alcaldía Metropolitana de Caracas y del Alto Apure. Para ese momento se dijo que la votación de los dos últimos quedaba postergada, para luego anunciar a finales de ese mes la eliminación de dichos ayuntamientos.
Acceso a la Justicia recuerda y subraya que ambas instancias son entidades políticas constitucionalmente previstas, y aun así la Constituyente las eliminó, suprimiendo un nivel adicional de representación popular sin más. El artículo 18 constitucional, que no puede ser anulado o modificado de golpe y porrazo sin previa consulta popular y sin los procedimientos previstos en la Carta Magna, consagra expresamente que el Distrito Metropolitano de Caracas es la unidad político-territorial de la ciudad de Caracas, lo que queda completado con lo establecido en la Disposición Transitoria Primera del Texto Fundamental, que facultó a la ANC del año 1999 a regular desde una ley especial el régimen del Distrito Metropolitano de Caracas, lo que dio origen a la Alcaldía y al Cabildo Metropolitano. Posteriormente la Asamblea Nacional (AN) dictó la Ley Especial del Régimen Municipal a Dos Niveles del Área Metropolitana de Caracas del año 2009, que derogó el texto de la ANC de 1999.
En el mismo sentido, el artículo 16 y el numeral 3 de la Disposición Transitoria Tercera de la Constitución, faculta a la AN a establecer mediante ley especial un régimen especial territorial referente a los municipios José Antonio Paz y Rómulo Gallegos del estado Apure, la cual fue dictada en el año 2000 bajo el título Ley Especial que Crea el Distrito del Alto Apure.
¿Cómo quedan las necesidades de los habitantes de esos municipios?
Constituyentes como Juan Carlos Alemán y Dayana Rivera explicaron a la opinión pública e incluso a los propios trabajadores de la Alcaldía Mayor del Alto Apure las razones de la eliminación. El principal argumento fue que la misión de mejorar la calidad de vida de los habitantes no fue cumplida y que más bien se generaron espacios de burocracia para la corrupción.
No obstante lo dicho por ellos, a seis meses del decreto de la ANC vemos en el caso de la capital de la República una ciudad colapsada por falta de agua, electricidad, transporte público y un servicio deficiente de aseo urbano.
A esto se añade que para el momento del decreto constituyente la Alcaldía Metropolitana de Caracas estaba gobernada por la oposición al Gobierno (Helen Fernández encargada por el presidio de Antonio Ledezma, que luego se fue al exilio), y que el alcalde mayor de Apure, Jorge Rodríguez, estaba enfrentado con el gobernador apureño Ramón Carrizales (PSUV), lo que parece indicar que los motivos para eliminar esas instancias fueron políticos, y no precisamente porque al poder en Miraflores le preocupara las necesidades de la gente, ya que encima le quitó su derecho a elegir a sus representantes.
“Estos órganos no son un capricho de la Constitución, se concibieron para atender necesidades reales de la población, ya que fungen de coordinadoras necesarias de acuerdo a la realidad de cada sitio. En el caso de Caracas es porque hay una zona altamente poblada con muchos problemas, aunque en un espacio dividido políticamente por haber municipios del estado Miranda, pero con necesidades comunes y por ende políticas comunes para solventarlas. En el caso del Alto Apure no tanto por densidad poblacional sino porque hay un territorio muy amplio que requiere atención”, destacó la directora de Acceso a la Justicia, Laura Louza.
En el olvido parecen haber quedado también los trabajadores de ambas instituciones, puesto que se quedaron sin sustento para sus familias. En enero de este año, el Sindicato de Trabajadores de la Alcaldía Metropolitana entregó a la ANC, instancia que los dejó sin sus empleos, un documento en el que exigen se respeten los derechos laborales de 6.000 empleados. Para abril la situación no había cambiado. Aunque protestas previas a la eliminación de ambas instancias de gobierno indicaron que la falta de pago no era nada nuevo. En septiembre de 2016, quienes laboraban en la alcaldía mayor apureña (1.500 en total) llegaron a reclamar que se les adeudaba ocho meses de salarios.
¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?
Los venezolanos no podemos tener memoria corta. Cada abuso de poder del Gobierno debe ser denunciado y documentado para dejar constancia de los atropellos, porque es lo único que nos garantizará que en un futuro, que esperemos no sea muy lejano, se haga justicia y se pueda revertir la arbitrariedad.
Debemos estar alertas ante lo que pueda contener la nueva Constitución que cocina la írrita ANC y que, dado su origen ilegítimo y su accionar desde su instalación, puede constituir un retroceso en materia de derechos consagrados como el del voto. A la par, es importante alzar nuestra voz en protesta por el deterioro creciente de nuestra calidad de vida y exigir al Gobierno que cumpla con sus funciones.
